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Kevin Puga S.
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Olavo Hernández, juez de la Corte Nacional de Justicia, dispuso este martes 9 de diciembre de 2015 el llamado a juicio contra Eduardo Carmigniani, apoderado y presidente del Consejo Editorial de Diario Expreso, dentro del proceso por cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por la empresa china Sinohydro.
La decisión se suma al llamado ya efectuado al expresidente Lenín Moreno y a otros procesados en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en Ecuador.
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para que Carmigniani sea juzgado como cómplice dentro de la presunta red de sobornos que operó alrededor del megaproyecto hidroeléctrico. El expediente fiscal sostiene que el abogado habría tenido participación jurídica en la estructura que permitió el flujo de beneficios indebidos.
El proceso penal se desarrolla en paralelo a otro señalamiento interno que involucra a Carmigniani. Se trata del denominado caso “Canillitas”, un esquema que, según las denuncias, habría simulado contratos laborales y generado beneficios económicos a favor de accionistas y allegados dentro de Expreso. De acuerdo con las investigaciones, la figura legal que permitió ese funcionamiento habría sido diseñada por el propio Carmigniani.
Además de su rol como procesado, Carmigniani preside el Consejo Editorial de Expreso, posición que le permitió influir en los contenidos del diario. Durante meses, publicó columnas, entrevistas y comunicados orientados a desacreditar la investigación fiscal y a presentarse como víctima de persecución política. Incluso envió a la Corte Nacional cientos de ejemplares del periódico con sus remitidos, en un intento por influir en el entorno judicial previo a la audiencia.
Esta situación se agravó una vez que se permitió que Carmigniani asumiera control efectivo sobre el tono editorial, pese a ser parte procesada en un caso de corrupción. Diversos actores han calificado este episodio como un grave atentado a la independencia de la prensa.
El llamado a juicio de un alto directivo de un medio nacional evidencia la interacción entre poder judicial, económico y comunicacional. También expone cómo el uso del espacio editorial para beneficio personal puede distorsionar la percepción pública y condicionar la opinión ciudadana.
El caso Sinohydro, marcado por su magnitud económica y trascendencia judicial, se convierte ahora en un nuevo capítulo sobre los límites éticos en los medios de comunicación y sobre la responsabilidad de quienes los administran.
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La decisión se suma al llamado ya efectuado al expresidente Lenín Moreno y a otros procesados en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en Ecuador.
Carmigniani enfrentará juicio por complicidad
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para que Carmigniani sea juzgado como cómplice dentro de la presunta red de sobornos que operó alrededor del megaproyecto hidroeléctrico. El expediente fiscal sostiene que el abogado habría tenido participación jurídica en la estructura que permitió el flujo de beneficios indebidos.
Señalamientos previos por el caso “Canillitas”
El proceso penal se desarrolla en paralelo a otro señalamiento interno que involucra a Carmigniani. Se trata del denominado caso “Canillitas”, un esquema que, según las denuncias, habría simulado contratos laborales y generado beneficios económicos a favor de accionistas y allegados dentro de Expreso. De acuerdo con las investigaciones, la figura legal que permitió ese funcionamiento habría sido diseñada por el propio Carmigniani.
Uso del medio para su defensa
Además de su rol como procesado, Carmigniani preside el Consejo Editorial de Expreso, posición que le permitió influir en los contenidos del diario. Durante meses, publicó columnas, entrevistas y comunicados orientados a desacreditar la investigación fiscal y a presentarse como víctima de persecución política. Incluso envió a la Corte Nacional cientos de ejemplares del periódico con sus remitidos, en un intento por influir en el entorno judicial previo a la audiencia.
Esta situación se agravó una vez que se permitió que Carmigniani asumiera control efectivo sobre el tono editorial, pese a ser parte procesada en un caso de corrupción. Diversos actores han calificado este episodio como un grave atentado a la independencia de la prensa.
Un precedente en el sistema mediático
El llamado a juicio de un alto directivo de un medio nacional evidencia la interacción entre poder judicial, económico y comunicacional. También expone cómo el uso del espacio editorial para beneficio personal puede distorsionar la percepción pública y condicionar la opinión ciudadana.
El caso Sinohydro, marcado por su magnitud económica y trascendencia judicial, se convierte ahora en un nuevo capítulo sobre los límites éticos en los medios de comunicación y sobre la responsabilidad de quienes los administran.
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