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Jenny Martínez
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Un crimen de Estado contra el pasado y el futuro
Lo que ocurre con el Seguro Social en Ecuador no es una crisis administrativa; es un atentado penal premeditado. Mientras el Ministerio del Trabajo se pierde en reglamentos de horarios, la Inspectoría del Trabajo incurre en una omisión criminal al permitir la evasión masiva de aportaciones. El Estado viola sistemáticamente el Art. 370 de la Constitución, que le obliga a ser subsidiario y garantizar la sostenibilidad de los fondos de pensiones y salud, no su verdugo financiero.
Para los pensionistas de la tercera edad, este robo es una sentencia de muerte lenta. El Estado vulnera el Art. 37 de la CRE, que garantiza una atención de salud especializada y gratuita para los adultos mayores. Al usar el IESS como caja chica, les arrebata la dignidad y la medicina, convirtiendo su jubilación en una carrera contra la precariedad.
Para los futuros pensionistas, el sistema es hoy una estafa avalada por la negligencia. El Art. 244 del COIP tipifica claramente la falta de afiliación al IESS como un delito, sancionando al empleador que no afilie a sus trabajadores en el tiempo legal. Sin embargo, ante una autoridad sorda que no sanciona, los jóvenes aportan a un fondo que el Estado “canibaliza” diariamente. El mensaje es nefasto: se financia un espejismo mientras los responsables de la recaudación miran a otro lado.
El Estado no puede seguir siendo juez, parte y deudor. Permitir que quien debe miles de millones administre los ahorros de salud y vejez es entregarle las llaves del banco al ladrón. Esta gestión negligente podría encajar incluso en el peculado (Art. 278 COIP), cuando se disponen arbitrariamente de fondos públicos o de la seguridad social para fines distintos a los de la ley.
La solución exige una auditoría internacional feroz y procesos penales contra los funcionarios que, por omisión, permiten este desfalco. Si no se expulsa la política del IESS y no se encarcela a quienes permiten la evasión masiva, el sistema no morirá por causas naturales: será asesinado por un Estado que ha decidido sacrificar a sus ancianos y estafar a sus jóvenes bajo el manto de la impunidad.
Carlos Eduardo Bustamante Salvador
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