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Boris Gongora
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Colectivos de víctimas y acompañantes presentaron ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Olimpia, una iniciativa que busca frenar la violencia digital en Bolivia.
La propuesta apunta a que el Estado nombre, reconozca y sancione estas formas de violencia que, durante años, han sido minimizadas e invisibilizadas.
El movimiento Ley Olimpia en Bolivia está conformado por once colectivos que han trabajado de manera sostenida para visibilizar esta problemática.
Lea más: Erick es el primer sentenciado por delitos sexuales en entornos digitales
Entre ellos, destacan Ciberwarmis, el Colectivo Universitario La Themis y la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, que lideraron la presentación del proyecto con el respaldo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Solís Valencia.
La iniciativa plantea la incorporación de nuevos delitos en el marco penal boliviano. Uno de ellos es la violación a la intimidad sexual, que sanciona a quien grabe, fotografíe, altere o difunda contenido íntimo sin consentimiento, con penas de cuatro a seis años de prisión.
“Nombrar este delito es reconocer que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento no es un error ni un conflicto privado, sino una forma de violencia sexual”, señalaron desde el colectivo.
Asimismo, se propone el delito de intimidación sexual digital, que castiga a quien amenace con difundir contenido íntimo para manipular, controlar o generar daño psicológico. Las penas previstas son de dos a cuatro años de prisión, con agravantes en casos de coerción o beneficio.
El proyecto también incorpora el acoso digital, definido como la vigilancia, persecución u hostigamiento reiterado mediante medios digitales sin consentimiento, sancionado igualmente con penas de dos a cuatro años, que pueden incrementarse si la violencia trasciende al ámbito físico.
“Dedicamos esta ley a las víctimas que han confiado en nosotras y a las acompañantes que sostienen su búsqueda de justicia. Ley Olimpia es justicia, es la lucha colectiva de las colectivas. Convertimos nuestra lucha en ley”, afirmó Yesica Velarde, fundadora de Ciberwarmis e impulsora de la iniciativa en Bolivia.
La Ley Olimpia, según Velarde, se consolida así como parte de un movimiento regional que impulsa el reconocimiento de derechos, dignidad y seguridad en los espacios digitales.
El proyecto fue construido desde el territorio, con la legitimidad que otorga el respaldo de las víctimas. De forma autónoma y autogestiva, las colectivas han sostenido durante años una labor de resistencia y acompañamiento en la búsqueda de justicia.
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La propuesta apunta a que el Estado nombre, reconozca y sancione estas formas de violencia que, durante años, han sido minimizadas e invisibilizadas.
El movimiento Ley Olimpia en Bolivia está conformado por once colectivos que han trabajado de manera sostenida para visibilizar esta problemática.
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Entre ellos, destacan Ciberwarmis, el Colectivo Universitario La Themis y la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, que lideraron la presentación del proyecto con el respaldo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Solís Valencia.
La iniciativa plantea la incorporación de nuevos delitos en el marco penal boliviano. Uno de ellos es la violación a la intimidad sexual, que sanciona a quien grabe, fotografíe, altere o difunda contenido íntimo sin consentimiento, con penas de cuatro a seis años de prisión.
“Nombrar este delito es reconocer que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento no es un error ni un conflicto privado, sino una forma de violencia sexual”, señalaron desde el colectivo.
Asimismo, se propone el delito de intimidación sexual digital, que castiga a quien amenace con difundir contenido íntimo para manipular, controlar o generar daño psicológico. Las penas previstas son de dos a cuatro años de prisión, con agravantes en casos de coerción o beneficio.
El proyecto también incorpora el acoso digital, definido como la vigilancia, persecución u hostigamiento reiterado mediante medios digitales sin consentimiento, sancionado igualmente con penas de dos a cuatro años, que pueden incrementarse si la violencia trasciende al ámbito físico.
“Dedicamos esta ley a las víctimas que han confiado en nosotras y a las acompañantes que sostienen su búsqueda de justicia. Ley Olimpia es justicia, es la lucha colectiva de las colectivas. Convertimos nuestra lucha en ley”, afirmó Yesica Velarde, fundadora de Ciberwarmis e impulsora de la iniciativa en Bolivia.
La Ley Olimpia, según Velarde, se consolida así como parte de un movimiento regional que impulsa el reconocimiento de derechos, dignidad y seguridad en los espacios digitales.
El proyecto fue construido desde el territorio, con la legitimidad que otorga el respaldo de las víctimas. De forma autónoma y autogestiva, las colectivas han sostenido durante años una labor de resistencia y acompañamiento en la búsqueda de justicia.
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