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Mario Bermúdez Vives
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El cierre del último período de sesiones extraordinarias del actual Gobierno apuntaría a un enfoque financiero, en el que destaca un nuevo proyecto de eurobonos, que más que duplica la versión anterior.
En la convocatoria 45.364 MP de última hora de este jueves 18 de diciembre, el Poder Ejecutivo incluyó tres proyectos: el 25.362 para crear el delito de intrusión informática, el 25.363 para autorizar la emisión de títulos valores en el mercado internacional, y el 25.364, la aprobación del contrato préstamo con el BID.
Destaca este nuevo intento de emisión de títulos valores en el mercado internacional, conocidos como eurobonos, por un monto de $13.500 millones en un período de cinco años, del 2025 al 2030.
Se trata de más de doble de la autorización original, que se aprobó a este Gobierno en el 2022 por $5.000 millones, pero de los cuales el Gobierno solo pudo emitir $3.000 millones en 2023, porque no alcanzó los requisitos macroeconómicos requeridos -fijados por el mismo Poder Ejecutivo- para los otros $2.000 millones, y un proyecto para suavizar estas condiciones no alcanzó la mayoría legislativa de 38 votos en setiembre de este 2025.
En el expediente se resalta que más del 47% de las obligaciones vigentes del país deberán ser atendidas en los próximos cinco años, “lo que representa un riesgo significativo para el perfil de los vencimientos externos”. Según el documento, los vencimientos del 2025 al 2030 superarán los $45 mil millones.
El segundo proyecto es un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentado por el Poder Ejecutivo en ese mismo 18 de diciembre, por un monto de $250 millones, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, en el Instituto Mixta de Ayuda Social (IMAS).
Llama la atención que el Ejecutivo esté tramitando este crédito, cuando el pasado 9 de diciembre, en la Comisión de Hacendarios, Catherine Clert, gerente de país El Salvador-Costa Rica del Banco Mundial, advirtió que un crédito en condiciones favorables para el país por $350 millones para enfrentar emergencias, estaba en “en situación crítica”, ya que debía aprobarse el 15 de enero, para que la entidad pudiera tramitarlo y formalizarlo antes del 30 de enero. Se trata del expediente 24.761.
Consultada sobre estas convocatorias, la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, indicó que ninguno de estos dos expedientes ha sido negociado ni presentado por las autoridades de Gobierno ante los diputados.
Ramírez advirtió que, a título personal, considera que no sería conveniente una aprobación tan alta para la emisión de títulos valores en el mercado internacional, aunque destacó que en su caso, estuvo de acuerdo con flexibilizar las condiciones para permitir la emisión de los $2 mil millones, porque el país va a entrar a «una torre de vencimientos de deuda en dólares muy alta, por lo que el país requiere acceso a fondos internacionales.
«Si presentan una nueva propuesta por $2 mil millones, estaría de acuerdo, pero no me parece correcto una emisión tan alta, también es riesgoso que haya problemas de tipo cambiario, si hay un exceso en el crédito externo», indicó la diputada.
También indicó que no tienen mapeado el crédito con el BID, pero advirtió que en la actualidad está sobre la mesa créditos externos por $850 millones para el tren, por $770 millones para San Ramón, y el crédito para emergencias con el BM por $350 millones, el cual está en riesgo, pero «no por responsabilidad de los diputados. Este Gobierno no se ha preocupado por los plazos de los créditos», advirtió Ramírez, e ilustró que el proyecto 24.761 fue avalado por MIDEPLAN desde el 2023, pero se presentó a la corriente legislativa en el 2025, y ahora está contra el calendario para poder concretarse.
Adicionalmente, Ramírez recordó que se tiene que evaluar el aprovechamiento que se hace del crédito externo, ya que en caso de aprobar esta iniciativa, implicaría dar más responsabilidades a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que tenía problemas para implementar el crédito de PROERI por $700 millones, que debía finalizar en setiembre, pero en agosto solo tenía un avance de un 15%. «¿Cómo les vamos a dar mas responsabilidades, si no han podido ejecutar este programa?», dijo.
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