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Moisés Cáceres
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El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió este martes 20 de enero de 2026 fiscalizar las actuaciones del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la compra de 60 trolebuses eléctricos. La resolución recibió 79 votos afirmativos y activó un control político desde la Función Legislativa.
La decisión ordena que la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana inicie un proceso integral de fiscalización sobre el accionar del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la adquisición.
También se dispone la remisión de la resolución al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde Metropolitano para los fines legales correspondientes.
El Pleno precisó que el proceso se sustenta en las atribuciones de fiscalización y control político que reconoce la Constitución a la Asamblea.
También aclaró que el control no invade competencias de otras funciones del Estado y se enmarca en la revisión de decisiones administrativas y contractuales adoptadas desde el ámbito municipal.
Durante la sesión, el asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la iniciativa, expuso observaciones de la Contraloría General del Estado relacionadas con la compra de los trolebuses.
Según lo señalado, esos informes incluyen indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares. El proceso de adquisición bordeó los 35 millones de dólares.
Ordóñez sostuvo que la fiscalización apunta a revisar un modelo de contratación pública que utiliza recursos estatales, y no a una sanción personal. En ese marco, el control se centra en la forma en que la administración municipal condujo el proceso.
Los asambleístas Luigi García y Adrián Castro, de ADN, coincidieron en la necesidad de asegurar contrataciones transparentes, responsables y apegadas a la ley, especialmente cuando se trata de recursos que provienen de impuestos y contribuciones ciudadanas.
Ambos subrayaron que el control legislativo debe evaluar la gestión municipal bajo la conducción del alcalde.
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Asamblea Nacional fiscalizará actuaciones de Pabel Muñoz por compra de trolebuses
La decisión ordena que la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana inicie un proceso integral de fiscalización sobre el accionar del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la adquisición.
También se dispone la remisión de la resolución al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde Metropolitano para los fines legales correspondientes.
Control legislativo sobre contratación y gestión municipal
El Pleno precisó que el proceso se sustenta en las atribuciones de fiscalización y control político que reconoce la Constitución a la Asamblea.
También aclaró que el control no invade competencias de otras funciones del Estado y se enmarca en la revisión de decisiones administrativas y contractuales adoptadas desde el ámbito municipal.
Observaciones de Contraloría constan en el debate legislativo
Durante la sesión, el asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la iniciativa, expuso observaciones de la Contraloría General del Estado relacionadas con la compra de los trolebuses.
Según lo señalado, esos informes incluyen indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares. El proceso de adquisición bordeó los 35 millones de dólares.
Ordóñez sostuvo que la fiscalización apunta a revisar un modelo de contratación pública que utiliza recursos estatales, y no a una sanción personal. En ese marco, el control se centra en la forma en que la administración municipal condujo el proceso.
- Esta información le puede interesar: UNOPS defiende compra de trolebuses eléctricos en Quito y destaca impacto ambiental y social
Legisladores exigen transparencia bajo responsabilidad del alcalde
Los asambleístas Luigi García y Adrián Castro, de ADN, coincidieron en la necesidad de asegurar contrataciones transparentes, responsables y apegadas a la ley, especialmente cuando se trata de recursos que provienen de impuestos y contribuciones ciudadanas.
Ambos subrayaron que el control legislativo debe evaluar la gestión municipal bajo la conducción del alcalde.
- Información extra: Pabel Muñoz
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