F
Fabiola Pomareda García
Guest
Los habitantes desalojados de la comunidad fronteriza de Chorreras, en Cutris de San Carlos, consideran que la destrucción del poblado donde vivían por parte de las autoridades fue una injusticia, ya que los culpan de los daños ambientales generados por la minería de oro ilegal en Crucitas, cuando la mayoría tenía más de 40 años de vivir en la zona como campesinos e incluso ayudaron a levantar el pueblo, del que hoy solo quedan escombros.
Uno de ellos es el líder comunitario Mario Cambronero, de 63 años, quien dijo a UNIVERSIDAD que el desalojo se hizo “por una mala investigación”. El hombre explicó que, si bien en años recientes llegó a la zona “gente que se dedicó a la cuestión de minería”, eso es algo que ellos como vecinos del pueblo no pueden controlar. Al estar Chorreras a 10 kilómetros de Crucitas, al ser “lugar de paso” y al tener acceso al río San Juan, los responsabilizan del desastre causado por la minería ilegal. “Nos metieron a todos entre un mismo baúl y todos éramos culpables”, dijo.
En julio del año pasado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y Fuerza Pública notificaron a las familias de Chorreras que tenían un mes para abandonar voluntariamente la zona, ya que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó el desalojo mediante la resolución 25-000857-306-PE, informó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Según el Minae, el desalojo se amparó en el delito de “invasión a área de protección”, ya que estas personas vivían “en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, poniendo en riesgo los ecosistemas del sitio, debido a afectaciones generadas en el lugar como: deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión sobre la fauna silvestre”, lo cual fue denunciado por el Área Conservación Arenal Huetar Norte.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por su parte, sostiene que “el caserío de Chorreras” “se ubica dentro de un área protegida invadida” y tiene una “importancia estratégica” para “las organizaciones criminales que practican la minería ilegal en Crucitas”.
El 20 de junio de 2025, la Fuerza Pública encontró una planta artesanal procesadora de material minero en una zona boscosa del sector de Chorreras. La pileta contenía una mezcla de sedimento y agua, y estaba equipada con una bomba sumergible, una planta eléctrica y una máquina tipo tómbola.
La escuela de la comunidad fue desmantelada. (Foto: Observatorio Ciudadano)
Según el Ministerio, durante el desalojo, las autoridades también descubrieron un taller con dos tómbolas, dos cilindros metálicos y nueve pichingas de aparente gasolina con aproximadamente 30 litros cada una, todo lo cual fue decomisado.
El director regional de la Fuerza Pública de la frontera norte, comandante Junier Villalta Rubí, dijo que “además de ser un punto de almacenaje y de tránsito de productos altamente tóxicos con destino a Crucitas, en Chorreras la Fuerza Pública también ha encontrado sitios donde operan centros de procesamiento de material minero, además de cuarterías ilegales que alojan a oreros nicaragüenses en condiciones insalubres”, informó el MSP en un comunicado.
El argumento del Ministerio de Seguridad Pública es que la zona era punto de acceso hacia Crucitas y un sitio estratégico para la extracción ilegal de oro, el tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, y contaminación de fuentes hídricas.
Sin embargo, Cambronero dijo no estar convencido de esos argumentos “porque la situación está igual en Crucitas”. “Ya hace dos meses nos sacaron a nosotros y la situación está igual en Crucitas o peor”.
“El día que hicimos abandono del pueblo”
A Chorreras, ubicada cerca de la margen del río San Juan, frontera con Nicaragua, se llega a través de la ruta Boca Arenal, recorriendo aproximadamente 65 kilómetros en dirección noreste.
Cambronero llegó a vivir a Chorreras en 1988 y en ese momento ya había gente viviendo en el corredor fronterizo, relató. Él compró la tierra donde se estableció a otra persona que años atrás la había comprado a un campesino que tenía un contrato de arrendamiento.
Durante las décadas de 1980 y 1990 el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) emitió contratos de arrendamiento en la zona pública inalienable de 2.000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua.
Esos contratos fueron truncados “abruptamente” en 1994, recordó Cambronero. En ese año se declaró “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo” a los terrenos comprendidos a lo largo de la frontera con Nicaragua, desde Punta Castilla, en el mar Caribe, hasta bahía Salinas, en el océano Pacífico, mediante el decreto 22.962-MIRENEM, por lo que el poblado conformado muchos años antes quedó dentro del área protegida.
A pesar de esa situación, con el paso del tiempo fueron llegando más y para el 2005 había muchos menores, por lo que Cambronero y otros padres de familia impulsaron la construcción de la escuela unidocente de Chorreras, que se fundó en el 2007.
