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Daniel Zenteno
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La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) expresó su compromiso con el bienestar económico y social del país y manifestó su disposición permanente a contribuir a la formulación de políticas públicas responsables y sostenibles.
En ese marco, y tras la emisión del Decreto Supremo 5503, el sector solicitó al Gobierno la aprobación de un decreto específico de reajuste de precios, presentado oportunamente por la institución.
Caboco reconoció los esfuerzos del Estado para enfrentar la compleja coyuntura económica; sin embargo, señaló que las medidas adoptadas no reflejan plenamente la realidad económica y operativa que atraviesan actualmente las empresas constructoras, las cuales enfrentan un incremento significativo de costos que pone en riesgo la continuidad de obras públicas y privadas.
La entidad advirtió que, sin una adecuación de los presupuestos contractuales, resulta materialmente imposible continuar con la ejecución de varios proyectos. En ese contexto, solicitó una paralización consensuada de obras, acordada con el Estado y sin la aplicación de multas ni sanciones a los contratistas.
Asimismo, Caboco pidió la suspensión inmediata de procesos coactivos, embargos, retenciones bancarias y ejecuciones tributarias por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional y administraciones tributarias municipales, al considerar que estas medidas comprometen de manera crítica la liquidez de las empresas del sector.
Otro de los planteamientos es la detención temporal de las licitaciones públicas en curso, hasta que los precios referenciales y las condiciones contractuales sean actualizadas de acuerdo con la nueva realidad económica generada tras el ajuste.
Además, la Cámara reiteró su pedido de aprobación del Decreto Supremo de Emergencia de Reajuste de Precios como una herramienta clave para dar soluciones estructurales al sector de la construcción, y ratificó su apertura al diálogo y a participar en mesas técnicas que permitan arribar a salidas equilibradas y sostenibles en beneficio del país.
El gremio ya había advertido al gobierno anterior la complicada situación del sector constructor, afectado por el tipo de cambio inestable del dólar paralelo, que llegó en algunos meses de 2025 hasta Bs 20, y por la escasez constante de combustible.
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En ese marco, y tras la emisión del Decreto Supremo 5503, el sector solicitó al Gobierno la aprobación de un decreto específico de reajuste de precios, presentado oportunamente por la institución.
Caboco reconoció los esfuerzos del Estado para enfrentar la compleja coyuntura económica; sin embargo, señaló que las medidas adoptadas no reflejan plenamente la realidad económica y operativa que atraviesan actualmente las empresas constructoras, las cuales enfrentan un incremento significativo de costos que pone en riesgo la continuidad de obras públicas y privadas.
Caboco
La entidad advirtió que, sin una adecuación de los presupuestos contractuales, resulta materialmente imposible continuar con la ejecución de varios proyectos. En ese contexto, solicitó una paralización consensuada de obras, acordada con el Estado y sin la aplicación de multas ni sanciones a los contratistas.
Asimismo, Caboco pidió la suspensión inmediata de procesos coactivos, embargos, retenciones bancarias y ejecuciones tributarias por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional y administraciones tributarias municipales, al considerar que estas medidas comprometen de manera crítica la liquidez de las empresas del sector.
Otro de los planteamientos es la detención temporal de las licitaciones públicas en curso, hasta que los precios referenciales y las condiciones contractuales sean actualizadas de acuerdo con la nueva realidad económica generada tras el ajuste.
Además, la Cámara reiteró su pedido de aprobación del Decreto Supremo de Emergencia de Reajuste de Precios como una herramienta clave para dar soluciones estructurales al sector de la construcción, y ratificó su apertura al diálogo y a participar en mesas técnicas que permitan arribar a salidas equilibradas y sostenibles en beneficio del país.
El gremio ya había advertido al gobierno anterior la complicada situación del sector constructor, afectado por el tipo de cambio inestable del dólar paralelo, que llegó en algunos meses de 2025 hasta Bs 20, y por la escasez constante de combustible.
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