O
Olga de Obaldia
Guest
Es tentador, no se puede negar. Desconectarse ante la ráfaga abrumadora de anuncios y acciones del gobierno, que recientemente ha ido creando una acumulación de temas vitales para el país y que, en una democracia funcional, requeriría que múltiples actores y sectores lograran responder con eficacia y fijar agenda en los temas que les afectan, haciendo balance y contrapeso al poder. Pero este tsunami de temas, que solo se resuelve por la vía política, genera la reacción casi contraria en la ciudadanía: de la niña a la abuelita preferimos estar, como diría Pink Floyd, comfortably numb.
Y sí, no hay muchas respuestas, pero hay muchas preguntas. Comenzando por: ¿Seguimos teniendo en Panamá un Estado de Derecho o solo conservamos su cáscara retórica? La erosión progresiva de los contrapesos institucionales, la búsqueda de fórmulas con apariencia de legalidad que burlan al Poder Judicial, la creciente desestimación del periodismo veraz y responsable y de la participación de sectores no gubernamentales, que va al corazón del ejercicio de las libertades fundamentales, son grietas graves en una democracia cuya única institución funcional es la electoral, la capacidad de celebrar elecciones en las que la ciudadanía aún confía.
El Estado de Derecho no es un eslogan de campaña ni una dádiva del gobernante de turno: en una democracia, el que gana las elecciones entra en un contrato que implica la autolimitación del poder; y nuestra Constitución contiene en su diseño la limitación horizontal del mismo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Coloca, además, los derechos fundamentales por encima de la conveniencia política. ¿Entienden hoy nuestros gobernantes que la legalidad no es un obstáculo, sino la condición misma de la legitimidad? ¿Entiende esa mayoría de diputados que el 1 de julio pasado renunciaron a su rol de contrapeso del Ejecutivo que traicionan el mandato del electorado y lo que la Constitución les indica que es su rol?
Los hechos sobre la legalidad en el ejercicio del poder alarman. Algunos ejemplos, entre muchos: la Corte Suprema anuló el contrato con Minera Panamá por no haber licitación ni respeto a la ley especial. ¿Por qué el Ejecutivo insiste en repetir el pecado original de todo el entramado? La Constitución exige que las concesiones se den “según la ley“, con licitación, sin privilegios y protegiendo el ambiente. Peor aún: tras anular el contrato, nuevos decretos ejecutivos permiten exportar el cobre ya extraído y reactivar la termoeléctrica de carbón, alegando que “no implica reactivación minera”. ¿Puede un decreto ejecutivo revivir una concesión ya extinguida sin reabrir el debate judicial? ¿No estamos dejando que lo “logístico” sustituya al derecho en la jerarquía de las leyes de la República?
La erosión de la legalidad no es solo minera. Tras la escandalosa fuga histórica de reos, se envían detenidos a Coiba, isla que la Ley 44 de 2004 convirtió en Parque Nacional una vez terminado su uso penal. Si ese uso terminó, ¿no quedan esas instalaciones bajo el régimen del parque? El Presidente dice que la base está fuera de él, pero ¿puede una declaración política o un decreto desplazar una delimitación legal sin probarlo?
La erosión también ha venido de la mano del argumento de la seguridad por encima de la legalidad. Lo vemos en las contrataciones públicas. La opacidad en los beneficiarios finales, los verdaderos dueños de las empresas contratistas del Estado, es un criterio que está siendo aplicado hoy en día, no solo en la DGCP, sino también en el Minseg. Los ocho contratos en materia de seguridad declarados secretos ¿no plantean acaso una falsa dicotomía entre seguridad y transparencia, como si fueran las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen más alternativas que permiten la verdadera fiscalización de los fondos públicos, que por ley debe darse?
Pensar en el diseño y el ejercicio del Estado de Derecho que tenemos hoy, o en la cáscara retórica, me lleva inevitablemente a lo que Guillermo O’Donnell decía sobre el peligro intrínseco de las democracias delegativas: el presidente que gana las elecciones cree que puede gobernar a su antojo, sin más límite que el tiempo que dura su mandato. Se ve a sí mismo como la encarnación del país, así que el Congreso y los tribunales dejan de ser frenos legítimos y pasan a ser simples estorbos. Las elecciones funcionan bien, pero los controles que deberían vigilar al poder quedan débiles o se ignoran por completo. ¿Nos vemos en este modelo? ¿No somos testigos acaso de la gran contradicción de un gobierno que promueve una reforma constitucional por fuera de las vías legales que contiene la propia Constitución? Obvio, aquí los argumentos en pro y en contra son ad infinitum.
