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Vinicio Chacón Soto
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La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) mediante un comunicado subrayó sus cuestionamientos, como falta de criterios científicos, a una propuesta que impulsa el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de un nuevo Reglamento de Vida Silvestre.
Entre otras cosas, señala que “cualquier propuesta de nuevo Reglamento debe buscar fortalecer la protección y conservación de vida silvestre y debe ser fundamentada en criterios técnicos y científicos verificables”; así como que “debe ser objeto de la difusión oficial de información amplia, veraz y transparente para la ciudadanía”.
Fue el pasado viernes que esa iniciativa, que busca reemplazar el Decreto 32633-MINAE, cobró notoriedad, cuando medios de comunicación como Teletica.com publicaron las críticas a la posibilidad de que se permita la tenencia de ciertas variedades de loros, pericos y lapas híbridas, todas silvestres.
Ese mismo día desde el Minae se divulgó un comunicado en que se indicó que su propuesta busca que quienes antes de 2017, cuando entró en vigencia el actual Reglamento, hayan adquirido ejemplares de esas especies “de manera legal proveniente de un sitio de manejo o producto de la importación (bajo el Decreto 32633-MINAE), podrán realizar el proceso de inscripción, no limitado a adultos mayores”.
Se aseveró que “no es correcto” que la propuesta “final” con fecha del 23 de marzo permitiría la tenencia de especies nativas adquiridas de manera ilegal, y respecto a la sección de “Tenencia de Vida Silvestre”, se destacó entre otros puntos la disposición propuesta de que “la tenencia particular de flora silvestre que no se encuentra categorizada en peligro de extinción en jardines domésticos o decorativos sin ninguna actividad comercial se encuentra autorizada siempre que los individuos de flora silvestre no hayan sido adquiridos de forma ilícita”.
Permisividad y flexibilidad
Este martes mediante su propio comunicado Apreflofas explicó que la participación pública en este caso se limitó al proceso de consulta al que se somete toda iniciativa de este tipo en el sitio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en este caso entre 21 de octubre y 4 de noviembre del año pasado. Un informe del MEIC del 12 de noviembre concluyó entre otras cosas que “la propuesta transgrede los principios de mejora regulatoria de: Cooperación Intra e Interinstitucional, Eficiencia, Legalidad, Publicidad, Reglas Claras y Objetivas, Seguridad Jurídica, Transparencia”.
Además, sobre el punto específico de la tenencia de las mencionadas variedades de aves, Apreflofas denuncia que no sólo apareció en la versión original sometida a consulta pública, sino que se mantuvo en versiones posteriores con fecha del 29 de enero y del 9 de marzo, a pesar de muchos cuestionamientos que se plantearon.
Añade que sólo cambió después de la realización de un conversatorio en la Universidad Nacional (UNA) el 18 de marzo, en que participaron representantes de la propia Apreflofas, del Instituto Internacional de Conservación de la Vida Silvestre (Icomvis), el Wildlife Rescue Center (antes ZooAve) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
En esa actividad hubo cuestionamientos sobre los criterios técnicos que fundamentaron esa decisión, “sin que a la fecha de este comunicado de prensa conste en el expediente si existen o no esos criterios. Esto es particularmente relevante, dado que las decisiones sobre vida silvestre deben ser definidas con base en la ciencia y la técnica”.
Por otra parte, Apreflofas también cuestiona de la propuesta que se establezca una nueva categoría de sitio de manejo que combina “centros de rescate” con “zoológicos sin fines comerciales”, pues “no consta en el expediente mayor detalle sobre los criterios científicos que avalen estas y otras medidas”.
Denunció además que “la permisividad y flexibilidad es todavía más riesgosa cuando no se tienen estudios poblacionales de las especies de fauna silvestre, recordando que el Reglamento tiene efecto en todas las especies de flora y fauna”.
Por ello entre sus cuestionamientos también subraya que “las decisiones sobre vida silvestre son de interés público y deben fundamentarse en la ciencia y la técnica” y se solicita “una minuciosa revisión de la propuesta para cerrar la posible apertura de portillos que permitan delitos ambientales, por lo cual, consideramos que debe darse una pausa en el avance de esta propuesta, permitiendo su revisión detallada y el escrutinio ciudadano”.
También apunta la falta de recursos al Sinac: “cualquier propuesta de nuevo Reglamento resulta operativamente inviable si el Sinac sigue siendo objeto de recortes en su presupuesto”.
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