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Daniel Gutierrez
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Según los analistas Omar Velasco, Alberto Bonadona y Ricardo Paz, el levantamiento del subsidio a los combustibles y el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno, era una decisión inevitable.
Aunque aseguraron que la forma, el momento y la falta de consensos podrían generar tensiones sociales, presiones inflacionarias y dificultades en su aplicación.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Velasco señaló que la población anticipaba que “se iba a dar esta medida”. Recordó que el presidente Rodrigo Paz manifestó esta intención durante la campaña electoral. Sin embargo, consideró que es llamativo que la decisión se haya postergado y luego aplicada de manera abrupta.
“Lo que se ha visto que esta estrategia de importar combustible caro y comprarlo con deuda externa no era sostenible”, dijo. Añadió que la reciente gestión de financiamiento internacional podría haber estado acompañada de condiciones exigidas por organismos externos.
Sobre los anuncios de incremento del salario mínimo, bonos y transferencias, Bonadona consideró que estas medidas debieron aplicarse antes del ajuste, para que la población perciba una compensación directa.
“Primero (debió) ponerte plata en el bolsillo, después darte el sablazo”, afirmó. Y advirtió que sin una sensación de alivio previo el ajuste puede perder legitimidad social.
Velasco coincidió en que los bonos y aumentos anunciados no alcanzan para compensar el impacto inflacionario. Estimó que una familia promedio podría ver incrementados sus ingresos en alrededor del 23%. Mientras que la inflación derivada del ajuste podría acercarse al 30% en el corto plazo y hasta el 50% hacia finales de 2026, considerando los efectos directos e indirectos del alza de combustibles.
Uno de los principales puntos de divergencia entre los analistas fue la distribución del costo del ajuste fiscal. Velasco cuestionó que la eliminación total del subsidio traslade el peso del ajuste a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto al transporte y los combustibles.
Propuso que el recorte fiscal pudo haberse focalizado en los salarios más altos del sector público y en los grandes consumidores de combustibles, como agroindustriales y empresas mineras, antes de afectar de manera generalizada a la población.
Por su parte, Paz defendió la eliminación inmediata del subsidio. Consideró que se trataba de una “hemorragia fiscal” cercana a los $us 2.000 millones anuales, que impedía cualquier intento de estabilización económica.
Paz sostuvo que el país no tenía margen de maniobra y que el ajuste debía aplicarse de forma urgente, aunque reconoció que será “durísimo” para la población. No obstante, planteó la necesidad de gestos simbólicos de austeridad, como la reducción voluntaria de salarios en el sector público, para mostrar que el sacrificio es compartido.
“Es muy importante que le muestren a la gente. Le digan, ¿saben qué?, esto no solo es jodido para ustedes, es también jodido para nosotros. Nosotros vamos a compartir el sacrificio. No lo hicieron, el Decreto no incluye eso”, indicó.
Bonadona advirtió que el aumento del precio de los combustibles no se traduce automáticamente en la misma proporción en los precios finales, y calificó como exagerados algunos incrementos en el transporte público. Durante esta jornada, transportistas de todo el país incrementaron sus pasajes por poco más doble del precio establecido por los municipios. En La Paz, por ejemplo, los minibuses pasaron de cobrar Bs 2,40 a Bs 5,50 en sus diferentes rutas.
Sin embargo, Bonadona alertó que el país atraviesa un escenario de estanflación, con inflación y estancamiento económico simultáneos, por lo que retirar poder adquisitivo debe manejarse con cautela.
Los analistas coincidieron en que uno de los principales errores del Gobierno fue la falta de diálogo y socialización previa de las medidas. Velasco señaló que el Ejecutivo había anunciado que el levantamiento del subsidio vendría acompañado de una nueva estructura de precios y mecanismos claros de protección social, lo que, afirmó, aún no se presentó de forma integral.
Advirtió que, sin acuerdos mínimos con sectores sociales y económicos, la política de ajuste podría enfrentar resistencia social y volverse inviable en el corto plazo, como ocurrió en experiencias pasadas.
La noche del miércoles el Gobierno declaró la emergencia económica, financiera y energética. Anunció el fin del subsidio a los combustibles. Elevó el precio de la gasolina Especial de Bs 3,74 a Bs 6,96 por litro. El diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 y la gasolina Premium a Bs 11.
Además, dispuso el incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300 a partir del 2 de enero de 2026. También hubo incrementos en la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y nuevas transferencias a familias sin aportes contributivos.
