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Mario Bermúdez Vives
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Así como el 2024 estuvo marcado por la presión del presidente Rodrigo Chaves para que la Asamblea Legislativa convocara un referendo para aprobar lo que bautizó como ley jaguar, que supuestamente definiría su gobierno, en el 2025 la sombra que complicó las relaciones entre Zapote y Cuesta de Moras fue la creciente apelación a una vía rápida, como fórmula mágica para aprobar proyectos complicados.
Y de manera similar a la ley jaguar, que finalizó en 2024 relegada al olvido, incapaz de superar sus excesos de inconstitucionalidades, el cierre del 2025 apunta a una devaluación de las posibilidades de estos procedimientos abreviados como desatoradores de polémicas, luego de que se aprobara para el proyecto 24.290, jornadas laborales excepcionales de 12 horas, y se barajaron para el 23.414, ley de armonización del sistema eléctrico, y para el 24.717, la legalización de la minería a cielo abierto en Crucitas.
No es para menos: a pesar de la presión de Zapote para discutir las jornadas de 12 horas como proyecto prioritario, monopolizando el Plenario en múltiples sesiones, entre julio y noviembre solo se logró avanzar en 858 mociones, un 16% de las 5.128 votaciones requeridas antes de pasar apenas a la discusión por el fondo. Si los diputados lograran mantener el ritmo promedio de las votaciones durante el proceso de guillotina, requerirían un mínimo de 54 semanas todavía, es decir, más de un año. Y a la actual legislatura le restan únicamente 18 semanas, unos 5 meses.
De ahí que el Gobierno y sus aliados buscaron la variante de acelerar la vía rápida, con una propuesta ultrarrápida para las jornadas de 12 horas, así como los otros proyectos en los que la estéril negociación del Ejecutivo impidió su avance, como la reforma eléctrica y la minería a cielo abierto en Crucitas. Sin embargo, las constantes disputas del presidente Chaves con los diputados, que se acrecentaron en este 2025, dificultaron alcanzar acuerdos.
Guerra al alza
Las hostilidades empezaron en aumento desde febrero, cuando el presidente Chaves se negó a acudir a la reunión de jerarcas de supremos poderes que buscaba soluciones al problema de inseguridad, lo que lucía como una revancha por la no asistencia de los presidentes legislativo Rodrigo Arias y del Poder Judicial Orlando Aguirre a un debate para organizarse en Zapote. El resultado fue que Chaves quedó, por su voluntad, fuera de los intentos por resolver el principal problema del país.
Posteriormente, en la elección del Directorio Legislativo, Chaves declaró abiertamente que debería elegirse como presidente a cualquiera, menos a Rodrigo Arias. Esto no evitó que el liberacionista lograra amarrar 33 votos para reelegirse por tercera vez y, de paso, que Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), superara un desaire de su propia fracción, para alcanzar finalmente la vicepresidencia.
Pero lo que terminaría por marcar este período fueron las solicitudes para el levantamiento de inmunidad, tanto contra el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (NR), como por las inéditas causas contra el presidente Chaves, una remitida por el Poder Judicial, por el posible delito de concusión, y otra por el Tribunal Supremo de Elecciones, para investigar posibles actos de beligerancia.
Aunque una mayoría votó por levantar la inmunidad —34 votos—, la usual alianza del Gobierno con NR y con un sector de PUSC evitó el precedente histórico, que todavía podría darse con el caso por beligerancia, que espera para ser votado.
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