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Ana Guerrero
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La bancada del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) presentó en la Asamblea Nacional una propuesta de enmienda a la Constitución de Ecuador que busca modificar el artículo 35 de la Carta Magna.
En un comunicado, a través de su cuenta de X, este 8 de diciembre de 2025, la agrupación indicó que, durante varios años, ese artículo colocó a las personas privadas de libertad (PPL) dentro del mismo grupo de atención prioritaria que niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los legisladores de ADN señalaron que esa clasificación resultó equivocada y generó efectos en el sistema judicial.
La propuesta plantea trasladar a las PPL al artículo 78, donde se desarrollan disposiciones relacionadas con el sistema penal.
Según la bancada, este cambio no elimina ni reduce los derechos de quienes cumplen una condena o permanecen en proceso judicial.
La intención, a decir del documento, consiste en ubicar esas garantías en el apartado constitucional que corresponde y dar un marco más claro para su aplicación.
Los proponentes sostienen que la equiparación de las PPL con grupos vulnerables abrió la puerta a privilegios indebidos. Ese tratamiento, dicen, permitió que personas procesadas o sentenciadas soliciten medidas cautelares, acciones de protección y salidas anticipadas sin una justificación sólida.
La bancada de ADN afirmó que estas situaciones impactaron en la seguridad ciudadana y aumentaron la presión sobre un sistema judicial que ya enfrenta altos niveles de congestión.
La propuesta de enmienda expone que esa interpretación del artículo 35 generó un beneficio que nunca debió existir. Según los parlamentarios, esa clasificación creó condiciones para abusos, generó confusión en los operadores de justicia y distorsionó la estructura constitucional que regula los derechos de las PPL.
La bancada sostiene que este cambio busca restablecer claridad jurídica, ordenar los procedimientos y evitar que vacíos constitucionales sigan influyendo en decisiones judiciales sensibles.
Además, plantea que la reforma permitirá que las víctimas recuperen protagonismo en los procesos y que el sistema penal actúe con criterios más coherentes.
El debate sobre la propuesta se desarrollará en las próximas semanas dentro de la comisión correspondiente y luego en el Pleno, donde los legisladores deberán definir si la enmienda continúa su trámite.
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ADN y la propuesta de enmienda a la Constitución
En un comunicado, a través de su cuenta de X, este 8 de diciembre de 2025, la agrupación indicó que, durante varios años, ese artículo colocó a las personas privadas de libertad (PPL) dentro del mismo grupo de atención prioritaria que niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los legisladores de ADN señalaron que esa clasificación resultó equivocada y generó efectos en el sistema judicial.
¿La propuesta busca reducir derechos?
La propuesta plantea trasladar a las PPL al artículo 78, donde se desarrollan disposiciones relacionadas con el sistema penal.
Según la bancada, este cambio no elimina ni reduce los derechos de quienes cumplen una condena o permanecen en proceso judicial.
La intención, a decir del documento, consiste en ubicar esas garantías en el apartado constitucional que corresponde y dar un marco más claro para su aplicación.
Comunicado
Proponemos una Enmienda Constitucional para tener más seguridad pic.twitter.com/yw3o8zOv9j
— Bancada ADN (@BancadaADN) December 8, 2025
Los proponentes sostienen que la equiparación de las PPL con grupos vulnerables abrió la puerta a privilegios indebidos. Ese tratamiento, dicen, permitió que personas procesadas o sentenciadas soliciten medidas cautelares, acciones de protección y salidas anticipadas sin una justificación sólida.
La bancada de ADN afirmó que estas situaciones impactaron en la seguridad ciudadana y aumentaron la presión sobre un sistema judicial que ya enfrenta altos niveles de congestión.
El artículo al que apunta la propuesta
La propuesta de enmienda expone que esa interpretación del artículo 35 generó un beneficio que nunca debió existir. Según los parlamentarios, esa clasificación creó condiciones para abusos, generó confusión en los operadores de justicia y distorsionó la estructura constitucional que regula los derechos de las PPL.
La bancada sostiene que este cambio busca restablecer claridad jurídica, ordenar los procedimientos y evitar que vacíos constitucionales sigan influyendo en decisiones judiciales sensibles.
Además, plantea que la reforma permitirá que las víctimas recuperen protagonismo en los procesos y que el sistema penal actúe con criterios más coherentes.
El debate sobre la propuesta se desarrollará en las próximas semanas dentro de la comisión correspondiente y luego en el Pleno, donde los legisladores deberán definir si la enmienda continúa su trámite.
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