Auditoría revela fallas, deudas y posibles delitos en contrato de radares de tránsito en Cuenca

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Giovanna Alvear

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La Contraloría General del Estado concluyó una auditoría al contrato de alianza estratégica suscrito entre la EMOV-EP de Cuenca y el Consorcio Móvil Technology Ecuador para la instalación y operación de radares de tránsito. El informe No. DPA-0065-2025 evaluó la ejecución del acuerdo en la autopista Cuenca–Azogues y en distintos sectores urbanos.

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El examen especial revisó las actuaciones realizadas entre septiembre de 2022 y junio de 2025. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal y recomendó responsabilidades administrativas por 73 050 dólares y civiles por 5 486 799,02 dólares, debido a varias falencias en la ejecución y control del contrato.

Fallas en control, homologación y operación​


Según el informe, los equipos tecnológicos comenzaron a operar con 143 días de retraso. Los administradores del contrato no ejecutaron inspecciones oportunas ni gestionaron las pruebas preoperativas, lo que afectó el cronograma establecido.

La auditoría también evidenció problemas durante la implementación de los dispositivos. La EMOV-EP no comunicó al consorcio irregularidades detectadas en la inspección de 32 radares ubicados en 16 puntos de la ciudad. Esta omisión impidió aplicar sanciones económicas por infracciones de tránsito.

El organismo de control identificó, además, incumplimientos en la homologación de las funcionalidades de los equipos. La auditoría no logró verificar que los radares cumplieran con los parámetros definidos en el contrato. Tampoco se informó al consorcio sobre el incumplimiento del monto de inversión previsto para el segundo año de ejecución.

Endeudamiento y afectaciones a la seguridad vial​


La Contraloría analizó la terminación por mutuo acuerdo del contrato y concluyó que la EMOV-EP no demostró la conveniencia de esta decisión para los intereses institucionales. Los informes técnico, financiero y jurídico no sustentaron la resolución adoptada.

En este contexto, la entidad pública estableció un reparto de la cartera pendiente de cobro sin sustento técnico. La falta de análisis de estadísticas de recaudación y de cobro de infracciones provocó un perjuicio económico de 4 887 856,81 dólares, correspondiente a valores no recuperados.

Tras la finalización del contrato, la auditoría detectó deficiencias en la transferencia de información e inconsistencias en los registros de infracciones. A pesar de estas falencias, la EMOV-EP recurrió al endeudamiento público para financiar obligaciones con el aliado estratégico, sin estudios que evaluaran la conveniencia, sostenibilidad ni el impacto financiero.

La empresa asumió una deuda de 3 000 000 de dólares y pagó intereses por 444 772,90 dólares entre septiembre de 2023 y junio de 2025, lo que elevó el monto total a 3 444 772,90 dólares. La Contraloría también advirtió que la entidad no contó con políticas internas para regular el uso del equipamiento tecnológico, lo que generó un uso ineficiente de recursos públicos, riesgos de deterioro y costos de mantenimiento sin beneficios.

Esta situación afectó la seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores, incrementó el riesgo de siniestros en la autopista Cuenca–Azogues y en la avenida Enrique Arizaga Toral, y ocasionó un perjuicio económico adicional de 154 169,31 dólares por consumo de energía y conectividad.


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