R
Rosio Flores
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En medio de una creciente tensión institucional, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) informó que el servicio de parqueo tarifado se mantiene vigente y en pleno funcionamiento. La declaración surge como respuesta a la reciente promulgación de una ley por parte del Concejo Municipal que pretendía suspender dichas autorizaciones.
Según la directora Jurídica, Amparo Morales, existe una Sentencia Constitucional emitida el 13 de noviembre que respalda la vigencia de las autorizaciones otorgadas a las empresas operadoras.
La funcionaria señaló que la decisión del ente legislativo, de promulgar la suspensión “de oficio”, no tiene validez inmediata.
El Ejecutivo municipal anunció que iniciará medidas legales contra los concejales responsables, argumentando tres puntos críticos. Uno, usurpación de funciones ya que el Concejo estaría invadiendo facultades exclusivas del Ejecutivo. Segundo, el incumplimiento de deberes por desconocer una sentencia constitucional previa.
Y tercero, las resoluciones contrarias a la ley. Pues el Ejecutivo considera que no se respeta la división de poderes.
Ante la confusión generada, la Alcaldía fue enfática en afirmar que el servicio continúa sin interrupciones.
Aclaró que aquellos ciudadanos que no cumplan con el pago correspondiente se exponen a las sanciones habituales, que incluyen colocación de grapas (inmovilizadores), retiro de vehículos con grúa y cobro de las tarifas establecidas.
Morales reveló que, hasta el 31 de diciembre, se registraron más de 113.000 transacciones, lo que demuestra la continuidad operativa del sistema.
Lea también: Tras fallo judicial, vuelve el parqueo tarifado a La Paz
Morales sugirió que la medida adoptada por el Concejo responde a intereses electorales.
“Sabemos que varios de los concejales ya son candidatos a alcalde. Estamos seguros de que esto tiene un trasfondo político”, señaló e instó a la población a no dejarse confundir por las disposiciones del ente legislativo.
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Según la directora Jurídica, Amparo Morales, existe una Sentencia Constitucional emitida el 13 de noviembre que respalda la vigencia de las autorizaciones otorgadas a las empresas operadoras.
La funcionaria señaló que la decisión del ente legislativo, de promulgar la suspensión “de oficio”, no tiene validez inmediata.
El Ejecutivo municipal anunció que iniciará medidas legales contra los concejales responsables, argumentando tres puntos críticos. Uno, usurpación de funciones ya que el Concejo estaría invadiendo facultades exclusivas del Ejecutivo. Segundo, el incumplimiento de deberes por desconocer una sentencia constitucional previa.
Y tercero, las resoluciones contrarias a la ley. Pues el Ejecutivo considera que no se respeta la división de poderes.
Ante la confusión generada, la Alcaldía fue enfática en afirmar que el servicio continúa sin interrupciones.
INCUMPLIMIENTO
Aclaró que aquellos ciudadanos que no cumplan con el pago correspondiente se exponen a las sanciones habituales, que incluyen colocación de grapas (inmovilizadores), retiro de vehículos con grúa y cobro de las tarifas establecidas.
Morales reveló que, hasta el 31 de diciembre, se registraron más de 113.000 transacciones, lo que demuestra la continuidad operativa del sistema.
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Morales sugirió que la medida adoptada por el Concejo responde a intereses electorales.
“Sabemos que varios de los concejales ya son candidatos a alcalde. Estamos seguros de que esto tiene un trasfondo político”, señaló e instó a la población a no dejarse confundir por las disposiciones del ente legislativo.
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