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Adair Mendez
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La Defensoría de los Habitantes advirtió que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mantiene niveles persistentemente altos de agua no contabilizada (ANC) en la Gran Área Metropolitana (GAM), una problemática que compromete la sostenibilidad financiera del servicio y podría generar presiones tarifarias para las personas usuarias.
Según una investigación realizada por la Defensoría como parte del análisis sobre la gestión del portafolio de inversiones del AyA, el indicador de agua no contabilizada se mantuvo entre 53% y 58% durante el periodo 2019-2023. En 2019 el ANC fue de 53%, mientras que en 2023 alcanzó 56%. El punto más alto se registró en 2022, con 58%. Esto implica que entre 53 y 58 de cada 100 litros de agua producidos en la GAM no llegaron a convertirse en consumo facturado.
El agua no contabilizada corresponde al volumen de agua producida que no genera ingresos debido a pérdidas físicas en la red de distribución, fugas, errores de medición, conexiones irregulares y otros factores operativos. Aunque esta agua no se factura, sí requiere inversiones en captación, tratamiento, bombeo, distribución y mantenimiento.
La Defensoría señaló que esta situación representa un problema estructural que afecta la eficiencia operativa del AyA, la sostenibilidad financiera de la institución y la prestación del servicio de agua potable. Además, advirtió que el tratamiento regulatorio del ANC dentro de los procesos tarifarios es un factor clave, ya que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no reconoce la totalidad de las pérdidas reportadas por el operador dentro del cálculo tarifario, con el fin de incentivar mejoras en infraestructura, medición y control de fugas.
Otro hallazgo del estudio apunta a un rezago en el reconocimiento de inversiones de infraestructura dentro de las tarifas de agua potable y saneamiento. La información analizada indica que desde 2019 no se reconocen inversiones de infraestructura en la tarifa de agua potable y que, en el servicio de saneamiento de aguas residuales, esta situación se mantiene desde 2018.
La investigación también advierte que la ausencia de ajustes tarifarios graduales podría traducirse en aumentos de hasta un 182%, como resultado de las presiones acumuladas por el rezago en el reconocimiento de costos e inversiones dentro de la estructura tarifaria.
Ante este panorama, la Defensoría emitió recomendaciones dirigidas a la Presidencia de la República, al AyA y al Ministerio de Hacienda. Entre las medidas planteadas destaca la apertura de una investigación preliminar para determinar las causas de los atrasos en proyectos de inversión, las diferencias en costos de obras, inconsistencias en la trazabilidad de proyectos y los efectos de la no capitalización de inversiones sobre la sostenibilidad financiera del AyA.
Asimismo, solicitó analizar los atrasos en la ejecución del Programa de Recuperación de ANC y actualizar la valoración de la capacidad de pago futura del AyA, debido a que el último estudio identificado por la Defensoría fue realizado en 2019. Según el órgano, estas acciones son necesarias para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población usuaria.
El dato más preocupante del informe es que, durante cinco años consecutivos, más de la mitad del agua producida por el AyA en la GAM no generó ingresos, una situación que la Defensoría considera insostenible si no se corrigen las deficiencias operativas y de inversión.
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