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Eliana Morales Gil
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La llamada “ley antibotella” pasó el primer debate. Este miércoles, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 408, que incrementa las penas a los funcionarios públicos que cobran sin trabajar.
La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado, de Vamos, contó con el respaldo de seis diputados de distintas fracciones políticas, incluido el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM).
El proyecto establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada.
La pena se agravará de ocho a diez años de prisión si la lesión patrimonial supera los $50 mil.
Inicialmente, la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate.
Información en desarrollo.
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La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado, de Vamos, contó con el respaldo de seis diputados de distintas fracciones políticas, incluido el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM).
El proyecto establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada.
La pena se agravará de ocho a diez años de prisión si la lesión patrimonial supera los $50 mil.
Inicialmente, la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate.
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