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Fabiola Pomareda García
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Un campesino mostró el desalojo realizado hoy por las autoridades en Finca Río San Juan, en Chorreras, donde su padre, un finquero adulto mayor de nombre Óscar Rojas, tuvo que abandonar la finca donde tenía su ganado desde hace 25 años, como parte de las acciones que ejecuta el Ejecutivo en la milla fronteriza, en la frontera con Nicaragua.
A raíz del testimonio, que ha circulado mediante un video en redes sociales, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Geison Valverde criticó fuertemente a la administración Chaves Robles por los “desalojos forzosos que se están ejecutando en la milla fronteriza”.
En el video se puede ver a Rojas, su hijo y otro hombre a caballo, bajo la llovizna, arreando un hato de alrededor de 16 vacas por un camino de lastre enlodado, con pastizales y pequeños árboles a ambos lados.
“Casi 25 años de estar aquí en esta zona y hoy me tiran afuera como cualquier delincuente, como cualquier perro. He sido un ganadero que todo el tiempo me he dedicado a ello. Lo que tengo es un corral y una media casuchilla ahí donde comparto para trabajar el ganado”, dice Rojas, de 70 años, entre lágrimas. “Un esfuerzo que tengo de tantísimos años”.
“Ahí está, esas son las lágrimas de mi papá, un señor de 70 años, quebrado”, dice su hijo en el video. “Esto es lo que quieren, ver al sector agro quebrado”. “Así se despide uno de una finca, sacando el ganado, como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos narcotraficantes. Gente honrada, gente de bien”, señala el campesino.
La franja fronteriza es la zona de terreno de dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá. Esas tierras son propiedad del Estado costarricense y no pueden ser adquiridas de forma privada.
La comunidad de Chorreras está ubicada en la franja fronteriza norte y dentro del “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo”. Durante años se desarrolló como cualquier otra comunidad rural, con una iglesia, escuela y servicios públicos. Las familias que viven aquí fueron notificadas de desalojo en julio. Alegan que la mayoría tiene muchos años de vivir en el sitio y se les está culpando injustamente por el problema causado por la extracción ilegal del oro en Crucitas.
Minae justifica que “la mayoría” son coligalleros ilegales
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) informó ayer que el operativo de desalojo se realizó en cumplimiento de una resolución judicial y que la mayoría de personas desalojadas se dedicaban a la minería ilegal.
Según el Minae, el operativo se realizó entre los ministerios de Seguridad Pública, Ambiente y Energía, Salud, la Municipalidad de San Carlos, el Poder Judicial, la Policía Profesional de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en cumplimiento de la Resolución 25-000857-306-PE del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela.
“Se procedió al retiro de las personas ilegales que permanecían en el lugar; la mayoría de ellos dedicados a la minería ilegal y a la demolición de las estructuras levantadas, sin autorización. Cabe resaltar que, según datos de Seguridad Pública, esta es una zona cargada de ocupaciones irregulares, que funge como puerta ancha de acceso a Vivoyet (Crucitas) y es el acceso principal, a los delitos como: extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, presión sobre la fauna silvestre y la habilitación de actividades no autorizadas, incluyendo comercio informal y movimientos transfronterizos sin control”, se lee en el comunicado del Minae.
“Las acciones se realizaron una vez vencido el plazo de 2 meses otorgado por el Tribunal a 73 viviendas habitadas por coligalleros ilegales que ingresaron este año en su mayoría. La orden fue notificada el pasado 17 de julio, en la cual se les instaba a abandonar voluntariamente el sitio por encontrarse en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, considerada de alta fragilidad ambiental”, afirmó el Minae.
“Son campesinos y ganaderos”
El diputado Geison Valverde, por su parte, denunció que “el Gobierno pretende lavarse las manos escudándose en que se trata simplemente de una orden judicial, pero oculta, de manera deliberada, que fue uno de sus propios Ministerios el que presentó la denuncia y solicitó la acción que hoy expulsa a familias campesinas de sus tierras”.
Valverde recalcó que estas familias “no son invasores, ni oportunistas, ni criminales”. “Son campesinos y ganaderos que han vivido y trabajado estas tierras por décadas, generando producción, empleo, seguridad alimentaria y estabilidad en la frontera”, señaló.
“Lo que vimos, un ganadero llorando al ser expulsado de la finca donde trabajó toda su vida, evidencia la absoluta insensibilidad del Gobierno hacia el campo y el desmantelamiento de cualquier política social en la zona rural”, añadió el legislador.
Valverde exigió detener de inmediato los desalojos y abrir un diálogo real con las comunidades. “La frontera no puede ser tierra de nadie ni botín político para quienes están en el poder. Necesitamos un Gobierno que esté del lado de la gente, no uno que esconda sus acciones detrás de los tribunales para justificar atropellos”.
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