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Vinicio Chacón Soto
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A falta de personal médico, la Medicatura Forense ha planteado la opción de que personal de enfermería especializado pueda atender a las víctimas de violación y aplique el llamado protocolo de las 72 horas.
Así lo informó la magistrada Roxana Chacón (Sala II) durante la última sesión de Corte Plena, en que subrayó la necesidad de que el Poder Judicial cuente con 120 plazas para que pueda cumplirse con una correcta aplicación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual.
Chacón se refirió al tema pues le correspondió rendir informe sobre la más reciente redacción del proyecto de “Ley para la institucionalización legal del protocolo de las 72 horas y los equipos de respuesta rápida para la atención integral a víctimas de delitos sexuales (ERRVV)”, que se tramita bajo el expediente Nº 23.633.
Se trata de la tercera oportunidad en que un texto de la propuesta llega a ser conocido por Corte, luego de que fuera presentado por el propio Poder Judicial desde 2023. La Magistrada recordó que desde 2024, en un informe previo enviado a la Asamblea Legislativa, se había ya consignado la necesidad de las 120 plazas “porque lo que persigue el protocolo es que las personas no tengan que viajar desde la zona de Golfito hasta la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores para ser atendidas después de un evento como lo es una violación”.
Sin embargo, la falta de profesionales en ese campo es ya un problema. “Hemos tenido problemas con los médicos de la Medicatura Forense, que muchos han renunciado, pero que otros se han quedado y que por una negociación con relación a las cargas de trabajo ellos están realizando una disponibilidad en una forma diferente, ya no lo están haciendo semana a semana sino que están en un rol que es cada 15 días”.
Dijo que “están atendiendo en lugares más lejanos, entonces hay que trasladar nuevamente a la víctima de estos delitos a ciertos lugares, eso hace que las horas en el tránsito para poder cubrir todo los peritazgos y todo lo necesario sean mayores”.
Por ello, aseveró que “estamos retrocediendo a lo que este protocolo permitía evitar, por eso es que queremos que estas plazas lleguen”.
Informó sobre ese apremiante problema que desde la Dirección de la Medicatura Forense se ha planteado la posibilidad de que, a falta de médicos especialistas, “podría haber enfermeras certificadas en esta especialidad, que es una de las opciones que estamos planteando para que, si no están los médicos, pues puedan estar unas enfermeras certificadas que puedan recoger las pruebas necesarias y que nos puedan ayudar a documentarlas y traerlas como enfermeras parte de la planilla del Poder Judicial”.
12.600 casos al año
El actual es el segundo texto sustitutivo de la propuesta y Chacón observó que las modificaciones que se le han hecho “en muchos casos tienen que ver con variaciones de redacción, realmente no hay grandes cambios en lo que se refiere al proyecto de ley por el fondo”.
Entre esas variaciones mencionó que por ejemplo se modificó la redacción del artículo 6 para introducir una “precisión relativa a la anticoncepción de emergencia indicando su uso, se recomienda posteriormente a la relación sexual por violación en aquellos casos que existe una solicitud de la víctima y posteriormente a realizarse el procedimiento de consentimiento informado”.
También apuntó el caso del artículo 7, referido a la conformación de la “Comisión Nacional para el cumplimiento y monitoreo del protocolo interinstitucional de atención integral a personas víctimas de violación sexual, protocolo de las 72 horas”, para incorporar a la Cruz Roja Costarricense como una institución integrante.
Así, luego de referirse a la necesidad de las 120 plazas y a la propuesta de certificar a enfermeras para que puedan atender a las víctimas, dijo estar “obviamente” de acuerdo.
Además informó que como parte de la elaboración del Informe, la Dirección Jurídica del Poder Judicial pidió el criterio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y también a la Fiscalía General a través de la Fiscalía de Género; “estas dos instancias están de acuerdo con el sentido del protocolo, pero se requiere el personal, y todos coincidimos en eso, se requiere el personal y es por eso que la conclusión del informe de la Dirección Jurídica es que este proyecto es necesario, es una iniciativa del Poder Judicial, pero requerimos los fondos necesarios para cubrir las plazas para atención de las víctimas a nivel nacional”.
Chacón no dejó de subrayar la magnitud de la situación: “Esto es un problema país, nosotros hemos tenido una alta estadística, ahí lo decimos, 12.600 casos al año de delitos por violación, donde los más afectados son los niños, niñas y adolescentes y las mujeres en edad adulta”.
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