Y la gran pregunta para todos: ¿seguiremos como ciudadanía cómodamente entumecidos, al estilo de Pink Floyd?
La autora es abogada y de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).
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Y sí, no hay muchas respuestas, pero hay muchas preguntas. Comenzando por: ¿Seguimos teniendo en Panamá un Estado de Derecho o solo conservamos su cáscara retórica? La erosión progresiva de los contrapesos institucionales, la búsqueda de fórmulas con apariencia de legalidad que burlan al Poder Judicial, la creciente desestimación del periodismo veraz y responsable y de la participación de sectores no gubernamentales, que va al corazón del ejercicio de las libertades fundamentales, son grietas graves en una democracia cuya única institución funcional es la electoral, la capacidad de celebrar elecciones en las que la ciudadanía aún confía.
El Estado de Derecho no es un eslogan de campaña ni una dádiva del gobernante de turno: en una democracia, el que gana las elecciones entra en un contrato que implica la autolimitación del poder; y nuestra Constitución contiene en su diseño la limitación horizontal del mismo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Coloca, además, los derechos fundamentales por encima de la conveniencia política. ¿Entienden hoy nuestros gobernantes que la legalidad no es un obstáculo, sino la condición misma de la legitimidad? ¿Entiende esa mayoría de diputados que el 1 de julio pasado renunciaron a su rol de contrapeso del Ejecutivo que traicionan el mandato del electorado y lo que la Constitución les indica que es su rol?
Los hechos sobre la legalidad en el ejercicio del poder alarman. Algunos ejemplos, entre muchos: la Corte Suprema anuló el contrato con Minera Panamá por no haber licitación ni respeto a la ley especial. ¿Por qué el Ejecutivo insiste en repetir el pecado original de todo el entramado? La Constitución exige que las concesiones se den “según la ley“, con licitación, sin privilegios y protegiendo el ambiente. Peor aún: tras anular el contrato, nuevos decretos ejecutivos permiten exportar el cobre ya extraído y reactivar la termoeléctrica de carbón, alegando que “no implica reactivación minera”. ¿Puede un decreto ejecutivo revivir una concesión ya extinguida sin reabrir el debate judicial? ¿No estamos dejando que lo “logístico” sustituya al derecho en la jerarquía de las leyes de la República?
La erosión de la legalidad no es solo minera. Tras la escandalosa fuga histórica de reos, se envían detenidos a Coiba, isla que la Ley 44 de 2004 convirtió en Parque Nacional una vez terminado su uso penal. Si ese uso terminó, ¿no quedan esas instalaciones bajo el régimen del parque? El Presidente dice que la base está fuera de él, pero ¿puede una declaración política o un decreto desplazar una delimitación legal sin probarlo?
La erosión también ha venido de la mano del argumento de la seguridad por encima de la legalidad. Lo vemos en las contrataciones públicas. La opacidad en los beneficiarios finales, los verdaderos dueños de las empresas contratistas del Estado, es un criterio que está siendo aplicado hoy en día, no solo en la DGCP, sino también en el Minseg. Los ocho contratos en materia de seguridad declarados secretos ¿no plantean acaso una falsa dicotomía entre seguridad y transparencia, como si fueran las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen más alternativas que permiten la verdadera fiscalización de los fondos públicos, que por ley debe darse?
Pensar en el diseño y el ejercicio del Estado de Derecho que tenemos hoy, o en la cáscara retórica, me lleva inevitablemente a lo que Guillermo O’Donnell decía sobre el peligro intrínseco de las democracias delegativas: el presidente que gana las elecciones cree que puede gobernar a su antojo, sin más límite que el tiempo que dura su mandato. Se ve a sí mismo como la encarnación del país, así que el Congreso y los tribunales dejan de ser frenos legítimos y pasan a ser simples estorbos. Las elecciones funcionan bien, pero los controles que deberían vigilar al poder quedan débiles o se ignoran por completo. ¿Nos vemos en este modelo? ¿No somos testigos acaso de la gran contradicción de un gobierno que promueve una reforma constitucional por fuera de las vías legales que contiene la propia Constitución? Obvio, aquí los argumentos en pro y en contra son ad infinitum.
Y la gran pregunta para todos: ¿seguiremos como ciudadanía cómodamente entumecidos, al estilo de Pink Floyd?
La autora es abogada y de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).
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