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Daniel Zenteno
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La Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Domiciliario (Asegas) denunció un nuevo caso de posible corrupción de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la adquisición de tuberías para la instalación de gas.
Ángel Arauz, presidente de esa asociación, explicó que las anteriores gestiones de la petrolera estatal adquirían las tuberías de la empresa Grupo Cuñado SAU a un precio más elevado del costo habitual en el mercado.
“El monto que paga YPFB a esta empresa intermediaria oscila entre los 144 y 145 bolivianos, por tuberías de 5 metros de longitud, cuando las empresas bolivianas que se dedican a importar este material (…) tiene un costo de 95 a 100 bolivianos”, explicó en conferencia de prensa.
De acuerdo con Asegas, Cuñado SAU es una empresa intermediaria y no productora, por lo que existe la susceptibilidad de que se haya replicado el mismo esquema de presunta corrupción que se habría utilizado con la empresa Botrading, en la adquisición de combustibles.
“Profundizando las investigaciones vemos que esta empresa no produce, sino que es una intermediaria que trae las tuberías desde China”, indicó Arauz.
Por ello, el diputado Carlos Alarcón presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) a las nuevas autoridades del sector hidrocaburífero para esclarecer el tema cuanto antes.
“Con relación a las adquisiciones que han hechos las anteriores autoridades de YPFB sobre tuberías de acero galvanizado para la instalación del gas domiciliario (…), queremos verificar con este PIE que en la instalación de tuberías se habría configurado un daño económico al Estado”, señaló el legislador.
Arauz pide que la Comisión de la Verdad que anunció el Gobierno profundice “todo el manejo en las redes de gas”, pues YPFB se encargaba de las licitaciones y adjudicaciones de manera directa, lo que podría haber generado un daño económico al Estado.
“Nos están tomando el pelo en la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público. Y el Gobierno, ¿cómo puede ser que hasta ahora no haya funcionado esa Comisión de la Verdad?”, fustigó Alarcón.
En su criterio, mientras las investigaciones siguen su curso, los principales responsables podrían ya estar fuera del país.
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Ángel Arauz, presidente de esa asociación, explicó que las anteriores gestiones de la petrolera estatal adquirían las tuberías de la empresa Grupo Cuñado SAU a un precio más elevado del costo habitual en el mercado.
“El monto que paga YPFB a esta empresa intermediaria oscila entre los 144 y 145 bolivianos, por tuberías de 5 metros de longitud, cuando las empresas bolivianas que se dedican a importar este material (…) tiene un costo de 95 a 100 bolivianos”, explicó en conferencia de prensa.
Corrupción
De acuerdo con Asegas, Cuñado SAU es una empresa intermediaria y no productora, por lo que existe la susceptibilidad de que se haya replicado el mismo esquema de presunta corrupción que se habría utilizado con la empresa Botrading, en la adquisición de combustibles.
“Profundizando las investigaciones vemos que esta empresa no produce, sino que es una intermediaria que trae las tuberías desde China”, indicó Arauz.
Por ello, el diputado Carlos Alarcón presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) a las nuevas autoridades del sector hidrocaburífero para esclarecer el tema cuanto antes.
“Con relación a las adquisiciones que han hechos las anteriores autoridades de YPFB sobre tuberías de acero galvanizado para la instalación del gas domiciliario (…), queremos verificar con este PIE que en la instalación de tuberías se habría configurado un daño económico al Estado”, señaló el legislador.
Arauz pide que la Comisión de la Verdad que anunció el Gobierno profundice “todo el manejo en las redes de gas”, pues YPFB se encargaba de las licitaciones y adjudicaciones de manera directa, lo que podría haber generado un daño económico al Estado.
“Nos están tomando el pelo en la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público. Y el Gobierno, ¿cómo puede ser que hasta ahora no haya funcionado esa Comisión de la Verdad?”, fustigó Alarcón.
En su criterio, mientras las investigaciones siguen su curso, los principales responsables podrían ya estar fuera del país.
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