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Adrián Z. Rivero
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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de Ley de Creación del Fondo Especial de Tecnología para la Seguridad Nacional (25.083) plantea un modelo de contratación que se acerca una “gestión pública poco transparente y menos eficiente”.
La iniciativa, planteada por la liberacionista Monserrat Ruiz, busca crear un Fondo para financiar y proporcionar infraestructura tecnológica avanzada a cuerpos policiales del país como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la Fuerza Pública, entre otros.
El Fondo estaría adscrito al Poder Judicial y sería administrado por un consejo integrado por el fiscal general, el director del OIJ y tres magistrados.
Además, sería financiado por un aporte único de $30 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), un aporte permanente de 10% de las utilidades del Banco Popular y un 2% de los superávits de todas las instituciones del sector público, menos las municipalidades con un presupuesto menor a ₡1.000 millones.
En cuanto a las contrataciones con recursos del Fondo, el proyecto plantea que se realicen sin aplicar la Ley General de Contratación Pública por el “carácter confidencial, urgente y crítico de las tecnologías” que se requieren. Dichas compras estarían sujetas a revisiones posteriores de la CGR, quien además es la entidad a la que se encargaría fiscalizar este Fondo.
Aunque la CGR coincidió en la necesidad de “generar discusiones sobre las inversiones estratégicas en el sector seguridad”, también hizo una serie de cuestionamientos a la forma en que se pensó la iniciativa.
Según consta en el oficio DFOE-GOB-0058, el órgano contralor señaló que existe falta de claridad sobre la personalidad jurídica que se le estaría otorgando al Fondo, “pues no se identifica cuál sujeto podrá tomar las decisiones de inversión y cuál deberá asumir la gestión del ciclo presupuestario”.
Respecto de las fuentes de financiamiento, resaltó la importancia de que los recursos asignados a Fonatel se utilicen “específicamente el financiar acceso universal, servicio universal y solidaridad en telecomunicaciones, con especial énfasis en personas de menores ingresos o con condiciones o necesidades especiales, con el fin de reducir la brecha digital”.
Además, señala que ya existen finalidades asignadas a las utilidades del Banco Popular y que un cambio en el destino del 10% de ellas requiere de una valoración del impacto que tendría en el mandato social de la entidad financiera.
De igual forma, la Contraloría señaló que, en otras ocasiones, ya ha advertido que “no resulta aconsejable” establecer que se tomen recursos de superávits por ser estos una fuente de financiamiento extraordinaria, lo cual no permite asegurar la sostenibilidad de los gastos a financiar.
Por otra parte, el órgano contralor no apoyó una eventual exclusión del régimen de contratación pública, debido a que esta ya permite declarar información como confidencial cuando sea pertinente:
“Se sugiere considerar que exclusiones genéricas e indiscriminadas se acercan más a una gestión pública poco transparente y menos eficiente ya que se anula la competencia”, dice el criterio de la CGR.
Finalmente, la entidad tampoco estuvo de acuerdo con las funciones de fiscalización que se le asignan sobre el Fondo, ya que, entre otras cosas, señala que ya tiene competencias claramente definidas respecto de la fiscalización de fondos públicos “donde además se le ha asignado independencia para el ejercicio de éstas”.
“La CGR estima que iniciativas de esta naturaleza y alcance deben someterse a un amplio debate con la participación, al menos, del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el OIJ y Fonatel, entre otras instituciones involucradas en el proyecto de ley”, culmina el documento.
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