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Ana Lucía Freire
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El reloj corre en contra para el Ministerio del Trabajo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este martes 24 de marzo de 2026, Alexandra Villacís Parada elevó la presión sobre las instituciones del Estado al exigir el cumplimiento inmediato de la sentencia de habeas data que la habilita para ejercer cargos públicos. El objetivo de Villacís es claro: revertir su inhabilitación y asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ).
La controversia, que mantenía a Villacís fuera del tablero político desde febrero por una supuesta deuda tributaria, dio un giro tras el fallo de la jueza Viviana Pila. La magistrada determinó que el SRI ya certificó la inexistencia de obligaciones pendientes, por lo que ordenó al Ministerio del Trabajo actualizar su sistema en un plazo de 24 horas que venció al mediodía de este martes 24 de marzo. “La apelación no frena ni suspende la sentencia; el cumplimiento es obligatorio“, advirtió Villacís.
A la par de su exigencia al Ejecutivo, Villacís remitió un documento al CPCCS solicitando que se “abstenga” de continuar con la selección de un vocal suplente que la reemplace. Actualmente, el Consejo de Participación analiza una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, de la cual solo la candidata Mercedes Caicedo ha superado los requisitos iniciales.
Para Villacís, insistir en este proceso el miércoles 25 de marzo, durante la sesión ordinaria del CPCCS, constituiría una violación a una sentencia constitucional ejecutoriada. “Se generarán responsabilidades institucionales si se consolidan situaciones jurídicas que contradicen el fallo”, señaló en su comunicación, dejando entrever posibles acciones legales contra los consejeros si deciden avanzar con un nuevo nombramiento.
De concretarse la habilitación en el sistema del Ministerio del Trabajo, la configuración de la Judicatura cambiaría drásticamente. Según la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura debe ser presidido por el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Al ser Villacís la vocal suplente legítima de dicha fuente tras la destitución de Mario Godoy, su principalización la colocaría automáticamente a la cabeza de la Función Judicial.
Actualmente, el organismo es presidido de forma temporal por Damián Larco, delegado del Ejecutivo. La resolución de este conflicto administrativo definirá quién llevará las riendas de la justicia ecuatoriana en un año crítico marcado por la evaluación de jueces y la crisis de seguridad nacional.
Información externa Consejo de la Judicatura
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La controversia, que mantenía a Villacís fuera del tablero político desde febrero por una supuesta deuda tributaria, dio un giro tras el fallo de la jueza Viviana Pila. La magistrada determinó que el SRI ya certificó la inexistencia de obligaciones pendientes, por lo que ordenó al Ministerio del Trabajo actualizar su sistema en un plazo de 24 horas que venció al mediodía de este martes 24 de marzo. “La apelación no frena ni suspende la sentencia; el cumplimiento es obligatorio“, advirtió Villacís.
Un freno directo al CPCCS
A la par de su exigencia al Ejecutivo, Villacís remitió un documento al CPCCS solicitando que se “abstenga” de continuar con la selección de un vocal suplente que la reemplace. Actualmente, el Consejo de Participación analiza una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, de la cual solo la candidata Mercedes Caicedo ha superado los requisitos iniciales.
Para Villacís, insistir en este proceso el miércoles 25 de marzo, durante la sesión ordinaria del CPCCS, constituiría una violación a una sentencia constitucional ejecutoriada. “Se generarán responsabilidades institucionales si se consolidan situaciones jurídicas que contradicen el fallo”, señaló en su comunicación, dejando entrever posibles acciones legales contra los consejeros si deciden avanzar con un nuevo nombramiento.
El camino a la Presidencia
De concretarse la habilitación en el sistema del Ministerio del Trabajo, la configuración de la Judicatura cambiaría drásticamente. Según la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura debe ser presidido por el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Al ser Villacís la vocal suplente legítima de dicha fuente tras la destitución de Mario Godoy, su principalización la colocaría automáticamente a la cabeza de la Función Judicial.
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Actualmente, el organismo es presidido de forma temporal por Damián Larco, delegado del Ejecutivo. La resolución de este conflicto administrativo definirá quién llevará las riendas de la justicia ecuatoriana en un año crítico marcado por la evaluación de jueces y la crisis de seguridad nacional.
Información externa Consejo de la Judicatura
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