M
Monserrat Cordero Parra
Guest
Una reciente auditoría interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) dejó entrever un panorama crítico en la gestión de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) durante el período 2020-2024.
Específicamente, el informe INF-06-2026 Ejecución Presupuestaria MEP-DIE, detalló la incapacidad de esta unidad para ejecutar fondos destinados a la construcción y mantenimiento de los centros educativos, algo que impacta directamente la calidad en la enseñanza de los estudiantes.
El hallazgo más alarmante es la subejecución recurrente de recursos durante ese período analizado. De acuerdo con los datos, la partida destinada a “Servicios de Ingeniería y Arquitectura” no superó el 50% de ejecución en ninguno de los cinco años analizados, llegando a caer a un preocupante 18.6% en el año 2023.
La partida de «Edificios Llave en Mano», por su parte, en 2021 registró una ejecución mínima del 0.36%. Los niveles mejoraron en 2023–2024 al 52% y 65%, respectivamente; sin embargo, continúan sin alcanzar al menos un 80% que es considerado óptimo.
En cuanto a la partida de “Juntas de Educación y Administrativas» se visualizó un desempeño global razonable de entre un 80%–100%; no obstante, se detectaron subejecuciones importantes en subpartidas como la compra de terrenos en los años 2020 y 2021. En este caso, el desempeño se refiere estrictamente a la transferencia de fondos a las Juntas.
Según la auditoría, estas deficiencias han contribuido a un crecimiento lento de la infraestructura educativa, retrasos en el mantenimiento de escuelas y colegios, carencias de mobiliario, proyectos inconclusos y una atención insuficiente de situaciones de emergencia. Todo ello afecta las condiciones en que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades y puede comprometer la seguridad de la comunidad educativa.
Esta subejecución presupuestaria ocurre pese a las necesidades en materia de infraestructura que tiene el MEP. Según datos de la Defensoría, la institución acumula 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que implica una orden de cierre total por parte del Ministerio de Salud. La provincia de Limón es la más afectada por esta emergencia.
El informe de auditoría atribuye estos resultados a varios factores, entre ellos limitaciones operativas y de gestión, la alta rotación de directores en la DIE que ha impedido una continuidad en la planificación estratégica. A esto se suma la excesiva dependencia de las Juntas de Educación, que a menudo carecen de la capacidad técnica necesaria para gestionar procesos constructivos complejos.
“El desempeño general revela una ejecución fragmentada y una capacidad operativa limitada para responder eficazmente a las necesidades del sistema educativo en infraestructura. Para mejorar, es crucial fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar una planificación presupuestaria efectiva y resiliente, agilizar los procesos de contratación, aumentar la capacidad técnica de las juntas o bien, analizar estratégicamente si estos Órganos mantienen la capacidad de continuar asumiendo una parte considerable de los procesos constructivos”, indicó la auditoría en el informe.
La entrada Auditoría revela graves fallas en ejecución de recursos para infraestructura educativa aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...