En el 2012, durante la administración Chinchilla-Miranda, Coopelesca R.L. llevó electricidad al pueblo, y con el tiempo éste fue creciendo, contó Cambronero.
La mayoría de la gente vivía de lo poco que podían producir: frijoles, arroz, maíz, banano, tubérculos o algo de ganado. “Ahí era para la supervivencia, pues no era para negocio, apenas para sobrevivir, para la alimentación de las familias”, aclaró Cambronero.
Mario Cambronero abandonó Chorreras, el pueblo de alrededor de 200 habitantes que había ayudado a construir, el 21 de noviembre de 2025. El 25 de ese mes se ejecutó el desalojo por parte de funcionarios del Minae, de los ministerios de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración, de la Municipalidad de San Carlos y de la Fuerza Pública.
La mayoría de la gente en Chorreras vivía de lo poco que podían producir: frijoles, arroz, maíz, banano, tubérculos o algo de ganado. (Foto: Observatorio Ciudadano)
“O salen por las buenas, o por las malas”
Otro vecino de Chorreras desalojado es Freddy León, quien tenía una pulpería. Según contó, el día del desalojo las autoridades le dijeron: “O salen por las buenas, o por las malas”. “Como yo no quería abrir, me hicieron apeada la puerta a patadas”, dijo y afirmó que después le quemaron la pulpería y su vivienda.
Freddy León, de 69 años, y María Isabel Zumbado, de 62 años, llegaron a vivir a Chorreras hace 8 años; pero León ya tenía alrededor de 20 años de ser vendedor ambulante en la zona.
De acuerdo con León, en Chorreras había “mucha gente de paso”. “Ahí muy poca gente se quedaba porque ahí el fuerte es El Roble, que es donde está la mayoría de gente que va para las minas”. “La contaminación que está hablando Minae es en las minas”, agregó León, refiriéndose a Crucitas.
“Si ellos (Minae) dicen eso, ¿por qué el tiempo que estuve ahí los de Minae no se metían a la montaña ni se apeaban de los carros?, esas son las cosas que uno no entiende”, comentó sobre las denuncias de daños ambientales.
Después del desalojo, León y su esposa se fueron a vivir a Muelle de San Carlos. La casa donde vivían y los árboles de aguacate y mango que el hombre sembró alrededor de su pulpería quedaron quemados, añadió.
“Desalojados como si fueran criminales”
El abogado especialista en derecho penal Karl Villalobos aseguró que las personas desalojadas son campesinos y que el Estado en los años 70 y 80 les permitió cultivar y criar ganado en estas propiedades y construir su pueblo.
“Ahí se desarrolló una comunidad; es que no estamos hablando de precaristas, estamos hablando de una comunidad que tenía escuela, iglesia, que el Estado les dio luz (…). No es posible que unas personas que están viviendo tranquilamente, al amparo de un Estado social de derecho que en su momento los protegió, de un momento a otro sean desalojados como si fueran unos precaristas y unos criminales”, destacó Villalobos en una conferencia de prensa realizada el 22 de enero.
“¿Por qué no se analizó su situación de derechos? El decreto es del año 1994, ahí hay varias personas que tenían 10, 20 años de vivir ahí. Aquí la discusión es muy profunda. Se está destruyendo una comunidad”, agregó el abogado.
Villalobos también señaló que el desalojo no es “por delitos ambientales”, sino “por usurpación de bienes públicos”, según el expediente de la causa.
Por su parte, la activista del Observatorio Ciudadano Susan Rodríguez dijo que obviamente en la comunidad había “muchísima persona en tránsito porque esta es una frontera que está abierta, o sea, cualquier persona entra y sale; pero los pobladores de Chorreras no son las personas que van y vienen”.
Sinac: desalojo fue por cambio de uso de suelo
El argumento del Sinac es que el desalojo de los pobladores de Chorreras fue por “nuevas invasiones” y cambio de uso de suelo. Este medio consultó al Sinac por qué si el Refugio se creó en 1994, ¿recién ahora se desaloja a las personas que vivían en Chorreras? El Sinac afirmó que “porque se ha presentado un cambio de uso del suelo de 92 hectáreas en la zona de Chorreras y se ha dado nuevas invasiones en dicha área, construyendo sin ningún tipo de permiso municipal ni viabilidad ambiental”. De acuerdo con el Sinac, existe una denuncia interpuesta en la Fiscalía por la deforestación y por la contaminación de mantos acuíferos.
También se preguntó por qué si las propias autoridades han reconocido que los daños ambientales en la zona son producto de la minería ilegal en Crucitas, ¿por qué no se acusó judicialmente a los responsables de estos delitos en vez de desalojar a todos los habitantes del pueblo? Se consultó directamente si las familias desalojadas son las responsables de cometer los delitos ambientales. “Esta es una respuesta que debe brindar Fiscalía. Crucitas y Chorreras son sitios en comunidades distintas”, respondió el Sinac.
