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Mario Bermúdez Vives
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Roberto Quesada, auditor interno de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), declaró ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que en el caso de irregularidades por la compra del Parque Empresarial del Pacífico, «falló la primera línea de defensa» llamada a alertar sobre la situación.
Quesada fue convocado como parte del expediente 23.859, sobre la compra por $70,8 millones de este Parque Empresarial del Pacífico, en la que una investigación de la auditoría detectó una diferencia de valor por $35,3 millones, en lo que reportaron los ingenieros del BCR SAFI, y una empresa de valuación externa, Ingenio AIC, con respecto a una valuación realizada por una empresa contratada por la auditoría.
Quesada indicó que la investigación de esta compra, realizada en febrero del 2020., arrancó luego de denuncias ante la auditoría en marzo y agosto del 2021, y noviembre del 2022, y culminaron con un informe en junio del 2023, actualmente incluido en el expediente que investiga el Ministerio Público.
En ese informe se señala como presuntos responsables a Rosnnie Díaz, gerente general del BCR SAFI en ese entonces; Marlon Sequeira, ex funcionario de BCR SAFI; Natalia Garro, gerente de negocios y proyectos; Marco Antonio Carvajal, supervisor de ingeniería de BCR SAFI, y Luis Carlos Gutiérrez, ingeniero de BCR SAFI.
Cuestionado por los diputados por el tiempo transcurrido entre las denuncias y el informe. Quesada alegó que se trató de una investigación compleja, en la que se tuvo que recurrir a la contratación de personal externo, de un abogado con experiencia en el mercado bursátil y de un valuador externo.
Quesada también especificó ante los diputados que se presentó una irregularidad, por cuanto el BCR SAFI, como fondo inmobiliario, solo podía comprar obras finalizadas; sin embargo, en este Parque Empresarial, detectaron 28 actividades pendientes, por lo que se trató de una situación que debía alertarse.
En este punto, resaltó que en este caso estaría fallando la primera línea de defensa del BCR SAFI, referida a la administración, que deben ser complementadas por una segunda línea, las áreas de apoyo, una tercera -la auditoría interna- y una cuarta, las auditorías externas.
«En este caso, principalmente falló se presentó en los ingenieros del BCR-SAFI y en el valuador externo», expresó e incluso consideró que «si hubieran incluido la situación real del inmueble, posiblemente la compra no se hubiera realizado», en relación a que solo podían adquirirse inmuebles terminados.
Los diputados le consultaron si hubo posibles irregularidades en propiedades vinculadas con el ex diputado Humberto Vargas, quien vendió nueve propiedades al BCR SAFI, incluyendo este Parque Empresarial del Pacífico. Quesada indicó que no había otras denuncias ni investigaciones, pero prometió remitir a la comisión la referencia de estas adquisiciones, y si la empresa Ingenio AIC participó en alguna valoración externa en estos procesos.
A la comisión también acudió el ex gerente del BCR, Douglas Soto, quien era integrante del Comité de Inversiones del BCR SAFI que concretó el procedimiento para esta compra. Sin embargo, Soto declaró que no tuvo ninguna participación en este proceso: «Desde que llegué a la gerencia del BCR, asumí la presidencia de BCR SAFI, pero debo informar que no estuve presente cuando se presentó el proyecto, ni cuando se aprobó, y tampoco cuando se conoció en la Junta Directiva del BCR». Alegó que dadas las múltiples ocupaciones de su cargo, debía ser sustituido en sus funciones.
A esta sesión de los diputados también estaba convocada Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien mandó una nota indicando que no podía asistir por «compromisos previos». Esto generó un malestar en la comisión, por tratarse de la tercera vez que la jerarca ignora una convocatoria.
La presidenta de la comisión, la diputada Dinorah Barquero, indicó que se le había dado la deferencia de no convocarla a sesiones de la comisión del jueves por las sesiones de la Junta Directiva, pero ya se presentaba una situación de ignorar el deber constitucional de acudir a este espacio de control político, ya que alegar «compromisos previos» no se configura dentro de una justa causa para ausentarse, por lo que indicó que la convocarán para un jueves, y deberá atender este llamado o atenerse a lo que dispone la ley.
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