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Gabriela Quiroz
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La crisis del narcotráfico en América Latina no puede explicarse como un problema ajeno que golpea únicamente a EE.UU. o a Europa. Las cifras más recientes muestran que se trata de un fenómeno regional, con producción, tránsito y consumo en aumento. Y frente a esto se ven Estados que siguen actuando de forma fragmentada frente a una economía criminal cada vez más sólida.
Colombia -el mayor productor de cocaína del mundo- vuelve a marcar el pulso de esta crisis. En 2025, el diario español El País reveló fragmentos del último informe anual de la Oficina de NN.UU. contra la Droga y el Delito. Según ese adelanto, el país habría superado en 2024 un potencial de producción de más de tres mil toneladas de cocaína, cifra sin precedentes.
Este crecimiento se habría producido en paralelo a un aumento sostenido de los cultivos de hoja de coca. Y esto ocurre pese a los esfuerzos operativos del Estado colombiano.
Al mismo tiempo, el gobierno de Gustavo Petro reportó incautaciones históricas. Entre enero y octubre de 2025, Colombia decomisó 836,8 toneladas de cocaína, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional. Esto significa 7% más que en el mismo periodo de 2024.
A esto se suma la neutralización de 17 838 laboratorios entre 2022 y 2025. La mayoría estaban dedicados a la producción de pasta base de coca. Durante 2025 se llegó a destruir un laboratorio cada 40 minutos, según datos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía colombiana.
En este contexto, EE.UU. volvió a asumir un rol de presión directa. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado anunció la descertificación parcial de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Para su presidente Donald Trump hay incumplimientos en el control de la producción de drogas y de los grupos criminales.
Un mes después, en octubre se conoció que Gustavo Petro, familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti se incluyeron en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Washington fundamentó la medida en evaluaciones propias, mientras que el gobierno colombiano rechazó los señalamientos y cuestionó la ausencia de información pública que los respalde. Estas decisiones marcaron un punto de tensión en una relación bilateral que durante décadas ha sido clave para la cooperación antidrogas.
Pero la crisis no se explica solo por Colombia. El consumo de drogas sigue en escalada en América Latina, según informes de la ONU. Esto desmonta la idea de que la región es únicamente una zona de tránsito. Cada vez más países enfrentan problemas de salud pública asociados al uso de cocaína y otras sustancias, mientras las economías ilegales encuentran nuevos mercados internos.
México ocupa un lugar central en este mapa. Es el principal corredor hacia EE.UU. y ha sido objeto de presiones constantes de Washington para intensificar su lucha contra los cárteles. Aunque el gobierno mexicano muestra más extradiciones y operativos, los resultados siguen siendo insuficientes.
Las tensiones con la Casa Blanca reflejan una paradoja: sin México, no hay estrategia regional viable. Pero con acciones aisladas tampoco se logra frenar el negocio.
En Venezuela, las acciones judiciales y diplomáticas impulsadas por EE.UU, contra figuras del régimen venezolano elevan la presión internacional. Aunque tampoco han dado lugar a un esquema de cooperación regional efectivo que ataque el problema de fondo.
Ecuador vive las consecuencias más crudas de esta desarticulación. Convertido en un punto clave de salida de droga hacia EE.UU. y Europa, cerró 2025 como el año más violento de su historia. Las tasas de homicidios están estrechamente vinculadas a la expansión de grupos armados y economías criminales. La falta de una respuesta regional coordinada deja al país expuesto, atrapado entre productores, rutas internacionales y mercados de destino.
Estados Unidos puede presionar, pero no puede ni debería ser el único motor de la respuesta. América Latina no puede seguir reaccionando de forma fragmentada ni esperando soluciones externas.
Sin una estrategia regional seria, basada en datos, cooperación real, control efectivo de fronteras y políticas que aborden tanto la oferta como el consumo, el narcotráfico seguirá creciendo. Y mientras los gobiernos discuten, el crimen organizado ocupa el espacio que deja la falta de decisiones conjuntas.
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Colombia -el mayor productor de cocaína del mundo- vuelve a marcar el pulso de esta crisis. En 2025, el diario español El País reveló fragmentos del último informe anual de la Oficina de NN.UU. contra la Droga y el Delito. Según ese adelanto, el país habría superado en 2024 un potencial de producción de más de tres mil toneladas de cocaína, cifra sin precedentes.
Este crecimiento se habría producido en paralelo a un aumento sostenido de los cultivos de hoja de coca. Y esto ocurre pese a los esfuerzos operativos del Estado colombiano.
Al mismo tiempo, el gobierno de Gustavo Petro reportó incautaciones históricas. Entre enero y octubre de 2025, Colombia decomisó 836,8 toneladas de cocaína, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional. Esto significa 7% más que en el mismo periodo de 2024.
A esto se suma la neutralización de 17 838 laboratorios entre 2022 y 2025. La mayoría estaban dedicados a la producción de pasta base de coca. Durante 2025 se llegó a destruir un laboratorio cada 40 minutos, según datos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía colombiana.
En este contexto, EE.UU. volvió a asumir un rol de presión directa. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado anunció la descertificación parcial de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Para su presidente Donald Trump hay incumplimientos en el control de la producción de drogas y de los grupos criminales.
Un mes después, en octubre se conoció que Gustavo Petro, familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti se incluyeron en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Washington fundamentó la medida en evaluaciones propias, mientras que el gobierno colombiano rechazó los señalamientos y cuestionó la ausencia de información pública que los respalde. Estas decisiones marcaron un punto de tensión en una relación bilateral que durante décadas ha sido clave para la cooperación antidrogas.
Pero la crisis no se explica solo por Colombia. El consumo de drogas sigue en escalada en América Latina, según informes de la ONU. Esto desmonta la idea de que la región es únicamente una zona de tránsito. Cada vez más países enfrentan problemas de salud pública asociados al uso de cocaína y otras sustancias, mientras las economías ilegales encuentran nuevos mercados internos.
México ocupa un lugar central en este mapa. Es el principal corredor hacia EE.UU. y ha sido objeto de presiones constantes de Washington para intensificar su lucha contra los cárteles. Aunque el gobierno mexicano muestra más extradiciones y operativos, los resultados siguen siendo insuficientes.
Las tensiones con la Casa Blanca reflejan una paradoja: sin México, no hay estrategia regional viable. Pero con acciones aisladas tampoco se logra frenar el negocio.
En Venezuela, las acciones judiciales y diplomáticas impulsadas por EE.UU, contra figuras del régimen venezolano elevan la presión internacional. Aunque tampoco han dado lugar a un esquema de cooperación regional efectivo que ataque el problema de fondo.
Ecuador vive las consecuencias más crudas de esta desarticulación. Convertido en un punto clave de salida de droga hacia EE.UU. y Europa, cerró 2025 como el año más violento de su historia. Las tasas de homicidios están estrechamente vinculadas a la expansión de grupos armados y economías criminales. La falta de una respuesta regional coordinada deja al país expuesto, atrapado entre productores, rutas internacionales y mercados de destino.
Estados Unidos puede presionar, pero no puede ni debería ser el único motor de la respuesta. América Latina no puede seguir reaccionando de forma fragmentada ni esperando soluciones externas.
Sin una estrategia regional seria, basada en datos, cooperación real, control efectivo de fronteras y políticas que aborden tanto la oferta como el consumo, el narcotráfico seguirá creciendo. Y mientras los gobiernos discuten, el crimen organizado ocupa el espacio que deja la falta de decisiones conjuntas.
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