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Boris Gongora
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La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos hasta la primera semana de febrero, con el objetivo de socializar la normativa tras el rechazo de distintos sectores sociales.
El presidente de la Comisión, diputado Omar Muriel, informó que la norma será socializada mediante audiencias públicas, en las que los sectores sociales podrán exponer sus requerimientos y posiciones, a fin de construir un proyecto de ley que recoja las demandas desde las bases.
Muriel señaló que este proceso permitirá dotar al proyecto no solo de legalidad, sino también de legitimidad frente a los conflictos que se avizoran.
“Vamos a ordenar al secretario que emita una carta abierta de la Comisión dirigida a todos los sectores para organizar una agenda de audiencias públicas, que se desarrollarán entre martes y jueves, que son los días en los que los miembros de la comisión estamos en La Paz”, explicó.
Indicó que el cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero será un tiempo suficiente para escuchar a los sectores sociales y garantizar un descargo público, abierto y transparente ante los medios de comunicación.
El objetivo —según dijo— es recabar la información “suficiente y necesaria” para que la ley tenga fuerza normativa y no sea observada por ningún sector.
Lea más: Comisiones del Senado y de Diputados analizan la ley antibloqueos
Por su parte, el diputado Ricardo Rada, miembro de la Comisión, solicitó que se otorgue mandato a cada uno de los comités para que realicen audiencias públicas desde sus respectivas instancias, con el fin de socializar la norma y presentar los resultados en sesión de Comisión.
En paralelo, dos comisiones del Senado analizan otras dos propuestas de ley referidas a los bloqueos. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, explicó que las comisiones cuentan con un plazo inicial de 15 días para emitir un informe y elaborar una propuesta unificada.
En ese marco, Ávila señaló que se instruyó a las comisiones trabajar en un solo texto consensuado, con el objetivo de facilitar su posterior tratamiento legislativo.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, también se refirió al tema y aclaró que la ley antibloqueos no forma parte de la propuesta del Gobierno; sin embargo, advirtió sobre el impacto económico de los bloqueos. “Esa ley no es nuestra, no es propuesta nuestra, pero cuando el país se bloquea, el mundo no viene”, afirmó.
El jefe de bancada de Libre, diputado Rafael López, sostuvo que la ley que se debate en distintas instancias de la Asamblea no debe convertirse en un “garrote” que otorgue mayor libertad de acción a la Policía para reprimir las protestas sociales.
“Creemos que el sentido de la ley debe ser garantizar el libre tránsito por las rutas nacionales, asegurando la seguridad alimentaria y la salud. La manifestación es un derecho que tienen todos los bolivianos y todos los sectores”, manifestó el legislador.
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El presidente de la Comisión, diputado Omar Muriel, informó que la norma será socializada mediante audiencias públicas, en las que los sectores sociales podrán exponer sus requerimientos y posiciones, a fin de construir un proyecto de ley que recoja las demandas desde las bases.
Muriel señaló que este proceso permitirá dotar al proyecto no solo de legalidad, sino también de legitimidad frente a los conflictos que se avizoran.
“Vamos a ordenar al secretario que emita una carta abierta de la Comisión dirigida a todos los sectores para organizar una agenda de audiencias públicas, que se desarrollarán entre martes y jueves, que son los días en los que los miembros de la comisión estamos en La Paz”, explicó.
Indicó que el cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero será un tiempo suficiente para escuchar a los sectores sociales y garantizar un descargo público, abierto y transparente ante los medios de comunicación.
El objetivo —según dijo— es recabar la información “suficiente y necesaria” para que la ley tenga fuerza normativa y no sea observada por ningún sector.
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Por su parte, el diputado Ricardo Rada, miembro de la Comisión, solicitó que se otorgue mandato a cada uno de los comités para que realicen audiencias públicas desde sus respectivas instancias, con el fin de socializar la norma y presentar los resultados en sesión de Comisión.
En paralelo, dos comisiones del Senado analizan otras dos propuestas de ley referidas a los bloqueos. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, explicó que las comisiones cuentan con un plazo inicial de 15 días para emitir un informe y elaborar una propuesta unificada.
En ese marco, Ávila señaló que se instruyó a las comisiones trabajar en un solo texto consensuado, con el objetivo de facilitar su posterior tratamiento legislativo.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, también se refirió al tema y aclaró que la ley antibloqueos no forma parte de la propuesta del Gobierno; sin embargo, advirtió sobre el impacto económico de los bloqueos. “Esa ley no es nuestra, no es propuesta nuestra, pero cuando el país se bloquea, el mundo no viene”, afirmó.
El jefe de bancada de Libre, diputado Rafael López, sostuvo que la ley que se debate en distintas instancias de la Asamblea no debe convertirse en un “garrote” que otorgue mayor libertad de acción a la Policía para reprimir las protestas sociales.
“Creemos que el sentido de la ley debe ser garantizar el libre tránsito por las rutas nacionales, asegurando la seguridad alimentaria y la salud. La manifestación es un derecho que tienen todos los bolivianos y todos los sectores”, manifestó el legislador.
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