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Aunque aseguraron que la forma, el momento y la falta de consensos podrían generar tensiones sociales, presiones inflacionarias y dificultades en su aplicación.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Velasco señaló que la población anticipaba que “se iba a dar esta medida”. Recordó que el presidente Rodrigo Paz manifestó esta intención durante la campaña electoral. Sin embargo, consideró que es llamativo que la decisión se haya postergado y luego aplicada de manera abrupta.
“Lo que se ha visto que esta estrategia de importar combustible caro y comprarlo con deuda externa no era sostenible”, dijo. Añadió que la reciente gestión de financiamiento internacional podría haber estado acompañada de condiciones exigidas por organismos externos.
Sobre los anuncios de incremento del salario mínimo, bonos y transferencias, Bonadona consideró que estas medidas debieron aplicarse antes del ajuste, para que la población perciba una compensación directa.
“Primero (debió) ponerte plata en el bolsillo, después darte el sablazo”, afirmó. Y advirtió que sin una sensación de alivio previo el ajuste puede perder legitimidad social.
Velasco coincidió en que los bonos y aumentos anunciados no alcanzan para compensar el impacto inflacionario. Estimó que una familia promedio podría ver incrementados sus ingresos en alrededor del 23%. Mientras que la inflación derivada del ajuste podría acercarse al 30% en el corto plazo y hasta el 50% hacia finales de 2026, considerando los efectos directos e indirectos del alza de combustibles.
Distribución del ajuste
Uno de los principales puntos de divergencia entre los analistas fue la distribución del costo del ajuste fiscal. Velasco cuestionó que la eliminación total del subsidio traslade el peso del ajuste a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto al transporte y los combustibles.
Propuso que el recorte fiscal pudo haberse focalizado en los salarios más altos del sector público y en los grandes consumidores de combustibles, como agroindustriales y empresas mineras, antes de afectar de manera generalizada a la población.
‘Hemorragia fiscal’
Por su parte, Paz defendió la eliminación inmediata del subsidio. Consideró que se trataba de una “hemorragia fiscal” cercana a los $us 2.000 millones anuales, que impedía cualquier intento de estabilización económica.
Paz sostuvo que el país no tenía margen de maniobra y que el ajuste debía aplicarse de forma urgente, aunque reconoció que será “durísimo” para la población. No obstante, planteó la necesidad de gestos simbólicos de austeridad, como la reducción voluntaria de salarios en el sector público, para mostrar que el sacrificio es compartido.
“Es muy importante que le muestren a la gente. Le digan, ¿saben qué?, esto no solo es jodido para ustedes, es también jodido para nosotros. Nosotros vamos a compartir el sacrificio. No lo hicieron, el Decreto no incluye eso”, indicó.
Bonadona advirtió que el aumento del precio de los combustibles no se traduce automáticamente en la misma proporción en los precios finales, y calificó como exagerados algunos incrementos en el transporte público. Durante esta jornada, transportistas de todo el país incrementaron sus pasajes por poco más doble del precio establecido por los municipios. En La Paz, por ejemplo, los minibuses pasaron de cobrar Bs 2,40 a Bs 5,50 en sus diferentes rutas.
Sin embargo, Bonadona alertó que el país atraviesa un escenario de estanflación, con inflación y estancamiento económico simultáneos, por lo que retirar poder adquisitivo debe manejarse con cautela.
Falta de diálogo
Los analistas coincidieron en que uno de los principales errores del Gobierno fue la falta de diálogo y socialización previa de las medidas. Velasco señaló que el Ejecutivo había anunciado que el levantamiento del subsidio vendría acompañado de una nueva estructura de precios y mecanismos claros de protección social, lo que, afirmó, aún no se presentó de forma integral.
Advirtió que, sin acuerdos mínimos con sectores sociales y económicos, la política de ajuste podría enfrentar resistencia social y volverse inviable en el corto plazo, como ocurrió en experiencias pasadas.
Medidas
La noche del miércoles el Gobierno declaró la emergencia económica, financiera y energética. Anunció el fin del subsidio a los combustibles. Elevó el precio de la gasolina Especial de Bs 3,74 a Bs 6,96 por litro. El diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 y la gasolina Premium a Bs 11.
Además, dispuso el incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300 a partir del 2 de enero de 2026. También hubo incrementos en la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y nuevas transferencias a familias sin aportes contributivos.
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