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Ignacio Ortiz Salas
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La Comisión de Hacendarios cuestionó esta tarde por qué el Gobierno eligió al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como principal acreedor para un crédito de $770 millones destinado a la ampliación del corredor vial San José-San Ramón, cuando existen otras opciones de financiamiento internacional con condiciones más favorables. El debate se concentró en dos temas críticos: la conveniencia de esta opción de crédito y la falta de expropiaciones resueltas antes de licitar la obra.
El liberacionista (PLN) Luis Fernando Mendoza y el socialcristiano (PUSC) Felipe García fueron particularmente insistentes en cuestionar la decisión. Mendoza señaló que el BCIE —con una tasa de interés de 6.25%— es el acreedor más caro del mercado, muy por encima del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 5.58%, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con 6.21%, o la Corporación Andina de Fomento (CAF) con 15% pero con términos muy distintos. «¿Por qué el BCIE y por qué no la CAF, el BID o cualquier otra?» preguntó Mendoza, recordando que él fue votante clave hace poco más de un año para el ingreso de Costa Rica a la CAF.
La pregunta adquiere relevancia en el contexto de la relación cercana del gobierno de Rodrigo Chaves con el BCIE. En abril de 2025, el presidente fue acusado formalmente por concusión en relación con un contrato de $405.800 financiado por el banco, para servicios de comunicación en Casa Presidencial. Además, el BCIE financió una cena de Estado de $30.000 en noviembre de 2024 en honor al presidente salvadoreño Nayib Bukele, a la que asistieron financistas y empresarios cercanos al presidente.
El ministerio de Hacienda, Rudolf Lücke, respondió que el BCIE es «una de las multilaterales con las que trabajamos» y que el Gobierno «hizo la tarea» de conseguir financiamiento adicional de $150 millones en euros a través del Fondo OPEP, que reduce el costo ponderado total. Sin embargo, los diputados no quedaron satisfechos con las justificaciones. García (PUSC) señaló que «no hay una respuesta clara» y que le preocupa que la administración negocie «solamente con ello” (en referencia al BCIE).
Paralelamente, los diputados expresaron inquietud por el avance de las expropiaciones. Mientras que el proyecto requiere $770 millones y señala que el 61% de las expropiaciones ya fueron aprobadas en el plan de inversión, dejando pendiente el 39%, la diputada Paulina Ramírez (PLN) cuestionó que el proyecto no incluye presupuesto específico para las expropiaciones restantes en el presupuesto ordinario de 2026. La nueva Ley de Contratación Pública exige que las expropiaciones estén resueltas antes de licitar.
El diputado José Joaquín Hernández (PLN), apoyándose en su experiencia con la carretera San Carlos, advirtió sobre la importancia crítica de resolver expropiaciones antes de adjudicar las obras. Recordó que en 2023 su comisión presupuestó 82.32 millones de colones para comprar terrenos que nunca se habían adquirido en ese proyecto, lo que permitió después la tener una licitación exitosa. Sin esa intervención para asegurar fondos desde la Asamblea Legislativa, «la empresa no podría trabajar», señaló.
La diputada Sonia Rojas (PLN) añadió que la Contraloría nunca autorizaría una licitación sin expropiaciones resueltas, pero sí la permitiría si hay un plan predial planificado con recursos ya presupuestados. Sin embargo, enfatizó que «los dineros tengan que estar a tiempo y al MOPT no le falte dinero para el pago cuando ya está todo el proceso».
El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de 55.63 kilómetros del corredor, con obras complementarias que incluyen 16 intercambiadores, 20 puentes peatonales, 8 estaciones de peaje y 110 bahías de buses. Según el proyecto de ley, la carretera San José-San Ramón registró 490 accidentes en 2023, con 30 personas fallecidas, justificando la urgencia de la intervención.
La Comisión de Hacendarios continuará analizando el proyecto, con audiencias ya convocadas para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Planificación para aclarar temas técnicos de las obras así como para dilucidar la elección del BCIE sobre otros bancos dado que el Ministerio de Hacienda se presentó a sí mismo como tramitadores y no los encargados de realizar el negocio con los respectivos bancos.
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