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Senadores, principalmente del oficialismo, coincidieron este martes en que el presunto entramado de corrupción descubierto en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) debe ser investigado a fondo y sin privilegios para los implicados, incluyendo exfuncionarios del actual gobierno.
El Ministerio Público acusa a un grupo de diez personas, encabezado presuntamente por el exdirector ejecutivo de la entidad estatal, Santiago Hazim, de crear una estructura paralela de toma de decisiones para desviar fondos, manipular habilitaciones de prestadores de salud, falsificar documentos y alterar estados financieros.
Con respecto al caso, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, sostuvo que lo responsable es permitir que la justicia haga su trabajo y aplicar el debido proceso a cada imputado.
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Llamó a los funcionarios a mantener y mejorar la transparencia para evitar que casos como este sigan afectando al Estado.
El oficialista Alexis Victoria Yeb recordó que él había alertado supuestas irregularidades hace más de un año, al tiempo que dijo que es un ejemplo que el Gobierno haya permitido que la Procuraduría actúe.
Aseguró que no habrá excepciones ni trato especial. “Que caiga quien caiga”, sentenció.
De su lado, el senador Antonio Taveras reiteró el criterio de que ninguna persona vinculada al actual gobierno debe quedar al margen de la justicia si se comprueban responsabilidades.
“Todo el que robe en este gobierno tiene que ser mandado también a la justicia”, dijo.
Asimismo, la senadora Ginette Bournigal afirmó que la justicia ha actuado con firmeza en los últimos años y que cualquier funcionario que incurra en irregularidades debe enfrentar consecuencias.
Indicó que en otros tiempos estos casos no avanzaban.
Recordó que el presidente Luis Abinader ha insistido en que tiene amigos, pero no cómplices, y que la transparencia es una "línea innegociable" de su administración.
Desde la Fuerza del Pueblo, el senador Eduard Espíritusanto coincidió en que el proceso debe llegar hasta las últimas consecuencias.
También consideró que no puede haber tolerancia en casos que involucren la salud pública.
“No se puede jugar con la salud de los dominicanos, este caso es una completa vergüenza”, expresó.
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El Ministerio Público acusa a un grupo de diez personas, encabezado presuntamente por el exdirector ejecutivo de la entidad estatal, Santiago Hazim, de crear una estructura paralela de toma de decisiones para desviar fondos, manipular habilitaciones de prestadores de salud, falsificar documentos y alterar estados financieros.
Con respecto al caso, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, sostuvo que lo responsable es permitir que la justicia haga su trabajo y aplicar el debido proceso a cada imputado.
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Llamó a los funcionarios a mantener y mejorar la transparencia para evitar que casos como este sigan afectando al Estado.
- “Aquel que cometió algún error, que pague”, señaló.
El oficialista Alexis Victoria Yeb recordó que él había alertado supuestas irregularidades hace más de un año, al tiempo que dijo que es un ejemplo que el Gobierno haya permitido que la Procuraduría actúe.
Aseguró que no habrá excepciones ni trato especial. “Que caiga quien caiga”, sentenció.
De su lado, el senador Antonio Taveras reiteró el criterio de que ninguna persona vinculada al actual gobierno debe quedar al margen de la justicia si se comprueban responsabilidades.
“Todo el que robe en este gobierno tiene que ser mandado también a la justicia”, dijo.
Asimismo, la senadora Ginette Bournigal afirmó que la justicia ha actuado con firmeza en los últimos años y que cualquier funcionario que incurra en irregularidades debe enfrentar consecuencias.
Indicó que en otros tiempos estos casos no avanzaban.
Sin vacas sagradas
- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que el mensaje del caso es claro, no habrá “vacas sagradas”.
Recordó que el presidente Luis Abinader ha insistido en que tiene amigos, pero no cómplices, y que la transparencia es una "línea innegociable" de su administración.
La oposición también pide justicia
Desde la Fuerza del Pueblo, el senador Eduard Espíritusanto coincidió en que el proceso debe llegar hasta las últimas consecuencias.
También consideró que no puede haber tolerancia en casos que involucren la salud pública.
“No se puede jugar con la salud de los dominicanos, este caso es una completa vergüenza”, expresó.
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