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Monserrat Cordero Parra
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La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Contraloría General de la República (CGR) una denuncia sobre el nombramiento presuntamente ilegal de la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor.
Así se lee en el oficio AI-0020-2026 del 13 de enero del 2026 enviado por la Auditoría Interna al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, quien interpuso esta denuncia en junio anterior.
“Considerando que el nombramiento de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social constituye una atribución propia del Consejo de Gobierno, así como las competencias constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico confiere a la Contraloría General de la República en su condición de órgano rector del sistema de control superior, esta Auditoría Interna, en el marco de una valoración técnica y responsable de sus competencias, estimó procedente trasladar el análisis efectuado y la denuncia DE-076-2025 a dicho órgano contralor, a efectos de que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se sirva conocer la situación expuesta y realizar las valoraciones y actuaciones que estime pertinentes conforme a derecho”, indicaron.
La Auditoría Interna de la CCSS además solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un criterio jurídico sobre la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, gestión que actualmente se encuentra en trámite ante ese órgano asesor.
“Este oficio nos da una señal de que la Auditoría actúa dentro del marco que debe actuar. Aquí se ve cómo el Gobierno de Rodrigo Chaves actúa de una forma en la que no le importa la institucionalidad y el Estado Social de Derecho. Esperamos que la CGR y la PGR no tarden mucho en resolver el tema”, externó el asesor sindical de la ANEP, Juan Carlos Durán.
De acuerdo con la ANEP, la Ley Constitutiva de la CCSS establece que no podrán formar parte de la Junta Directiva los miembros o empleados de supremos poderes o de la institución.
Taylor -quien es abogada de profesión- tiene un nombramiento en propiedad en el Ministerio de Hacienda. Actualmente, la abogada ostenta un permiso sin goce de salario; no obstante, esto no elimina su vínculo como funcionaria del Poder Ejecutivo, denunció la ANEP.
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