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Vinicio Chacón Soto
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“Seguridad humana integral”, “salud digna y accesible” y una “educación para la vida y la ciudadanía democrática” son conceptos que el Plan de Gobierno de la exmagistrada Ana Virginia Calzada define como sus pilares fundamentales.
En entrevista realizada el 27 de noviembre, Calzada explicó que su vinculación con la política y eventual candidatura empezó luego de la pandemia, cuando integró el colectivo social llamado Agenda Viva, desde el que se planteaban “posibles propuestas transados, transadas por diferentes grupos para dárselas a los partidos políticos” como “ejes para arreglar la situación del país”.
Según relató “algunos colectivos sociales” plantearon que asumiera la candidatura a la Presidencia, con lo cual estuvo de acuerdo el Partido Centro Democrático Social (PCDS).
“He tenido siempre una vocación de servicio y de responsabilidad y este es un momento importante en que el país necesita de los esfuerzos de todos para que reconstruyamos lo que nos han destruido sobre todo en estos últimos cuatro años y poder reorientar este país hacia una ruta mejor, una ruta donde la justicia social y equidad sean los principios fundamentales y que el hombre esté en el centro del Estado”, dijo.
Sin tapujos, Calzada aseguró que el país “vive una crisis sin precedentes en la historia más reciente” en cuanto a seguridad. Tras señalar que la legislación está desactualizada, subrayó que la criminalidad es la consecuencia de que “hemos dejado de invertir en lo social” y con ello “hemos debilitado las bases del sistema democrático, negándole oportunidades a las personas, sobre todo a los jóvenes que en algunas ocasiones al ser expulsados de los sistemas tanto educativos como sociales, lamentablemente en el crimen organizado ven una salida”.
Para retomar esa inversión social dijo que no necesariamente se requiere de un consenso en la Asamblea Legislativa, “sino principalmente voluntad política” al destinar el presupuesto nacional.
“Crear oportunidades de trabajo, crear oportunidades de educación, crear oportunidades de vivienda, todo eso pasa por voluntad política, no pasa por la Asamblea Legislativa”, indicó.
Ante la realidad de que detrás de las cifras de desempleo que celebra el gobierno se da una expulsión de personas de la fuerza de trabajo, en primer lugar dijo que se debe buscar fuentes de trabajo, pero de manera puntual indicó que “habrá que pensar en nuevas carreras, en nuevos trabajos, impulsar la economía de una manera sostenible, con justicia social, una economía que beneficie tanto al productor como al trabajador”.
Todo lo cual pasa por capacitar a las personas “a través de nuevas condiciones en la educación, usando tecnología moderna e inteligencia artificial y no educándolos con una educación del siglo pasado para empleos que ya no están resultando rentables para la sociedad”.
Respecto, precisamente, a la educación, consideró que atraviesa una “emergencia importante”. Referenció al Estado de la Nación para señalar que “los muchachos están llegando a la universidad, con una capacidad en lectoescritura de tercero a sexto grado y de comprensión de matemática igual”.
Por ello dijo que un eventual gobierno suyo comenzaría por “una nivelación de lectoescritura y matemática para ver cómo encontramos la base de la educación costarricense”, ya que “tenemos cuatro años de ni siquiera tener un plan, son cuatro años totalmente perdidos, además de lo que se ha perdido en otros gobiernos, porque no necesariamente éste es el culpable de este proceso”.
También se comprometió a capacitar docentes, porque “queremos pasar también a la utilización de las técnicas tecnología, de la información, la inteligencia artificial y todo eso requiere una capacitación tanto de los menores como de los maestros”.
Llamó además la atención a que hay unos 800 centros educativos con ordenes sanitarias, y lamentó que “no sabemos el estado de los otros, así que será hasta que llegue uno a gobierno que pueda darse cuenta, porque la opacidad de este gobierno es un es un factor importante que tenemos día a día”.
De manera similar, criticó que el manejo de la Caja Costarricense del Seguro (CCSS) “como de otras instituciones, ha sido para minarla y para irla destruyendo poco a poco”. Para Calzada, esa institución atraviesa tres “problemas básicos”: listas de espera, fuga de especialistas y la deuda que tiene el Estado.
La candidata se propone hacer “pagos trianuales” para atender esa deuda. Dijo contar además con alternativas para eliminar las listas de espera “a través de la telemedicina y a través de la inteligencia artificial, fortaleciendo que cada persona pueda tener acceso directo cuando tenga un problema de salud”.
“Además, creemos que la Ley de Empleo Público, tanto en la Caja como en otras instituciones del país, ha sido un lastre que ha causado grandes problemas en diferentes instituciones. Vamos a revisar la ley y vamos a derogar todo aquello que le impida al trabajador crecer en su empleo y tener acceso a a mejores salarios y mejores oportunidades”, aseguró.
A la exmagistrada no se le podía dejar de preguntar por las relaciones más que tensas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Calzada destacó en efecto “hay que mejorar cosas en el poder Judicial”, pero “la forma de resolver los problemas de una institucionalidad no son atacándolo, no es gritando, no es insultando, no es exponiendo a personas, es sentándose a conversar y ayudar a resolver los problemas, porque cuando se ayuda a resolver un problema institucional al que se está ayudando ciudadano, que es el centro del Estado”.
En materia de política internacional se le planteó el tema de la migración y la presión de la administración Trump para que Costa Rica recibiera 200 personas expulsadas de Estados Unidos. “Las relaciones internacionales en un gobierno mío no se manejarán bajo criterios de ningún país que no sea el nuestro”, dijo en primera instancia y además aseguró que “para recibir un migrante por humanidad tenemos que recibirlo bajo criterios de respeto a los derechos humanos y nosotros no recibimos esas personas porque estábamos respetando los los derechos humanos, los recibimos por una presión política y eso en mi gobierno no va a pasar”.
Finalmente, se le preguntó de manera directa qué tan antidemocrático es el sistema electoral costarricense y replicó que es “totalmente antidemocrático” y que se requiere nueva legislación sobre financiamiento de campañas.
Abogó por que el Tribunal Supremo de elecciones (TSE) gestione los espacios de propaganda, “todos teniendo las mismas oportunidades de que los conozcan y no por quién más tiene dinero, porque además es un peligro en una sociedad como la nuestra, donde el crimen organizado está metiéndose en la institucionalidad, lo que estamos haciendo es abriéndole la puerta para que financien sus grupos y entonces lleguen al poder”.
La entrada Ana Virginia Calzada busca “reorientar” el país hacia una ruta “donde la justicia social y equidad sean los principios fundamentales” aparece primero en Semanario Universidad.
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