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Daniela Muñoz Solano
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Un informe de la Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) detectó múltiples incumplimientos en los procedimientos de concesión de decenas de horas pagadas por el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), mientras los costos de las obras se disparan a causa de la apreciación del colón con respecto al dólar.
El informe de la entidad, fechado el 25 de octubre del 2025, analizó el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la ejecución de obras asociadas al programa, que se financia con recursos del préstamo de $700 millones provisto al país por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al 31 de julio del año pasado.
Como parte de la investigación se identificaron múltiples “situaciones que podrían demostrar que no se cuenta con un sistema de control interno eficaz y eficiente, por parte de la UGPR (Unidad de gestión de procesos de reconstrucción), teniendo presente que son varias las áreas de la Administración Activa CNE que intervienen en el proceso”, reza el informe.
Por ejemplo, se señala en primera instancia que los informes periódicos que debe entregar la agencia de Naciones Unidas encargada de los proyectos (UNOPS) no se han entregado en todas las ocasiones necesarias, pues cada vez que se entrega un informe trimestral se omite el informe mensual correspondiente a la misma fecha, lo que de acuerdo con la auditoría debe ser corregido.
Además en las conclusiones del informe se señala que han habido cambios en los presupuestos no solo porque se hayan eliminado proyectos sino además por afectación del tipo de cambio, ya efectivamente encarecido las obras pues los contratos se realizan en colones y el préstamo está en dólares, de modo que los montos planificados no coinciden con los que se terminan contratando.
También se indica que los expedientes en el Sistema de Compras Públicas están mayormente incompletos y que faltan documentos fundamentales como el registro de pagos. Además existen inconsistencias en documentos que establecen requisitos técnicos imposibles de cumplir, excluyen documentos al mismo tiempo que los exigen o se registran como recibidas obras cuya completación no fue verificada por la unidad mencionada.
El documento también detalla que de acuerdo con la Ley de Contratación Pública y su reglamento, entre la recepción provisional de las obras y la recepción definitiva deben transcurrir no más de dos meses, pero han habido múltiples casos en los que han pasado hasta 8 meses en que se certifique la recepción definitiva pues los informes de supervisión han tardado en elaborarse.
Al final del documento la auditoría recomienda que se corrijan todas estas deficiencias y además emplaza a la administración para que revise y fortalezca la gestión del sistema de control interno para que se pueda garantizar el mejor uso de los recursos públicos.
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