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Mario Bermúdez Vives
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A pesar de que el respaldo de estos mecanismos viene a la baja en varios renglones, los bonos de la deuda política crecieron un 48% en la actual campaña electoral, el mayor crecimiento de los últimos cinco procesos.
La emisión de bonos de cesión de derechos de la contribución del Estado a los partidos políticos, conocidos también como bonos de deuda política, pasó de ₡47.980 millones en la campaña del 2022 a ₡71.317 millones, según el corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al 26 de enero.
Se trata del mayor aumento desde que el TSE lleva un registro acumulado de estos mecanismos de financiamiento electoral, desde el 2010 (ver gráfico). El 48,6% provisional de este 2026 —partidos políticos no han remitido liquidaciones definitivas al TSE— ya superó el 46,4% del anterior proceso electoral.
Este crecimiento sostenido contrasta con un respaldo cada vez menor. De inicio, los montos de las emisiones de los partidos políticos superan en gran medida el monto total disponible de la contribución estatal, de ₡15.305 millones en el 2010 a ₡28.190 millones en el 2022, y para este 2026, los datos provisionales muestran un déficit aún mayor, por encima de los ₡30 mil millones. De momento, las cifras en rojo van por ₡32.025 millones (ver gráfico).
Pero se trata de una diferencia que puede ser mucho mayor. Debe recordarse que el monto de la deuda política, que para el actual proceso se definió en ₡39.292 millones, no necesariamente será distribuido en su totalidad entre los partidos políticos, ya que algunos no tienen derecho a esta contribución por no alcanzar los requisitos —votación de 4% en su escala, sea nacional o provincial, o elección de al menos un diputado— e incluso entre quienes alcanzan una cuota, puede que no logren la aprobación del monto total.
De hecho, en las últimas cuatro campañas, aunque el monto de contribución estatal varió de ₡17.175 millones en el 2010 a ₡19.790 millones en el 2022, la deuda que el TSE aprobó a partidos osciló entre ₡13.549 millones, a ₡10.756 en ese período. (ver gráfico).
Esto generó que los montos aprobados por deuda política pasaron de representar un 40% de las emisiones de deuda en el 2010, a apenas un 22% en el 2026. En resumen, la contribución solo permitía cubrir uno de cada cuatro colones de las emisiones de bonos. (ver gráfico).
Y desglosando los montos por campaña electoral, los partidos que lograron deuda política en el 2010 apenas cubrían un 40% de los bonos emitidos en ese proceso electoral. Para el 2014 el promedio fue de un 55% de la emisión, mientras que en el 2018 fue de un 54%, y en el 2018 cayó a un 48%, lo que evidencia que estos bonos son realmente una apuesta elevada y un negocio redondo para unos pocos.
Eugenia Zamora, magistrada que preside el TSE, recordó durante una conferencia de prensa el 23 de enero que el tribunal ha manifestado desde hace años que el mecanismo de los bonos de deuda política es “perverso”, en tanto es una figura estrictamente comercial, que puede aumentar la disparidad electoral y utilizarse para disfrazar donaciones a los partidos.
Debe recordarse que la figura se legalizó en 1971, cuando no existía adelanto de la contribución estatal a los partidos, y era la forma de lograr que las agrupaciones lograran acceder a recursos antes de las elecciones, y no en forma posterior (ver recuadro).
Estas condiciones empezaron a cambiar en el 2009, cuando se aprobaron reformas para permitir el adelanto de un porcentaje de la deuda. No obstante, a pesar de esta situación, la reforma para cambiar la forma del financiamiento, y la necesidad de poner en la balanza estos bonos para ceder la contribución estatal, se trata de una deuda lejos de saldarse.
Andrei Cambronero, letrado del TSE, reconoció que no existe ninguna iniciativa para poner este debate sobre la mesa, a pesar de que desde el 2023 se instaló una comisión para reformas electorales en la Asamblea Legislativa.
“El TSE presentó cuatro proyectos en el 2023, tres de reforma legal y uno de reforma constitucional, relacionado con el artículo 46 que se refiere al financiamiento de los partidos políticos y no ha tenido mayor andadura”, comentó Cambronero, quien indicó que uno de los expedientes se relaciona con materia de financiamiento, pero no incluyó el tema de los bonos.
