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Analistas advierten dudas legales y falta de transparencia en adhesión de Guatemala al CAF
Representantes de centros de investigación económica demandaron una explicación técnica sobre lo aprobado por el Congreso en el presupuesto del 2026 para la adquisición de un cupo de acciones en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Urias Gamarro
3 de diciembre de 2025
|
05:30h
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En diciembre del 2024 el directorio del CAF realizó una reunión en El Salvador y en la cual se aprobó el financiamiento para el Programa de Mejora y Expansión del Sistema de Saneamiento. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
El destino de US$40 millones de las reservas monetarias internacionales del Banco de Guatemala, aprobado por el Congreso de la República en el presupuesto de ingresos y egresos del 2026, a solicitud del Minfin, sigue generando cuestionamientos sobre el alcance y la legalidad de la operación.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), cuestionaron la medida adoptada por el Legislativo y la falta de transparencia de la cartera del Tesoro en cuanto al uso de las reservas para la adquisición de acciones a nombre del Estado de Guatemala.
Ambos investigadores coincidieron en que se deben presentar los documentos y análisis técnico-jurídicos —y aclarar si existió consulta— que sustenten la operación con reservas monetarias internacionales, como fue aprobado por el Congreso para el CAF, con sede en Caracas, Venezuela.
Las reservas monetarias internacionales de Guatemala se situaban, al 27 de noviembre, en US$31 mil 941 millones y han crecido por el ingreso extraordinario de remesas familiares, que representa la disponibilidad de dólares del país.
Dudas legales por financiamiento del CAF
Barrientos, explicó que la banca central puede comprar bonos de bajo riesgo o realizar inversiones con las reservas monetarias internacionales, ya que la idea es que estas no se usarán de inmediato y podrían generar retornos.
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Pero en este caso, explicó, se entendería que el Estado de Guatemala toma parte de esas reservas para comprar acciones del CAF, que siguen siendo un activo favorable. Entonces, el dinero se reemplaza: no se reducen las reservas, sino que cambia su composición. Ese, dijo, podría ser el escenario menos preocupante.
Otro de los puntos que criticó Barrientos es que la banca central asuma el costo de la compra de las acciones del CAF, ya que se trata de una operación cuasifiscal, y, por tanto, debería cargarse al presupuesto público, es decir, ser un gasto fiscal.
“Se debe conocer la argumentación del Ministerio de Finanzas y del Gobierno central, porque fue un costo que se cargó a las reservas monetarias internacionales, y no al presupuesto”, afirmó.
Por ello, aconsejó que tanto el Minfin como el Banguat den a conocer los dictámenes técnicos, las opiniones y si hubo una discusión en la Junta Monetaria, lo cual consideró necesario para despejar dudas.
Lavarreda, del Cien, agregó que durante la aprobación del presupuesto del 2026 por los diputados —en la madrugada del miércoles 26 de noviembre—, la propuesta original del Ejecutivo planteaba que la adhesión al CAF sería con gasto público. Sin embargo, en el Congreso se modificó y se estableció que las acciones se pagarían mediante el Banguat, con reservas monetarias internacionales.
Aclaró que esta situación requiere un análisis legal y jurídico, para determinar si la banca central puede financiar la compra de ese cupo de acciones con base en una norma de vigencia anual. “Por lo tanto, siempre persiste esa duda”, advirtió.
Se deben presentar los documentos y análisis técnico-jurídicos —y aclarar si existió consulta— que sustenten la operación con reservas monetarias internacionales, como fue aprobado por el Congreso para el CAF
En todo caso, agregó, esa posición deberá ventilarse en la Corte de Constitucionalidad (CC), si se llegaran a interponer amparos por la decisión del Congreso de la República.
Recordó que, por ley, el Banguat no puede prestarle al Gobierno central, ya que existe una prohibición constitucional derivada de la reforma a la Carta Magna realizada en 1993.
“Este tipo de situaciones son cuestionables, pero al final es un asunto que se definirá en las cortes”, agregó.
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