L
Lolo Echeverría
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La presidenta subrogante del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, no ha podido posesionarse debido a una aparente maquinación en la que han participado: el gobierno a través del SRI y del Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia. Se inició con un informe de impedimento para ejercer cargo público por incumplimiento en el pago de impuestos.
Esta semana una juez constitucional le dio al Ministro del Trabajo un plazo de 24 horas para que rectifique los datos del impedimento, pero el ministerio no acató el mandato judicial que se supone de cumplimiento inmediato. Todos los participantes en el caso han ignorado el fallo judicial.
El ministro Burbano endosa toda la responsabilidad al Servicio de Rentas. Dice que le notificó al Ministerio que la señora tiene un impedimento para ejercer cargo público y el mismo día emitió un certificado asegurando que no tiene un impedimento en el SRI; y añadió: le preguntamos al ente formal, nos responde que sí tiene obligaciones pendientes.
El ministerio y el Servicio de Rentas hacen un ovillo de enredos con notificaciones, certificados, contradicciones, preguntas y repreguntas. El ministro Harold Burbano le da más valor a la respuesta que todavía espera del Servicio de Rentas que al fallo judicial de cumplimiento inmediato.
Para esto buscan los gobiernos el control de la justicia, para que los organismos y los funcionarios sean obedientes y conviertan en ley los deseos del poder. Poco a poco, con mecanismos estrafalarios como el descrito, se van llenando los organismos de control de funcionarios sumisos dispuestos a burlar la ley.
Las pocas voces que llaman la atención, advierten y reclaman a las autoridades, no hacen mella en funcionarios altaneros que todo califican como estrategia política de oposición. Los autoritarismos comienzan así y van escalando hasta que la democracia se desvanece.
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Esta semana una juez constitucional le dio al Ministro del Trabajo un plazo de 24 horas para que rectifique los datos del impedimento, pero el ministerio no acató el mandato judicial que se supone de cumplimiento inmediato. Todos los participantes en el caso han ignorado el fallo judicial.
El ministro Burbano endosa toda la responsabilidad al Servicio de Rentas. Dice que le notificó al Ministerio que la señora tiene un impedimento para ejercer cargo público y el mismo día emitió un certificado asegurando que no tiene un impedimento en el SRI; y añadió: le preguntamos al ente formal, nos responde que sí tiene obligaciones pendientes.
El ministerio y el Servicio de Rentas hacen un ovillo de enredos con notificaciones, certificados, contradicciones, preguntas y repreguntas. El ministro Harold Burbano le da más valor a la respuesta que todavía espera del Servicio de Rentas que al fallo judicial de cumplimiento inmediato.
Para esto buscan los gobiernos el control de la justicia, para que los organismos y los funcionarios sean obedientes y conviertan en ley los deseos del poder. Poco a poco, con mecanismos estrafalarios como el descrito, se van llenando los organismos de control de funcionarios sumisos dispuestos a burlar la ley.
Las pocas voces que llaman la atención, advierten y reclaman a las autoridades, no hacen mella en funcionarios altaneros que todo califican como estrategia política de oposición. Los autoritarismos comienzan así y van escalando hasta que la democracia se desvanece.
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