Esfuerzos indirectos, como impulsar las franjas electorales para democratizar la promoción de los partidos políticos, o formas de financiamiento indirecto en el TSE (que el propio Tribunal se reserve parte de la deuda, para invertirla en los medios que los partidos propongan en un plan) se barajan desde el 2013, sin avances significativos. Cambronero destacó que los diputados de la comisión, en esta ocasión, consideraron que era mejor diferir la discusión a otro momento “para un proyecto específico”.
En la práctica, ello implica que se trata de una reforma pendiente. En los registros de la Asamblea Legislativa, hay apenas dos menciones de expedientes vinculados directamente con los bonos de deuda política: el 18.739, que en el 2013 proponía su eliminación, y el 24.503, en el que la fracción de Nueva República recomienda ampliar el alcance de estos instrumentos a la campaña municipal.
A pesar de las críticas, se trata de un mecanismo que se incrementa, en particular con las reducciones de las donaciones a los partidos políticos.
En los informes de los partidos políticos, a noviembre queda evidenciada la disparidad: en las liquidaciones de ese mes se reportaron donaciones por ₡351 millones, mientras las emisiones de bonos registradas fueron por ₡53.855 millones.
Sin embargo, los partidos también deben lidiar con la recuperación de estas emisiones: en ese mismo mes de noviembre, los partidos reportaron ingresos por bonos solo por ₡1.331 millones, apenas un 2% de las emisiones reportadas a esa fecha.
Esto se relaciona con situaciones que van desde el descuento que deben ofrecer para colocar los bonos, hasta la desconfianza que generan estas emisiones. Así, sumando los informes de los partidos políticos de noviembre y diciembre, se reportaba una colocación de ₡11.343 millones. Apenas un 16% del monto de la emisión total autorizada.
Ello no impide el creciente auge de estos bonos, medible en las últimas 5 campañas. En ese período, 43 partidos han recurrido a estos mecanismos para su financiamiento electoral, pero menos del 40% han logrado acceder a deuda política. Y se ha pasado de 12 agrupaciones emitiendo bonos, a 20 en la actual contienda.
En estos cinco procesos, la agrupación que más ha recurrido a estos mecanismos es el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con emisiones por ₡39.100 millones en cinco campañas. Lo sigue el Partido Liberación Nacional (PLN), con ₡29.720 millones. (ver recuadro).
Sin embargo, aunque los registros del TSE ya apuntan al mayor crecimiento registrado en estas emisiones, los datos no son definitivos. Cambronero resaltó que los partidos pueden seguir realizando pagos hasta 45 días después de la elección, y pueden presentar liquidaciones al TSE hasta 60 días después de la declaración oficial de las diputaciones, aún pendiente.
Esto quiere decir que de los 20 partidos que tramitaron las emisiones de bonos, todavía queda tiempo para que los 7 que no han presentado liquidaciones a diciembre (Aquí Costa Rica Manda, Alianza Costa Rica Primero, Integración Nacional, Nueva Generación, Justicia Social Costarricense y los provinciales Unión Guanacasteca y Actuemos Ya), presenten el reporte.
Y todavía se deben esperar los reportes de enero de los partidos que cumplieron con el informe de diciembre. PLN, PUSC, Pueblo Soberano (PPSO), Unidos Podemos, Unión Costarricense Democrática, Liberal Progresista, Nueva República, Avanza, Esperanza Nacional, Frente Amplio, Centro Democrático y Social, Progreso Social Democrático y la coalición Agenda Ciudadana).
Todavía queda tela por cortar, pero ya hay nuevamente elementos para debatir sobre las implicaciones de los bonos, que están lejos de democratizar el financiamiento electoral y más bien generan más dudas al respecto. Basta considerar el caso del Partido Liberal Progresista, en el que un inversionista, Javier Quirós Ramos de Anaya adquirió bonos por ₡306 millones, o el del oficialista Pueblo Soberano, en el que diez inversionistas con ₡30 millones o más, adquirieron ₡562 millones, que representaron la mitad de los bonos colocados por este partido entre noviembre y diciembre. Muchos recursos en pocas manos con billetera amplia y generosa, los pocos que se pueden permitir estas apuestas que se traducen en grandes pérdidas o jugosas ganancias por acertar en la ruleta electoral.
Campeones de la emisión
En las últimas 5 campañas, 43 partidos han emitido bonos de deuda política, pero únicamente 16 (37%) han logrado obtener derecho a la deuda para validar, en su mayoría parcialmente, estos instrumentos.
Se trata de un club exclusivo, ya que únicamente tres partidos políticos que lograron derecho a deuda política lo hicieron sin haber emitido bonos; es decir, más del 80% de las agrupaciones que recibieron deuda habían emitido bonos.
