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Gerardo Villacreces Carbo
Guest
El 4 de febrero de 2024, Nayib Bukele fue reelegido con el 84,65% de los votos y su partido obtuvo 54 de 60 escaños legislativos. La reelección fue constitucionalmente discutible, ya que nació de una interpretación permisiva y de una Corte cercana al poder. Pero, cuando una mayoría de ciudadanos siente que se recuperó la vida y la seguridad, prefiere mirar con menos severidad el método.
Eso no subsana la herida constitucional, sino que la cubre de votos libres y voluntarios. Bukele no convenció con teoría democrática, sino con un método concreto, el mismo que consistió en avanzar sin pedir permiso al miedo. Antes de su ofensiva contra las pandillas, muchas zonas de El Salvador vivían bajo soberanía criminal. La extorsión era un impuesto, la amenaza era la ley y la frontera del barrio podía ser el cementerio.
El régimen de excepción tuvo un costo severo: suspensión de garantías, capturas masivas, denuncias de abusos, debilitamiento de controles y presión sobre voces críticas. Nada de eso debe banalizarse. Un Estado que encarcela sin filtros suficientes, por más que tenga buena intención, corre el riesgo de terminar pareciéndose, bajo aplausos, al poder arbitrario que dice combatir.
Pero el respaldo persiste porque la población percibe resultados, así vemos homicidios desplomados, calles recuperadas y vida cotidiana mucho más tranquila y por ende menos sitiada. Para muchos salvadoreños, la pregunta mayor ya no es si el modelo es impecable, sino si el país dejó de vivir arrodillado ante las maras.
Ecuador debería mirar esa realidad sin fanatismo ni soberbia. La excepcionalidad no es ilegítima por sí misma. Hay momentos en que el Estado debe actuar con energía superior a la rutina, sobre todo cuando el crimen organizado avanza y captura territorios, se infiltra en instituciones y convierte la libertad y seguridad ciudadana en una promesa rota. La excepción puede ser necesaria, incluso positiva, si salva vidas, recupera tranquilidad y restituye la paz.
El cuestionamiento surge cuando la excepción deja de ser un puente temporal y se convierte en una constante política. Daniel Noboa ha gobernado buena parte de la crisis bajo estados de excepción, militarización, toques de queda y lenguaje de guerra interna. También pidió sacrificios: desde abril de 2024 el IVA subió del 12% al 15% para financiar la seguridad. A ello se suma la tensión comercial con Colombia, con aranceles de ida y vuelta que golpean producción, comercio y precios. La seguridad empezó a sentirse entonces, también en el bolsillo familiar.
La diferencia con Bukele no está solo en la dureza. Está en la eficacia percibida. En El Salvador, una mayoría identificó un antes y un después. En Ecuador, algunos ciudadanos sienten que pagan más, se mueven menos, viven con más controles y no reciben todavía una tranquilidad equivalente. Allí es cuando se cuestiona la excepcionalidad.
La ciudadanía puede admitir medidas duras si advierte que el Estado recupera terreno. Lo que no acepta indefinidamente es financiar una guerra interna que no se traduce en seguridad aceptable. La autoridad no se mide solo por decretos, capturas importantes y allanamientos relevantes, sino por el miedo que realmente se retira de las calles y de la vida diaria.
El Gobierno aún tiene margen para rectificar. No se trata de abandonar la firmeza, sino de ordenarla: inteligencia antes que espectáculo, cárceles bajo control, justicia funcional, depuración institucional, frontera sensata y cuentas claras sobre cada dólar que se pide. También convendría separar los choques políticos con el vecino del norte de los intereses económicos de ciudadanos y empresas.
Bukele deja una lección de análisis político para América Latina: los pueblos pueden tolerar la excepción cuando ésta les devuelve la normalidad y tranquilidad, esto es sacrificar ciertas libertades a cambio de seguridad. Noboa enfrenta la parte más exigente de esa regla, de su gobierno y de su eventual interés en su reelección, convertir el sacrificio en alivio visible y sostenible.
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Eso no subsana la herida constitucional, sino que la cubre de votos libres y voluntarios. Bukele no convenció con teoría democrática, sino con un método concreto, el mismo que consistió en avanzar sin pedir permiso al miedo. Antes de su ofensiva contra las pandillas, muchas zonas de El Salvador vivían bajo soberanía criminal. La extorsión era un impuesto, la amenaza era la ley y la frontera del barrio podía ser el cementerio.
El régimen de excepción tuvo un costo severo: suspensión de garantías, capturas masivas, denuncias de abusos, debilitamiento de controles y presión sobre voces críticas. Nada de eso debe banalizarse. Un Estado que encarcela sin filtros suficientes, por más que tenga buena intención, corre el riesgo de terminar pareciéndose, bajo aplausos, al poder arbitrario que dice combatir.
Pero el respaldo persiste porque la población percibe resultados, así vemos homicidios desplomados, calles recuperadas y vida cotidiana mucho más tranquila y por ende menos sitiada. Para muchos salvadoreños, la pregunta mayor ya no es si el modelo es impecable, sino si el país dejó de vivir arrodillado ante las maras.
Ecuador debería mirar esa realidad sin fanatismo ni soberbia. La excepcionalidad no es ilegítima por sí misma. Hay momentos en que el Estado debe actuar con energía superior a la rutina, sobre todo cuando el crimen organizado avanza y captura territorios, se infiltra en instituciones y convierte la libertad y seguridad ciudadana en una promesa rota. La excepción puede ser necesaria, incluso positiva, si salva vidas, recupera tranquilidad y restituye la paz.
El cuestionamiento surge cuando la excepción deja de ser un puente temporal y se convierte en una constante política. Daniel Noboa ha gobernado buena parte de la crisis bajo estados de excepción, militarización, toques de queda y lenguaje de guerra interna. También pidió sacrificios: desde abril de 2024 el IVA subió del 12% al 15% para financiar la seguridad. A ello se suma la tensión comercial con Colombia, con aranceles de ida y vuelta que golpean producción, comercio y precios. La seguridad empezó a sentirse entonces, también en el bolsillo familiar.
La diferencia con Bukele no está solo en la dureza. Está en la eficacia percibida. En El Salvador, una mayoría identificó un antes y un después. En Ecuador, algunos ciudadanos sienten que pagan más, se mueven menos, viven con más controles y no reciben todavía una tranquilidad equivalente. Allí es cuando se cuestiona la excepcionalidad.
La ciudadanía puede admitir medidas duras si advierte que el Estado recupera terreno. Lo que no acepta indefinidamente es financiar una guerra interna que no se traduce en seguridad aceptable. La autoridad no se mide solo por decretos, capturas importantes y allanamientos relevantes, sino por el miedo que realmente se retira de las calles y de la vida diaria.
El Gobierno aún tiene margen para rectificar. No se trata de abandonar la firmeza, sino de ordenarla: inteligencia antes que espectáculo, cárceles bajo control, justicia funcional, depuración institucional, frontera sensata y cuentas claras sobre cada dólar que se pide. También convendría separar los choques políticos con el vecino del norte de los intereses económicos de ciudadanos y empresas.
Bukele deja una lección de análisis político para América Latina: los pueblos pueden tolerar la excepción cuando ésta les devuelve la normalidad y tranquilidad, esto es sacrificar ciertas libertades a cambio de seguridad. Noboa enfrenta la parte más exigente de esa regla, de su gobierno y de su eventual interés en su reelección, convertir el sacrificio en alivio visible y sostenible.
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