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Orlando Silva
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El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida difundió un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Ambiente y Energía, al Gobierno Nacional y a entidades con competencia ambiental, hídrica, minera y de seguridad. El documento se refiere a la Resolución número MAE-MAE-2026-0005-RM, emitida el 2 de febrero de 2026, y fija observaciones sobre su alcance, su implementación y la respuesta estatal frente a la minería ilegal en la provincia de Napo.
Según el colectivo, la resolución reconoce la existencia de contaminación y afectación ambiental. A partir de ese reconocimiento, sostiene que se activan obligaciones inmediatas del Estado en prevención, cesación del daño, restauración integral y garantía de derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
El pronunciamiento señala que, en Napo, la mayoría de actividades que afectan ríos, bosques y comunidades corresponde a minería ilegal, por lo que el deber estatal de control debe mantenerse con o sin resolución administrativa.
La organización cuestiona que la resolución disponga controles cada quince días. En su criterio, esa periodicidad no responde a un fenómeno de operación diaria.
El texto plantea que el seguimiento debe ser continuo, con presencia permanente en territorio, verificación diaria, control de insumos y coordinación con la fuerza pública bajo objetivos medibles. El colectivo afirma que, al invocar los principios de prevención y precaución y reconocer contaminación por metales pesados y sustancias peligrosas, el control quincenal resulta insuficiente.
Napo Ama la Vida señala que la respuesta estatal no debe limitarse a suspensiones y decomisos. En el pronunciamiento se pide que la obligación constitucional de restauración integral se traduzca en planes de remediación con cronogramas, metas, indicadores, responsables, presupuesto, monitoreo independiente y participación comunitaria.
El colectivo vincula el daño ambiental con impactos directos en salud, alimentación, trabajo, cultura y el derecho a un ambiente sano.
El documento también observa una falta de transparencia. Indica que la resolución menciona informes técnicos y resultados de contaminación, pero que no se ha hecho público el estudio completo, su metodología, los puntos de muestreo, los parámetros ni las conclusiones integrales.
Para el colectivo, la información ambiental debe ser pública, clara y accesible, especialmente cuando existen posibles riesgos para el agua y la salud de comunidades que dependen del río para consumo, pesca y trabajo.
Finalmente, Napo Ama la Vida solicita que la provincia ingrese a un plan de emergencia ambiental con acciones extraordinarias, permanentes y coordinadas, y plantea la declaratoria de un estado de excepción focalizado para enfrentar la minería ilegal y el daño asociado.
El colectivo advierte que permanecerá vigilante frente al cumplimiento de la resolución y que activará las acciones constitucionales, administrativas e internacionales que correspondan, además de acompañar a las comunidades en la defensa del agua y el territorio.
Información extra: Napo
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Reconocimiento estatal y obligaciones inmediatas
Según el colectivo, la resolución reconoce la existencia de contaminación y afectación ambiental. A partir de ese reconocimiento, sostiene que se activan obligaciones inmediatas del Estado en prevención, cesación del daño, restauración integral y garantía de derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
El pronunciamiento señala que, en Napo, la mayoría de actividades que afectan ríos, bosques y comunidades corresponde a minería ilegal, por lo que el deber estatal de control debe mantenerse con o sin resolución administrativa.
Periodicidad de controles y presencia en territorio
La organización cuestiona que la resolución disponga controles cada quince días. En su criterio, esa periodicidad no responde a un fenómeno de operación diaria.
El texto plantea que el seguimiento debe ser continuo, con presencia permanente en territorio, verificación diaria, control de insumos y coordinación con la fuerza pública bajo objetivos medibles. El colectivo afirma que, al invocar los principios de prevención y precaución y reconocer contaminación por metales pesados y sustancias peligrosas, el control quincenal resulta insuficiente.
Restauración integral y planes verificables
Napo Ama la Vida señala que la respuesta estatal no debe limitarse a suspensiones y decomisos. En el pronunciamiento se pide que la obligación constitucional de restauración integral se traduzca en planes de remediación con cronogramas, metas, indicadores, responsables, presupuesto, monitoreo independiente y participación comunitaria.
El colectivo vincula el daño ambiental con impactos directos en salud, alimentación, trabajo, cultura y el derecho a un ambiente sano.
Transparencia de la información ambiental
El documento también observa una falta de transparencia. Indica que la resolución menciona informes técnicos y resultados de contaminación, pero que no se ha hecho público el estudio completo, su metodología, los puntos de muestreo, los parámetros ni las conclusiones integrales.
Para el colectivo, la información ambiental debe ser pública, clara y accesible, especialmente cuando existen posibles riesgos para el agua y la salud de comunidades que dependen del río para consumo, pesca y trabajo.
Pedido de medidas extraordinarias y advertencias
Finalmente, Napo Ama la Vida solicita que la provincia ingrese a un plan de emergencia ambiental con acciones extraordinarias, permanentes y coordinadas, y plantea la declaratoria de un estado de excepción focalizado para enfrentar la minería ilegal y el daño asociado.
El colectivo advierte que permanecerá vigilante frente al cumplimiento de la resolución y que activará las acciones constitucionales, administrativas e internacionales que correspondan, además de acompañar a las comunidades en la defensa del agua y el territorio.
Información extra: Napo
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