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Daniel Zenteno
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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su “plena solidaridad” con los agricultores afectados por el robo sistemático de soya en la zona norte de Santa Cruz, donde una red criminal fue desarticulada tras ocasionar pérdidas millonarias al sector productivo.
Según la denuncia de los propios productores, el grupo delictivo desviaba y extraía entre 3 y 7 toneladas de soya por camión, afectando de forma directa la seguridad patrimonial de las unidades productivas.
En su pronunciamiento, Anapo condenó cualquier acción delictiva contra el agro y recordó que los agricultores ya enfrentan dificultades estructurales como el cambio climático, la escasez de diésel, la falta de financiamiento y los problemas logísticos, por lo que la presencia de delincuencia organizada incrementa aún más la vulnerabilidad del sector y amenaza la seguridad alimentaria del país.
“Como institución, rechazamos y condenamos cualquier acción delictiva que atente contra el trabajo honesto y el esfuerzo de los agricultores, quienes enfrentan múltiples desafíos (…), a ello no puede sumarse la delincuencia organizada, que incrementa la vulnerabilidad del productor y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”, se lee en el documento.
Por ello, la institución pidió a las autoridades judiciales, policiales y estatales garantizar una investigación integral que identifique a todos los responsables, incluidos cabecillas y receptadores, y que se apliquen sanciones ejemplares para frenar estos delitos.
También solicitó reforzar los mecanismos de seguridad, en especial en las rutas productivas donde se transporta la cosecha.
Anapo destacó el liderazgo del productor que denunció los hechos y cuyo accionar permitió exponer el modus operandi de esta red criminal. Asimismo, alentó a más agricultores a romper el silencio y denunciar cualquier actividad ilegal que afecte a la cadena agrícola.
“La agricultura es el motor de crecimiento de Santa Cruz y del país. Proteger a quienes producen es proteger a Bolivia”, remarca el pronunciamiento.
Aunque el actual Gobiernos se comprometió para brindar seguridad jurídica a los productores, todavía persisten casos de robo de productos, avasallamientos, robo de ganado, entre otros delitos, especialmente en el oriente del país.
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Según la denuncia de los propios productores, el grupo delictivo desviaba y extraía entre 3 y 7 toneladas de soya por camión, afectando de forma directa la seguridad patrimonial de las unidades productivas.
En su pronunciamiento, Anapo condenó cualquier acción delictiva contra el agro y recordó que los agricultores ya enfrentan dificultades estructurales como el cambio climático, la escasez de diésel, la falta de financiamiento y los problemas logísticos, por lo que la presencia de delincuencia organizada incrementa aún más la vulnerabilidad del sector y amenaza la seguridad alimentaria del país.
Anapo
“Como institución, rechazamos y condenamos cualquier acción delictiva que atente contra el trabajo honesto y el esfuerzo de los agricultores, quienes enfrentan múltiples desafíos (…), a ello no puede sumarse la delincuencia organizada, que incrementa la vulnerabilidad del productor y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”, se lee en el documento.
Por ello, la institución pidió a las autoridades judiciales, policiales y estatales garantizar una investigación integral que identifique a todos los responsables, incluidos cabecillas y receptadores, y que se apliquen sanciones ejemplares para frenar estos delitos.
También solicitó reforzar los mecanismos de seguridad, en especial en las rutas productivas donde se transporta la cosecha.
Anapo destacó el liderazgo del productor que denunció los hechos y cuyo accionar permitió exponer el modus operandi de esta red criminal. Asimismo, alentó a más agricultores a romper el silencio y denunciar cualquier actividad ilegal que afecte a la cadena agrícola.
“La agricultura es el motor de crecimiento de Santa Cruz y del país. Proteger a quienes producen es proteger a Bolivia”, remarca el pronunciamiento.
Aunque el actual Gobiernos se comprometió para brindar seguridad jurídica a los productores, todavía persisten casos de robo de productos, avasallamientos, robo de ganado, entre otros delitos, especialmente en el oriente del país.
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