CNE inicia cancelación de Unidad Popular y Construye por incumplir mínimo de afiliados

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Giovanna Alvear

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El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio paso al proceso de cancelación de los movimientos políticos Unidad Popular y Construye. La decisión se tomó este 26 de marzo de 2026, luego de que los consejeros lograran los votos necesarios para aprobar el informe técnico que recomienda su eliminación.

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La resolución se aprobó con tres votos a favor y una abstención. Las organizaciones ahora tienen un plazo de 10 días para presentar sus pruebas de descargo. En ese tiempo podrán responder a las observaciones planteadas por el organismo electoral.

Votación y sustento legal​


Los consejeros Cristina Kronfle, José Merino y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, votaron a favor del informe. El consejero José Cabrera se abstuvo. Con esta votación, el Pleno activó formalmente el proceso administrativo contra ambas organizaciones políticas.

El CNE explicó que Unidad Popular y Construye no cumplen con el número mínimo de afiliados exigido. Según el organismo, estas agrupaciones registran menos del 50 % de adherentes requeridos para mantenerse en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

La entidad fundamentó esta medida en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia. Esta norma establece que el CNE puede cancelar a las organizaciones políticas que no cumplen con los requisitos legales relacionados con su número de afiliados o adherentes.

Intentos previos y falta de consenso​


El pleno ya intentó tratar este tema días antes, pero no logró avanzar. El viernes 20 de marzo, los consejeros se reunieron en sesión. Diana Atamaint y José Merino votaron a favor de iniciar el proceso. Sin embargo, esos votos no alcanzaron para aprobar el informe.

Un día después, el sábado 21 de marzo, el CNE convocó a una nueva sesión. Esta no se instaló por falta de quórum. Solo asistieron la presidenta Diana Atamaint y el consejero José Merino. La ausencia del resto de integrantes impidió retomar el análisis de los informes.

Estos episodios evidenciaron la falta de consenso dentro del organismo electoral. A pesar de que los informes técnicos advertían incumplimientos legales, el pleno no lograba una mayoría para avanzar. Finalmente, el 26 de marzo, los consejeros alcanzaron los votos necesarios y activaron el proceso de cancelación.


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