Audiencia de ministros de Seguridad y Justicia confirma que programa Puntos Violeta del Inamu fue un “despilfarro” de ₡535 millones

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Daniela Muñoz Solano

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La audiencia de los jerarcas de los ministerios de Justicia y Paz, Gerald Campos; y de Seguridad Pública y Gobernación y Policía, Mario Zamora; confirmó la ineficacia, la ausencia de resultados y el “despilfarro” del oneroso programa Puntos Violeta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

La comparecencia de ambos jerarcas frente a la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, tuvo lugar ayer miércoles 18 de febrero por la noche.

El programa Puntos Violeta fue creado en septiembre de 2023 por el INAMU para dar atención oportuna, orientación y apoyo a mujeres víctimas de violencia, acoso y hostigamiento sexual. Estos espacios físicos, parte de la Ruta de Género, ofrecieron primeros auxilios psicológicos y facilitación de la denuncia, a fin de erradicar la violencia de género

Campos y Zamora fueron convocados para referirse a su rol en el marco del programa, que está haciendo investigado por esa comisión legislativa, luego de que, por medio de que UNIVERSIDAD diera a conocer un informe de auditoría del Inamu que concluyó que la institución había gastado ₡535 millones “sin controles” a través del programa Puntos Violeta.

La audiencia comenzó con los jerarcas dando una breve exposición sobre su involucramiento en el programa.
Campos dijo que una vez la exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, le habló en un contexto formal del programa para pedirle su colaboración pero que nunca se realizó una solicitud oficial ni nada por el estilo.

Mientras tanto el ministro de Seguridad dijo que su cartera era un participante “estructural” del programa aunque conforme fue avanzando la comparecencia se hizo evidente que no era capaz de distinguir del accionar relacionado con Puntos Violeta, el que tiene que ver con Espacios Seguros (otra iniciativa del Inamu) y el que se relaciona con la ejecución de la Política Nacional para la atención, prevención y protección de la violencia contra las mujeres (Planovi).

Zamora comenzó indicando que se había firmado un convenio con el Inamu que había resultado en acciones de coordinación, capacitación y que se habían facilitado algunos recursos por parte de seguridad al programa.

El ministro continuó diciendo -erróneamente- que todas las delegaciones regionales de la policía se habían convertido en Puntos Violeta, aunque más tarde por preguntas de las diputadas se aclaró que se refería a que se habían incorporado al programa de espacios seguros.

El coordinador nacional del área preventiva de violencia intrafamiliar del Ministerio de Seguridad, Raúl Morales, explicó que el nabo les había brindado capacitaciones para fortalecer su intervención preventiva y que además, se les habían dado impresoras a varias regionales que no tenían, lo que servía para poder imprimir las órdenes de alejamiento y poder trazar con las víctimas de violencia un plan de seguridad.

El oficial también dijo que durante la implementación del programa se habían realizado poco más de 3.800 intervenciones relacionadas con temas de violencia intrafamiliar y acoso sexual.

Las diputadas de la comisión preguntaron cuántos de los casos que atendieron habían sido referidos por Puntos Violeta y más bien Morales dijo que ellos remitían a las víctimas a Puntos Violeta.

Carolina Delgado intervino para pedirle al ministro Zamora que detallara si las delegaciones habían funcionado como espacios seguros y no como parte del programa, pero el jerarca dijo que les era difícil “establecer la frontera”.

La frenteamplista Rocío Alfaro realizó entonces su intervención y reclamó que las instituciones encargadas de la seguridad no supieran distinguir los dos programas, pues tenían finalidades completamente distintas.

La diputada entonces se centró en preguntarle a los ministros si habían cambios tangibles o datos que pudieran evidenciar el impacto del programa en cuestión pero ambos jerarcas dijeron que no.

Raúl Morales también intervino y dijo que sería difícil demostrar el impacto más allá de la capacitación y el fortalecimiento de la articulación, pero Alfaro le dijo que esos proceso se pudieron haber dado al margen del programa.

Olga Morera, por su parte, preguntó insistentemente en cuál había sido el aporte del Inamu siendo que había un convenio con Seguridad Pública y su participación en asuntos de violencia era evidente, no así la del instituto.

Fue entonces cuando Morales insistió en que básicamente se habían realizado capacitaciones, se habían brindado las impresoras y nada más pues ni siquiera se estableció un protocolo de trabajo en común o se compartieron datos.

Morera entonces lamentó que todos esos recursos que se usaron en el fallido programa, que por cierto se sigue implementando, podrían haberse usado para fortalecer el accionar de la Fuerza Pública en materia de seguridad de las mujeres.

Carolina Delgado tomó la palabra para destacar que el comandante Morales había dicho que la Fuerza Pública remitía a Puntos Violeta para que las víctimas fueran “atendidas” pero como ya es sabido por la comisión, en los puntos no se brindaba atención pues no habían profesionales capacitadas para eso, sino que únicamente se remitía a las mujeres a los puntos donde podían realizar denuncias. Así, dijo, de acuerdo con lo expuesto por Morales una víctima podría haber llegado a la policía a denunciar, ser remitida a un Punto Violeta y una vez allí volver a ser transmitida a la Fuerza Pública para denunciar.

Delgado también recordó que cuando el informe de auditoría -que evidenció el caos y el despilfarro del programa- se emitió, al haber participación de distintos ministerios, el mismo fue remitido al Consejo de Gobierno. Por eso le preguntó a ambos ministros si en ese órgano alguna vez había sido discutido el documento o si al menos les había sido enviado, a lo que respondieron negativamente.

Rocío Alfaro entonces intervino para esbozar sus conclusiones, diciendo que las instituciones no habían conocido ni siquiera el funcionamiento del programa, que las diferencias se habían hecho mal, que en ninguna parte había atención real para las mujeres víctimas de violencia y que en resumen se había utilizado negligentemente el dinero destinado al programa. “Aquí lo que hemos hecho es confirmar las peores sospechas”, dijo la frenteamplista, y destacó que sin duda estaban frente a un “despilfarro” de recursos, por lo que llamó a la comisión a enfocarse en redactar el informe y remitir a la fiscalía lo correspondiente.

En sus cierres tanto Mario Zamora como Gerald Campos aprovecharon para criticar al Poder Judicial y a las leyes de ejecución de la pena, asegurando que muchos criminales y femicidas pasaban muy poco tiempo en la cárcel, todos no eran condenados por malas investigaciones o malas acusaciones.



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