De los datos registrados en el TSE, se puede repasar la lista de los diez partidos que han recibido autorizaciones para la mayor cantidad de bonos. En el caso del Partido Acción Ciudadana, se suman las emisiones de la actual campaña, como parte de la coalición Agenda Ciudadana.
| Agrupación | Emisiones | Campañas |
| Partido Unidad Social Cristiana | ₡39.100 millones | 5 |
| Partido Liberación Nacional | ₡29.740 millones | 5 |
| Partido Acción Ciudadana | ₡19.080 millones | 5 |
| Movimiento Libertario | ₡13.550 millones | 4 |
| Unidos Podemos | ₡12.500 millones | 2 |
| Pueblo Soberano | ₡9.500 millones | 1 |
| Partido Integración Nacional | ₡9.005 millones | 4 |
| Nueva Generación | ₡7.385 millones | 3 |
| Frente Amplio | ₡7.250 millones | 5 |
| Liberal Progresista | ₡6.470 millones | 3 |
Bonos criticados, pero vigentes
Los bonos para ceder derechos de la contribución del Estado a los partidos políticos tienen más de medio siglo de ser una de las principales formas de financiamiento electoral.
1971: Se introduce la posibilidad de que los partidos puedan acceder en forma adelantada a los recursos de la deuda política, mediante la cesión de derechos, en la reforma al Código Electoral.
2001: Se dan las primeras críticas del TSE a este mecanismo, recomendando su eliminación por considerar la posibilidad de que se usara como forma de eludir controles a las donaciones.
2009: Nueva reforma al Código Electoral autorizó adelantamiento de hasta un 15% de la contribución estatal, pero mantuvo la figura de los bonos de deuda política, regulándola en los artículos del 108 al 114.
2013: Se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, que se tramitó en el expediente 12-017159-0007-CO, presentada por Gabriel Bonilla, Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo contra el Código Electoral, y mencionan específicamente los bonos de deuda política. Por mayoría, los magistrados la declararon sin lugar, con la condición de que la cesión de derechos solo podía realizarse entre nacionales, bancos del país y medios de comunicación.
2013: Se presenta el único proyecto de ley que específicamente propuso eliminar los bonos de deuda política, el 18.739, impulsado por el diputado Juan Carlos Mendoza y varios legisladores. Se archivó en el 2018.
2023: Se instaló la comisión de reformas electorales en setiembre. Tema de financiamiento apareció en la agenda con varios proyectos —incluyendo uno del TSE, el 23.883, que se convirtió en la ley 10.755—, pero no se debatió una reforma que tocara bonos de deuda política.
2024: La bancada de Nueva República presentó el proyecto 24.503, para ampliar el ámbito de los bonos de deuda política a las elecciones municipales.
El rastro del respaldo
Los partidos políticos han tenido problemas para lograr respaldar con la contribución del Estado la totalidad de las emisiones de bonos de deuda política autorizadas. En las últimas cuatro campañas liquidadas, el derecho a deuda política autorizada solo en una ocasión —PLN en 2022— permitía cubrir la totalidad de la emisión autorizada:
2010
| Agrupación | Porcentaje de bonos con respaldo |
| PLN | 82 |
| PUSC | 14 |
| PAC | 59 |
| Movimiento Libertario | 24 |
| PASE | 62 |
| Renovación Costarricense | 0,7 |
| Restauración Nacional | 43 |
| Frente Amplio | 39 |
2014
| Agrupación | Porcentaje de bonos con respaldo |
| PLN | 55 |
| PUSC | 26 |
| PAC | 79 |
| Movimiento Libertario | 34 |
| PASE | 39 |
| Renovación Costarricense | 82 |
| Restauración Nacional | 81 |
| Frente Amplio | 46 |
2018
| Agrupación | Porcentaje de bonos con respaldo |
| PLN | 96 |
| PUSC | 37 |
| PAC | 48 |
| Restauración Nacional | 61 |
| Frente Amplio | 48 |
| Partido Integración Nacional | 66 |
| Republicano Social Cristiano | 44 |
| Auténtico Limonense | 41 |
| Unión Guanacasteca | 46 |
2022
| Agrupación | Porcentaje de bonos con respaldo |
| PLN | 100 |
| PUSC | 25 |
| Frente Amplio | 50 |
| Liberal Progresista | 31 |
| Nueva República | 42 |
| Progreso Social Democrático | 34 |
| Unión Guanacasteca | 54 |
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