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Vinicio Chacón Soto
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El insulto de tachar como “ticos con corona” a las personas que acuden a la Sala Constitucional con recursos de amparo en busca de que se ordene su atención en los servicios de salud del Estado no soslaya el hecho de que es la intransigencia oficialista en la Asamblea Legislativa, al bloquear la elección de las magistraturas suplentes, la que lesiona el derecho de las personas de acceder a esos servicios.
Recién el pasado 12 de junio, UNIVERSIDAD informó sobre el caso de un ciudadano que presentó un recurso de amparo contra la Comisión de Nombramientos y el Directorio de la Asamblea Legislativa, pues esta situación le entrabó “procesos constitucionales” emprendidos por el tema de acceso a la salud. Además, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta imagen corresponde a 2018, cuando la hoy diputada chavista Marta Esquivel era magistrada suplente de la Sala Constitucional y en Corte Plena se sentaba al lado del hoy presidente de ese tribunal, Fernando Castillo. (Foto: Kattia Alvarado / Archivo)
En entrevista concedida este lunes 16 el propio magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, informó que el viernes 12 se había dado curso a otro recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con datos de la propia Sala IV, ya se cuentan 87 expedientes entrabados a causa de alguna inhibitoria de las magistraturas suplentes. La magnitud de trabajo que el tema del acceso a la salud significa para este tribunal se refleja en una sencilla estadística. Entre enero y mayo de este 2026, la Sala Constitucional ha resuelto 19.750 asuntos, de los cuales 8.423 —un 42,65%— tienen que ver con salud.
La mayoría de ellos, 3.389, tiene que ver con el establecimiento de cirugías, seguidas por el de citas (2.188), atención médica (1.654), acceso a medicamentos (477) y listas de espera (307), que son las cinco principales causas por las que se presentan los recursos.
Violentan derechos
El magistrado Castillo Víquez ya se ha referido al “atropello” a los derechos de las personas habitantes del país. Hace poco menos de un mes en entrevista con este Semanario, sin embargo, planteó el tema con optimismo y expresó confianza en que se lograría un acuerdo político que permitiera superar el marasmo.
Desde entonces, el oficialismo chavista devolvió la lista de nominaciones a magistraturas suplentes al Poder Judicial y recién este lunes 15 la Corte Plena acordó enviarla de vuelta, porque ni la presidenta legislativa Yara Jiménez, ni el jefe de la fracción chavista Nogui Acosta, ni mucho menos la diputada expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y exmagistrada suplente de la Sala IV Marta Esquivel Rodríguez, quien profirió el insulto de “ticos con corona”, fueron capaces de ofrecer una justificación real y válida respecto al bloqueo al que someten este proceso.
El magistrado Castillo no renunció a su convencimiento de que se encuentre “una solución política y una vez que se encuentre, yo creo que los procedimientos administrativos van a fluir de manera expedita”.
Sin embargo, observó que ya se violentaban los derechos de “las personas a quienes no se le pueden tramitar sus recursos, pero la ventaja en este momento es que el tribunal está funcionando, es decir, estamos los siete magistrados propietarios”.
No dejó de subrayar que “hay una crisis institucional” que “es importante, pero que no está afectando, por decirlo así, la institucionalidad de una manera severa”, como podría suceder si “en un momento determinado el tribunal dejara de funcionar porque falta un magistrado propietario”. En ese escenario, podría emitir medidas cautelares, pero no podría dictar sentencias, según explicó.
Castillo también recordó que en caso de que los tribunales nacionales no tutelen los derechos fundamentales, “como una especie de competencia subsidiaria”, entra en juego la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “que son los dos órganos que conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.
Por ello, aseguró: “Yo creo que los demócratas, los personas que estamos siempre a favor de la República, de la protección de los derechos fundamentales, estamos conscientes de que Costa Rica no se puede exponer por una situación como la que estamos viviendo ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.
“A capa y espada”
Óscar Abarca Cartín es un ciudadano de 64 años de edad, quien desde los 18 conoció que padece de médula anclada congénita, lo cual logró manejar de forma “reservada”, es decir, “no hacer nada invasivo” durante mucho tiempo, hasta que hace unos tres años el dolor en una pierna “era inmanejable”.
Fue entonces cuando en Neurocirugía del Hospital Calderón Guardia se le indicó que era necesaria la cirugía. A partir de ahí entró en una etapa en que cada seis meses acudía supuestamente a operarse, pero siempre se le indicaba que “todavía no hay campo”.
Así pasaron unos dos años, “hasta que decidí meter el recurso de amparo para que me hicieran la cirugía porque no podía trabajar, por el dolor estaba prácticamente paralizado”.
A la Sala Constitucional le tomó tres meses resolverlo a su favor; empero, la CCSS se tardó en cumplir y justo cuando se preparaba para presentar un recurso de desobediencia recibió la llamada para coordinar la cirugía.
Cuando se pidió a Abarca Cartín su opinión ante el insulto proferido por Esquivel Rodríguez, optó por reflexionar que “siempre defendí la Caja a capa y espada y me parece muy triste que uno tenga que recurrir a estas cosas, porque es un servicio maravilloso”. Por esto, subrayó que “tener que recurrir a estas cosas es increíble, es muy triste” y por ello hizo un llamado a que “todos tenemos que defender la Caja a capa y espada”.
Daño sin reparación
Desde el Foro de la Justicia, instancia que agrupa a especialistas y organizaciones en aras de concretar mejoras para el Poder Judicial, la abogada Marcia Aguiluz reflexionó que, cuando se trata del derecho a la salud, “básicamente sería un daño irreparable”.
“Si hay personas cuyos casos no están siendo conocidos y eventualmente no reciben la atención médica que necesitan, el tratamiento que necesitan, la cirugía que necesitan y sus vidas corren peligro o su salud se ve profundamente deteriorada, claramente habría una responsabilidad muy alta o muy grande para los funcionarios que debido a su omisión, debido al incumplimiento de deberes están generando esta afectación en la vida de las personas”, indicó.
De manera similar al magistrado Castillo Víquez, apuntó que “por supuesto también habría una responsabilidad internacional, porque básicamente se estaría violentando el derecho a la vida o el derecho a la salud de personas” que acuden al tribunal constitucional para defenderlos.
Cuando se le planteó el escenario de que el oficialismo chavista se mantenga en bloqueo de nombramientos para la Sala IV u otras de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “evidentemente habría un la paralización del Poder Judicial y eso claro que sería tendría consecuencias graves para la democracia, para el Estado de derecho, pero sobre todo para las personas que verían vedado el derecho de acceso a la justicia”. Concluyó que “por supuesto eso nos preocupa muchísimo y esperaríamos que no se llegue a este escenario nunca”.
La entrada Bloqueo a nombramiento de magistraturas causa “daño irreparable” al derecho a la salud aparece primero en Semanario Universidad.
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