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José González Pinilla
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El proyecto de ley 505, que busca exonerar del ITBMS a los productos de gestión menstrual —conocido también como el “impuesto rosa”—, avanzó esta semana en la Asamblea Nacional tras ser aprobado en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
Además del enfoque de justicia social y equidad de género, la discusión se centró en un punto clave: cómo se sustituirán los ingresos que el Estado dejaría de percibir por esa exoneración.
El diputado independiente de Vamos, Augusto Palacios, proponente de la iniciativa, sostuvo que el proyecto incluye un mecanismo de renta sustitutiva para compensar el impacto fiscal.
Explicó que en Panamá, según cifras oficiales, hay alrededor de 1.2 millones de mujeres en edad menstruante, con un gasto mensual promedio de $7 en productos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.
Ese gasto equivale a unos $84 anuales por mujer, lo que representa un consumo anual aproximado de $101 millones. Según Palacios, el ITBMS del 7% aplicado actualmente a estos productos genera al Estado unos $7.1 millones anuales, cifra que el proyecto pretende cubrir mediante un ajuste a impuestos selectivos.
El mecanismo planteado consiste en incrementar el impuesto selectivo al consumo sobre productos derivados del tabaco y nicotina. Entre las modificaciones aprobadas en comisión destaca elevar la tarifa del impuesto selectivo a los cigarrillos del 100% al 105%, medida que, según Palacios, permitiría generar ingresos adicionales estimados en $2.5 millones anuales.
Además, el proyecto amplía la lista de bienes gravados e incorpora nuevos productos como tabaco para ser calentado, bolsas de nicotina para consumo oral, líquidos de vapeo y cigarrillos electrónicos con líquido incorporado, con o sin nicotina.
La propuesta incluye tarifas específicas: 10 centavos por gramo de tabaco calentado, seis centavos por gramo para bolsas de nicotina y 15 centavos por mililitro para líquidos de vapeo y cigarrillos electrónicos.
Palacios defendió la medida argumentando que el Estado debe trasladar la carga fiscal hacia productos nocivos para la salud y no hacia artículos esenciales para la vida cotidiana de las mujeres.
Como parte del ajuste tributario, el proyecto establece que el 50% de lo recaudado por el impuesto al tabaco se distribuirá directamente entre el Instituto Oncológico Nacional, el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional de Aduanas, esta última con el objetivo de fortalecer la persecución del contrabando.
El proyecto, que ahora pasa a segundo debate en el pleno, también introduce el concepto de renta sustitutiva, estableciendo que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá reconocer anualmente como ingreso ordinario del Tesoro Nacional un monto equivalente al impacto fiscal generado por la exoneración del ITBMS.
Durante la discusión en la comisión, la iniciativa recibió respaldo de organizaciones de la sociedad civil. María Cristina Osorio, vocera de agrupaciones que trabajan en territorio con niñas y mujeres en condición de vulnerabilidad, insistió en que los productos menstruales no pueden tratarse como bienes de lujo.
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“Los productos de gestión menstrual no son opcionales, sino insumos esenciales para la salud, la dignidad y la vida cotidiana”, sostuvo Osorio, al señalar que el pago de impuestos sobre estos artículos golpea con mayor fuerza a las familias pobres.
Osorio explicó que, si se suman los impuestos que una niña o adolescente paga en un año por productos menstruales, ese dinero podría equivaler a 40 viajes en Metrobús o incluso 20 almuerzos de 50 centavos en la Universidad de Panamá, un ejemplo que utilizó para ilustrar el peso económico que implica la menstruación en hogares de bajos ingresos.
También advirtió que, en familias donde viven varias mujeres, el gasto mensual en productos menstruales puede llegar a representar un monto comparable al pago del transporte escolar o una porción significativa de la canasta básica.
“Muchos países, incluidos los vecinos Costa Rica y Colombia, han avanzado en eliminar o reducir los impuestos sobre los productos menstruales, considerando que grabarlos implica una forma indirecta de desigualdad económica”, sustentó.
Osorio recordó que Panamá enfrenta una realidad social marcada por altos niveles de pobreza. Citó que un porcentaje importante de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
Las organizaciones sociales han documentado casos en comunidades donde mujeres y adolescentes recurren a materiales improvisados como trapos, papel higiénico, medias viejas o incluso papel periódico para manejar la menstruación, una práctica que Osorio calificó como “infrahumana” y que incrementa riesgos de infecciones y enfermedades.
Esta situación, documentada por las organizaciones de mujeres, tiene consecuencias directas en la educación, ya que la falta de acceso a estos productos se relaciona con el ausentismo escolar.
“La eliminación del ITBMS a estos productos representa una medida concreta para reducir una carga económica que recae exclusivamente en quienes menstruan”, afirmó.
El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) respaldó el enfoque de la propuesta y la calificó como una medida de justicia económica y equidad de género.
Sin embargo, advirtió que el mecanismo de sustitución fiscal debe ser revisado cuidadosamente para evitar impactos en sectores específicos.
Miguel Vergara, asesor del Mici, sugirió que, además del aumento al impuesto selectivo al consumo, se consideren alternativas como mejorar la eficiencia recaudatoria, reforzar el combate a la evasión y evaluar incrementos prorateados a otros productos considerados de lujo, con el fin de distribuir mejor la carga tributaria.
El funcionario indicó que el Mici está dispuesto a participar en una mesa técnica para analizar las modificaciones introducidas al proyecto y, de ser necesario, ampliar el criterio institucional.
