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Mario Bermúdez Vives
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Los diputados dieron aprobación definitiva en segundo debate al proyecto de ley para crear una rendición de cuentas de los magistrados del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), dentro de una sesión dominada por la realización de segundos debates, con nueve expedientes que fueron aprobados en forma definitiva.
En la sesión también se aprobó la realización de una sesión extraordinaria el lunes 16 la visita del ministro de Seguridad, Mario Zamora, para referirse a la situación en Crucitas, donde la extracción ilegal de oro habría generado una situación que el jerarca calificó de urgencia, por lo que solicitó a los diputados el espacio para informarles al respecto.
Se trató de la segunda jornada en la que el Plenario se extendió hasta las 7 p.m., como parte de los esfuerzos de los legisladores por correr lo máximo para aprobar los expedientes de su interés, dado que les restan menos de tres meses antes de ceder las curules a los nuevos diputados.
El proyecto 24.943, impulsado por Alejandra Larios y Katherine Moreira, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el que se pretende que los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia deban presentar un informe anual al Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de los principios de transparencia y probidad, en el que incluyan una estadística de los expedientes recibidos, tramitados y resueltos, así como votos salvados y notas, y proyectos revisados y firmados de otros integrantes de la respectiva Sala. Asimismo, los magistrados del TSE deberán presentar un informe a la Corte.
En el debate, la diputada Carolina Delgado consideró que los niveles de mora judicial hacían necesario aumentar la rendición de cuentas en el Poder Judicial, mientras que el oficialista Daniel Vargas reclamó que una iniciativa suya fue rechazada en comisión, con la que pretendía imponer una rendición de cuentas similar a los rectores de las universidades públicas. Anunció que la volverá a presentar, para buscar un ambiente mas favorable en el siguiente Congreso. El texto recibió el aval de los 38 diputados presentes.
Proyecto 22.878, Reforma a la ley de Parques Nacionales, impulsada por el Gobierno, para poder establecer sanciones por el ingreso ilegal a los Parques Nacionales. Se incluyen sanciones a operadores turísticos que organicen viajes a sitios no autorizados.
En este tema, el diputado oficialista Manuel Morales desmintió que fuera una ley contra el senderismo y las caminatas. “Ha aumentado el ingreso desmedido a áreas protegidas, no tienen una sanción efectiva, lo que ha permitido que se normalicen actividades que lucran con viajes a áreas vulnerables y restringidas”, e indicó que en los últimos años se han tenido que realizar acciones costosas en los volcanes Poás, Turrialba, Irazú y Braulio Carrillo.
A pesar de objeciones como las de Geison Valverde, del PLN, quien cuestionó que la iniciativa podía utilizarse para otros fines, la iniciativa se aprobó por 34 votos contra 9.
También fue votado el 23.652, una reforma a la ley de contratación administrativa impulsada por el independiente Luis Diego Vargas, para excluir las actividades académicas de investigación de las universidades estatales de procedimientos ordinarios, y permitirles acogerse a procedimientos especiales de esta normativa.
“La investigación académica no puede ser sometida a rigidez”, destacó Paulina Ramírez, al defender esta iniciativa, mientras Vargas destacó que es una modificación a la ley de contratación pública que empezó a regir en el 2022 y que generó ataduras.
Esta propuesta fue votada nuevamente en contra por la fracción oficialista y el diputado Leslye Bojorges, pero no lograron impedir que la mayoría le diera luz verde en su segundo debate, por 36 a 7.
El proyecto 23448 para regular e impulsar franquicias, texto de la oficialista Ada Acuña, que tiene el objetivo de brindar seguridad jurídica en la materia de franquicias en el país, en el que se incluye la creación del registro de empresas franquiciadoras, que estará a cargo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Se aprobó con 41 votos a favor.
El expediente 24.037, la ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres, iniciativa de Rosaura Méndez, del PLN, con el que se pretende propiciar trámites menos complicados para estas iniciativas. Se aprobó con 41 votos a favor.
El proyecto 24.596, la ley de pagos del programa nacional de comedores, con el que el oficialista Alexander Barrantes propone pasar el manejo de fondos de estos programas del Ministerio de Educación Pública al Consejo Nacional de Producción.
“Es importante que los comedores escolares tengan garantía de que el proveedor va a llegar a tiempo, para abastecerlos, de ahí la importancia de que el pago se haga centralizado, reduciendo el tiempo en hasta 45 días para hacer estos pagos”, dijo Barrantes.
Sin embargo, la diputada Kattia Rivera, del PLN, alegó que centralizar para luego distribuir no era un buen mecanismo para los 5 mil centros del MEP. “Productores que vivan más cerca, pueden brindar productos más frescos, como está quedando no hay posibilidad de vender fuera del CNP”, dijo.
En una dirección similar se pronunció la independiente Kattia Cambronero, quien alegó que era una triangulación del proceso: los productores entregan a las juntas, remiten al CNP para pagos y regresa el proceso a los comedores. “Aquí no hay controles claros de como se va a manejar”, dijo. También Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, externó dudas sobre este proyecto, particularmente luego de que Barrantes indicó que se debería comprar un sistema de contratación. “Algo más que investigar”, dijo.
Finalmente, el proyecto fue aprobado 27 a 13.
El proyecto 24.341, la ley para facilitar la identificación de sujetos que participaron en hechos delictivos por medio del ADN, fue el único del paquete de expedientes que el lunes recibieron primer debate, que no avanzó este jueves. Esta iniciativa del diputado Eliécer Feinzaig fue retrotraída a primer debate. El propio Feinzaig solicitó que se aprobara la moción para realizar una consulta obligatoria al Poder Judicial, que no se había realizado.
Los diputados aprobaron además en segundo debate tres expedientes que implican la donación de activos: el 24.487, el 24.787 y el 25.111. En una dirección similar, se aprobó en primer debate el proyecto 24.566.
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