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Rodolfo Aliaga
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En Arica, la ciudad más al norte de Chile, la población siempre convivió con extranjeros. Paloma Cortés no tenía recelo de ellos hasta que migrantes indocumentados ocuparon unos predios y el miedo y el crimen se instalaron en su barrio.
La inseguridad y la migración irregular son temas centrales del balotaje presidencial del 14 de diciembre entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, favorito en las encuestas y quien promete expulsar a cientos de millas de indocumentados.
Revise también: Kast descarta redadas antiinmigrantes en Chile en debate con Jara
A unos 10 km de Arica, en el desierto de Atacama, se encuentra uno de los pasos fronterizos más transitados del país: 5.000 chilenos, peruanos y bolivianos van y vienen a diario.
Pero desde 2020 empezaron a llegar más indocumentados para instalarse en Chile, en su mayoría venezolanos. Si en 2018 eran 200, para 2023 sumaban 5.000, según el Servicio de Migraciones.
Su arribo hizo trizas la tradicional calma en Arica, una ciudad de 250.000 habitantes con costa en el Pacífico donde casi no llueve, dicen pobladores a la AFP.
«Antes tú podías ir hasta la playa en la noche y devolverte caminando. Ahora ya no», asegura Cortés, una vendedora de maquillaje de 27 años.
Si bien una parte de los indocumentados se insertó en la economía de servicios, también irrumpió el Tren de Aragua, la banda internacional venezolana que siembra terror con secuestros, extorsiones y asesinatos.
Sus miembros se apoderaron de un conjunto de viviendas abandonadas del cerro Chuño, cerca de donde vive Cortés, y montaron allí su base de operaciones.
«Antes te asaltaban y te quitaban tus cosas. Ahora te pegan, te apuñalan, te mandan al hospital», sostiene Cortés.
Arica se enfrentó a un explosivo aumento del crimen. En 2019 se registró una tasa de 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2022 fue de 17,5, casi el triple del promedio nacional.
«El sicariato, el secuestro, son cosas que no estaban», corrobora Alfonso Aguayo, un guardia de seguridad, de 49 años.
En 2022, la policía desmanteló la cúpula del Tren de Aragua en Arica y allanó el cerro Chuño. Allí las autoridades encontraron una casa transformada en un centro de torturas y restos de tres cadáveres.
En marzo pasado, la justicia impuso condena que sumaron casi 560 años de cárcel a 31 venezolanos y tres chilenos de la organización.
La población sintió un alivio. El año pasado el índice de homicidios cayó a 9,9, pero todavía supera el promedio nacional de 6,6 casos por 100.000 habitantes.
Hace cuatro años, el actual presidente de izquierda Gabriel Boric obtuvo en Arica el 50,6% de los votos.
Pero desde entonces la ciudad viró a la derecha. El mes pasado, en la primera vuelta de las presidenciales, los candidatos derechistas sumaron tres cuartas partes de los votos, liderados por el economista Franco Parisi, que planteaba expulsar a los inmigrantes irregulares e instalar minas antitanques en la frontera.
Kast quiere construir una zanja fronteriza y promete deportar a los 337.000 indocumentados que viven en Chile en el marco de su plan anticrimen.
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La inseguridad y la migración irregular son temas centrales del balotaje presidencial del 14 de diciembre entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, favorito en las encuestas y quien promete expulsar a cientos de millas de indocumentados.
Revise también: Kast descarta redadas antiinmigrantes en Chile en debate con Jara
Crimen
A unos 10 km de Arica, en el desierto de Atacama, se encuentra uno de los pasos fronterizos más transitados del país: 5.000 chilenos, peruanos y bolivianos van y vienen a diario.
Pero desde 2020 empezaron a llegar más indocumentados para instalarse en Chile, en su mayoría venezolanos. Si en 2018 eran 200, para 2023 sumaban 5.000, según el Servicio de Migraciones.
Su arribo hizo trizas la tradicional calma en Arica, una ciudad de 250.000 habitantes con costa en el Pacífico donde casi no llueve, dicen pobladores a la AFP.
«Antes tú podías ir hasta la playa en la noche y devolverte caminando. Ahora ya no», asegura Cortés, una vendedora de maquillaje de 27 años.
Tren de Aragua
Si bien una parte de los indocumentados se insertó en la economía de servicios, también irrumpió el Tren de Aragua, la banda internacional venezolana que siembra terror con secuestros, extorsiones y asesinatos.
Sus miembros se apoderaron de un conjunto de viviendas abandonadas del cerro Chuño, cerca de donde vive Cortés, y montaron allí su base de operaciones.
«Antes te asaltaban y te quitaban tus cosas. Ahora te pegan, te apuñalan, te mandan al hospital», sostiene Cortés.
Arica se enfrentó a un explosivo aumento del crimen. En 2019 se registró una tasa de 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2022 fue de 17,5, casi el triple del promedio nacional.
«El sicariato, el secuestro, son cosas que no estaban», corrobora Alfonso Aguayo, un guardia de seguridad, de 49 años.
Dato
En 2022, la policía desmanteló la cúpula del Tren de Aragua en Arica y allanó el cerro Chuño. Allí las autoridades encontraron una casa transformada en un centro de torturas y restos de tres cadáveres.
En marzo pasado, la justicia impuso condena que sumaron casi 560 años de cárcel a 31 venezolanos y tres chilenos de la organización.
La población sintió un alivio. El año pasado el índice de homicidios cayó a 9,9, pero todavía supera el promedio nacional de 6,6 casos por 100.000 habitantes.
Hace cuatro años, el actual presidente de izquierda Gabriel Boric obtuvo en Arica el 50,6% de los votos.
Pero desde entonces la ciudad viró a la derecha. El mes pasado, en la primera vuelta de las presidenciales, los candidatos derechistas sumaron tres cuartas partes de los votos, liderados por el economista Franco Parisi, que planteaba expulsar a los inmigrantes irregulares e instalar minas antitanques en la frontera.
Kast quiere construir una zanja fronteriza y promete deportar a los 337.000 indocumentados que viven en Chile en el marco de su plan anticrimen.
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