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Además del enfoque de justicia social y equidad de género, la discusión se centró en un punto clave: cómo se sustituirán los ingresos que el Estado dejaría de percibir por esa exoneración.
El diputado independiente de Vamos, Augusto Palacios, proponente de la iniciativa, sostuvo que el proyecto incluye un mecanismo de renta sustitutiva para compensar el impacto fiscal.
Explicó que en Panamá, según cifras oficiales, hay alrededor de 1.2 millones de mujeres en edad menstruante, con un gasto mensual promedio de $7 en productos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.
Ese gasto equivale a unos $84 anuales por mujer, lo que representa un consumo anual aproximado de $101 millones. Según Palacios, el ITBMS del 7% aplicado actualmente a estos productos genera al Estado unos $7.1 millones anuales, cifra que el proyecto pretende cubrir mediante un ajuste a impuestos selectivos.
Impuesto al tabaco y vapeo
El mecanismo planteado consiste en incrementar el impuesto selectivo al consumo sobre productos derivados del tabaco y nicotina. Entre las modificaciones aprobadas en comisión destaca elevar la tarifa del impuesto selectivo a los cigarrillos del 100% al 105%, medida que, según Palacios, permitiría generar ingresos adicionales estimados en $2.5 millones anuales.
Además, el proyecto amplía la lista de bienes gravados e incorpora nuevos productos como tabaco para ser calentado, bolsas de nicotina para consumo oral, líquidos de vapeo y cigarrillos electrónicos con líquido incorporado, con o sin nicotina.
La propuesta incluye tarifas específicas: 10 centavos por gramo de tabaco calentado, seis centavos por gramo para bolsas de nicotina y 15 centavos por mililitro para líquidos de vapeo y cigarrillos electrónicos.
Palacios defendió la medida argumentando que el Estado debe trasladar la carga fiscal hacia productos nocivos para la salud y no hacia artículos esenciales para la vida cotidiana de las mujeres.
Como parte del ajuste tributario, el proyecto establece que el 50% de lo recaudado por el impuesto al tabaco se distribuirá directamente entre el Instituto Oncológico Nacional, el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional de Aduanas, esta última con el objetivo de fortalecer la persecución del contrabando.
El proyecto, que ahora pasa a segundo debate en el pleno, también introduce el concepto de renta sustitutiva, estableciendo que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá reconocer anualmente como ingreso ordinario del Tesoro Nacional un monto equivalente al impacto fiscal generado por la exoneración del ITBMS.
No es lujo, ‘es necesidad’
Durante la discusión en la comisión, la iniciativa recibió respaldo de organizaciones de la sociedad civil. María Cristina Osorio, vocera de agrupaciones que trabajan en territorio con niñas y mujeres en condición de vulnerabilidad, insistió en que los productos menstruales no pueden tratarse como bienes de lujo.
“Los productos de gestión menstrual no son opcionales, sino insumos esenciales para la salud, la dignidad y la vida cotidiana”, sostuvo Osorio, al señalar que el pago de impuestos sobre estos artículos golpea con mayor fuerza a las familias pobres.
Osorio explicó que, si se suman los impuestos que una niña o adolescente paga en un año por productos menstruales, ese dinero podría equivaler a 40 viajes en Metrobús o incluso 20 almuerzos de 50 centavos en la Universidad de Panamá, un ejemplo que utilizó para ilustrar el peso económico que implica la menstruación en hogares de bajos ingresos.
También advirtió que, en familias donde viven varias mujeres, el gasto mensual en productos menstruales puede llegar a representar un monto comparable al pago del transporte escolar o una porción significativa de la canasta básica.
“Muchos países, incluidos los vecinos Costa Rica y Colombia, han avanzado en eliminar o reducir los impuestos sobre los productos menstruales, considerando que grabarlos implica una forma indirecta de desigualdad económica”, sustentó.
Osorio recordó que Panamá enfrenta una realidad social marcada por altos niveles de pobreza. Citó que un porcentaje importante de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
Las organizaciones sociales han documentado casos en comunidades donde mujeres y adolescentes recurren a materiales improvisados como trapos, papel higiénico, medias viejas o incluso papel periódico para manejar la menstruación, una práctica que Osorio calificó como “infrahumana” y que incrementa riesgos de infecciones y enfermedades.
Esta situación, documentada por las organizaciones de mujeres, tiene consecuencias directas en la educación, ya que la falta de acceso a estos productos se relaciona con el ausentismo escolar.
“La eliminación del ITBMS a estos productos representa una medida concreta para reducir una carga económica que recae exclusivamente en quienes menstruan”, afirmó.
MICI pide análisis técnico
El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) respaldó el enfoque de la propuesta y la calificó como una medida de justicia económica y equidad de género.
Sin embargo, advirtió que el mecanismo de sustitución fiscal debe ser revisado cuidadosamente para evitar impactos en sectores específicos.
Miguel Vergara, asesor del Mici, sugirió que, además del aumento al impuesto selectivo al consumo, se consideren alternativas como mejorar la eficiencia recaudatoria, reforzar el combate a la evasión y evaluar incrementos prorateados a otros productos considerados de lujo, con el fin de distribuir mejor la carga tributaria.
El funcionario indicó que el Mici está dispuesto a participar en una mesa técnica para analizar las modificaciones introducidas al proyecto y, de ser necesario, ampliar el criterio institucional.
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