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Mario Bermúdez Vives
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Durante la jornada matutina de este jueves y en su despedida para el receso de Semana Santa, los diputados le dieron primer debate al proyecto de ley para financiar una ampliación del corredor vial San José San Ramón, mediante un crédito por $770 millones.
El proyecto 25.183 fue aprobado por43 diputados, en forma unánime, y se convierte en el primero de la agenda de consenso de la presidenta electa Laura Fernández en ser aprobado, de la lista de siete expedientes que pidió aprobar antes del cambio de las curules, en mayo.
«La ruta uno no es solo una carretera, es una estrategia de movilidad, de productividad y calidad de vida de millones», lo describió la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien hizo referencia a miles que utilizan y sufren los atascamientos de esta vía, que conecta el área metropolitana con la zona occidental del país.
Se trata de un crédito con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) y el Fondo OPEP, para modernizar la carretera a San Ramón, por una extensión de 55 kilómetros, y contempla 16 intercambios, la ampliación de 7 puentes y la construcción de 5 nuevos, mas 20 puentes peatonales y 110 bahías para buses. Según el expediente, impactará 31 cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, y beneficiará a 3,1 millones personas directamente, entre habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM) y usuarios de esta vía de comunicación.
Es una iniciativa con antecedentes calientes: en el mismo proyecto de ley se recordó que la ley 9292, aprobada en el 2015, promulgó un fideicomiso del MOPT y Conavi con el Banco de Costa Rica (BCR). Sin embargo, tras siete años sin avances sustanciales, no logró superar la etapa de pre-construcción, lo que afectó su viabilidad, con un impacto estimado en $280 millones. A su vez, anteriormente no se logró concretar una concesión a la empresa OAS, que naufragó en la administración de Laura Chinchilla, luego de protestas en el 2013 contra el proyecto.
La actual administración de Rodrigo Chaves decidió finalizar el fideicomiso, y relanzó nuevamente el proyecto, esta vez con un financiamiento con el BCIE. Sin embargo, posteriormente reclamó a la oposición por lo que calificó como lento avance de la iniciativa, que a su vez generó la réplica de la oposición: precisamente la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la comisión de Hacendarios, recordó que el proyecto se presentó apenas en setiembre del 2025, y requirió postergar 38 proyectos, para finalizar con un dictamen unánime, el pasado 11 de marzo.
También fue notoria la intervención del diputado oficialista Jorge Rojas, para manifestar que estos proyectos se podían lograr cuando los partidos se ponen de acuerdo y agradecer a la comisión de Hacendarios por su colaboración. El pasado 5 de marzo, el mismo Rojas había incendiado el Plenario con reclamos de que a la oposición «se le acabaron las excusas» para atrasar este proyecto, lo que generó recordatorios de legisladores de la oposición sobre la responsabilidad de la administración en el retraso del proyecto, que remitía al final de su gestión (diez meses tardó desde la firma del contrato y la presentación del proyecto) y en lugar de agradecer el respaldo, se dedicaba a atacar a quienes lo estaban ayudando.
Esto provocó que los diputados Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA) y Luis Fernando Mendoza, del PLN, recordaron el aporte positivo de la comisión de Hacendarios, a pesar de los ataques del oficialismo. «A solicitud de comisión, se realizaron conversaciones para lograr una mejora en la tasa de interés, y se logró», manifestó Mendoza.
En el debate, la diputada Ramírez también recordó que hay desafíos importantes, particularmente los procesos de expropiación. «Este p0royecto requiere expropiar 503 terrenos, con un costo de $113 millones, que deben ser asumidos por el Estado. Esto debe ser garantizado por el Gobierno, sin una adecuada gestión de expropiaciones, hay un riesgo real de atrasos», apostilló. Fue una inquietud que también recalcaron Mendoza, la diputada Priscila Vindas del FA y la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). «Esos dineros no están en los $770 millones del proyecto, que se está moviendo a la ligera en este tema de expropiaciones», insistió Castro. Y Joaquín Hernández, del PLN, quien insistió en este tema de expropiaciones en Hacendarios, advirtió que los presupuestos para esta área posiblemente tendrán que aumentarse. «En Punta Sur, de la carretera a San Carlos, se pasó de 172 fincas a 225, con las entradas y salidas de pasos superiores», afirmó.
Por su parte, Ruiz, rescató que se trataba de la principal preocupación de la comisión legislativa de Alajuela. «Es un proyecto muy necesario, yo lo vivo todos los días cuando viajo de Naranjo a la Asamblea, es prácticamente un parqueo. Estoy contenta de hacerlo realidad, por lo menos en lo que toca a la Asamblea Legislativa, con los fondos. Ahora le toca al Gobierno concretarlo», dijo, quien recordó que en una moción se incluyó una opción para realizar otras obras, en relación con ajustes y comunidades relacionadas con la obra.
En una dirección similar se pronunció Daniela Rojas, del PUSC, quien indicó que cantones como Sarchí y Poás no pueden quedar fuera de esta iniciativa. Y le devolvió la pelota al oficialista Jorge Rojas. «Ahora, el Gobierno no tendrá excusas para no realizar esta obra necesaria», dijo.
El presidente legislativo Rodrigo Arias señaló el 7 de abril para el segundo debate.
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