Decreto derogó actos administrativos del IDA
Desde el 11 de diciembre UNIVERSIDAD consultó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) cuántas de las personas desalojadas de Chorreras tenían contratos de arrendamiento otorgados por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y cuál fue el trámite que siguió el Inder para revocar esos contratos.
Finalmente, el 24 de enero el Inder respondió que cuando en 1994 se creó el Refugio, se derogó cualquier acto administrativo del ITCO o del IDA, por el respeto a la jerarquía de la norma y que, por la naturaleza de estos contratos, “no se generaba ningún tipo de derecho de posesión, ni expectativas de titulación, ya que los mismos eran para el aprovechamiento agrícola mientras estos se encontraran vigentes”.
El Inder aclaró que a partir de la declaratoria del Refugio, las condiciones de uso y aprovechamiento de estos terrenos quedaron sujetas estrictamente a lo establecido en la normativa aplicable y la administración de toda el área pasó a ser competencia exclusiva de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (Mirenem) —ahora Minae—.
“No se establecieron excepciones a esta disposición; en consecuencia, el IDA dejó de emitir y renovar este tipo de contratos” dentro de esa zona, expuso.
“En vista que la comunidad conocida como Chorreras se ubica dentro de dicha zona pública inalienable y, además, forma parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre declarado en 1994, no corresponde a este instituto la administración ni la atención de estos terrenos. Por tal motivo no es posible referirse a la situación jurídica de la comunidad”, declaró el Inder.
La pulpería del pueblo también desapareció. (Foto: Cortesía Mario Cambronero)
La promesa del Gobierno
En noviembre de 2023, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió papeles equivalentes a escrituras a las personas que habitaban terrenos que están dentro del “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte Costa Rica-Nicaragua”, los cuales les darían seguridad jurídica y acceso a servicios públicos y a beneficios como el bono de vivienda.
El anuncio fue hecho en la comunidad de México de Upala, donde jerarcas de varias instituciones presentaron el “Plan de Ordenamiento de las Franjas Fronterizas”.
“Es un papel, no es escritura, es un papel equivalente, es un papel con el que van a poder ir al Invu, al Banhvi y decir ‘denme caminos, denme electricidad’”, afirmó el mandatario durante la inauguración del salón comunal de México de Upala, el cual fue afectado desde 2016 por el Huracán Otto.
Se consultó al Sinac si esa promesa que se hizo era viable jurídicamente, a lo que el Sinac respondió que en la Asamblea Legislativa había un proyecto de ley para eso.
Se refiere al proyecto de “Ley para regular las comunidades establecidas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte” (Expediente 24.718).
Según anunció Presidencia el 27 de noviembre de 2024, la iniciativa “plantea una norma habilitante para iniciar la desafectación de las comunidades ubicadas; es decir, que ya no sean parte del Refugio, lo que les permitirán realizar sus actividades cotidianas, como mejoras de sus viviendas, así como actividades comerciales”.
“Todo ello a partir de estudios técnicos y ambientales que se realizan en este momento, así como su debida compensación ambiental; es decir, se adquirirán propiedades que pasarán a formar parte del Patrimonio Natural del Estado”, prometió Presidencia en un comunicado.
“Veo un cambio radical y negativo”
El líder comunal de Chorreras Mario Cambronero dijo que él no puede ratificar lo malo ni lo bueno que ocurría en la zona. “Eso solo las autoridades lo podían investigar y ellos, para no complicarse, simple y sencillamente lo que decidieron fue limpiar toda una zona”.
Sin embargo, Cambronero señaló: “Creo que ahí lo que hicieron fue limpiar el camino al narcotráfico, que de por sí, ya desde que se inició la minería, ya estaba radicado en Crucitas”.
De acuerdo con Cambronero, desde que fueron desalojados nadie puede ingresar a la zona ni tampoco ir a pescar al río San Juan “porque la policía les tapa el acceso al río y no deja ni entrar ni salir a nadie de ahí”. “Tienen la orden de que la gente no puede ingresar ahí, solo con un permiso del Sinac y va uno al final y se lo niegan”, dijo.
“Esta no es la Costa Rica en que nosotros, por lo menos yo en mis 63 años, había vivido hasta ahora. Veo un cambio radical y negativo, porque, digamos, ¿en qué parte o en qué países del mundo no son habitadas las fronteras”, preguntó”. Cambronero exclamó: “las esperanzas las tenemos primero en Dios”.
La entrada Chorreras: el pueblo fronterizo que fue sacrificado por el desastre de la minería ilegal en Crucitas aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...