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Daniela Muñoz Solano
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Al menos 15 recursos de amparo relacionados con la entrega total de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) han sido interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y esperan que se nombren nuevos magistrados o magistradas para ser resueltos.
UNIVERSIDAD solicitó a este tribunal un registro actualizado sobre la totalidad de expedientes que no habían podido tramitarse debido a la inhibitoria de alguna de las magistraturas titulares y la entidad permitió un listado de 88 amparos, consultas, acciones de inconstitucionalidad y hábeas corpus, entre los cuales se destacan 15 recursos de amparo mediante los cuales los ciudadanos solicitan la entrega total de los recursos acumulados en las arcas de distintas operadoras por concepto de pensión complementaria.
En varios de los casos las personas recurrentes solicitan la devolución completa de los fondos alegando que su retención es indebida por ser propiedad privada, en otros se solicitan disposiciones excepcionales por razones de vulnerabilidad o salud, y en otros más se alega que la pensión es heredada por lo que debería entregarse completa.
Los expedientes que se encuentran en espera son puntualmente 25-38937-00007-CO, 25-039307-0007-CO, 26-001186-0007-CO, 25-037121-0007-CO, 25-039061-0007-CO, 26-002361-0007-CO, 26-002039-0007-CO, 25-039611-0007-CO, 26-006919-0007-CO, 26-009484-0007-CO, 26-010376-0007-CO, 25-034999-0007-CO, 26-011478-0007-CO, 26-014120-0007-CO, 26-014959-0007-CO; muchos de los cuales se encuentran pendientes desde el año pasado.
Estos recursos, por causa de la inhibición especialmente del magistrado Paul Rueda pero también de Fernando Castillo, no podrán ser resueltos hasta que la Asamblea Legislativa elija nuevos magistrados suplentes, tarea a la que la fracción oficialista, anterior y actual, se ha resistido.
Además, según informaron al Semanario varios grupos de personas pensionadas, la Sala ha resuelto ya múltiples recursos interpuestos por el asunto y en casi todas las ocasiones —exceptuando las que conciernen a personas con enfermedades terminales— se ha denegado el acceso a la totalidad de estos fondos.
Mientras tanto, en la corriente legislativa, cuatro proyectos de ley que autorizan nuevas formas para la entrega anticipada del ROP esperan su turno para ser discutidos.
Cabe destacar que, a pesar de que en campaña la actual presidenta Laura Fernández dijo estar a favor de que se entregaran estos fondos, la mandataria no ha convocado ninguna de estas iniciativas para que se discuta durante el periodo de sesiones extraordinarias en que se encuentra la Asamblea Legislativa y durante el cual es el Ejecutivo quien dicta la agenda.
El pasado martes 23 de junio, el despacho del diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, organizó un foro sobre el tema en el que participaron representantes del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia de Pensiones y el economista y profesor universitario Leiner Vargas.
Durante el encuentro los representantes institucionales criticaron las iniciativas, advirtieron de posibles consecuencias negativas para la economía nacional y la estabilidad del tipo de cambio, y aseveraron que una entrega acelerada de la pensión complementaria podría debilitar la capacidad de las personas adultas mayores de costear una vida digna durante la vejez.
Mientras tanto el economista y consultor Leiner Vargas —que junto con diversos sectores sociales se ha abanderado en la lucha por la entrega de los fondos de pensiones— cuestionó que puedan haber efectos sobre la economía nacional o el tipo de cambio, y evidenció la ausencia de datos locales recientes que respalden esas afirmaciones.
Y es que, según explicó Vargas, incluso en el improbable e hipotético caso en el que las operadoras tuvieran que pagarle la totalidad del fondo de pensión complementaria a todas las personas pensionadas, sus ingresos mensuales son suficientes, pues constantemente reciben contribuciones de millones de personas.
Así, no sería necesario que liquiden sus inversiones o que hagan colocaciones de divisas extranjeras para pagar estas obligaciones, tal y como lo advirtieron la Supen y el Banco Central.
Además, Vargas detalló que el problema con la legislación que regula los fondos de pensión complementaria es que se crearon bajo el presupuesto erróneo de que se podía privar a los trabajadores de su patrimonio. Y es que este régimen en particular no es de capitalización colectiva, sino que cada persona tiene una cuenta donde los fondos se acumulan y esta crece o decrece dependiendo de los rendimientos que la operadora que administra ese fondo haga, pero de acuerdo con el economista “ese dinero es propiedad de la persona trabajadora”.
En otras ocasiones, asimismo, el economista ha puntualizado cómo muchos pensionados han debido endeudarse para costear procedimientos de salud, modificaciones a las viviendas asociadas con la vejez o la discapacidad, etc., y terminan pagando préstamos con intereses más altos que los rendimientos que recibe su fondo de pensiones, de modo que les sería más rentable gastar el fondo de pensiones sin pagar intereses.
Además, en muchos casos, las personas necesitan los fondos para realizar inversiones relacionadas con su salud o con la vejez misma, que consideran tendrían mayor impacto positivo que los pocos miles de colones que reciben por mes por concepto de la pensión complementaria.
Ese es, por ejemplo, el caso William Chaves, que en un par de semanas atrás y desde su cama en el hospital grabó un video pidiéndole a la presidenta de la República convocar los proyectos relacionados con la entrega adelantada del ROP “tal y como lo prometió en campaña”.
“Ese dinerito es muy de nosotros”, dijo Chaves, quién aseguró requerir el dinero para proveer para su familia durante su enfermedad.
Expolicía pide su ROP para tener vivienda digna tras décadas de servicio
Edín Segura dedicó décadas de su vida —desde 1986 hasta 2022— a la seguridad nacional, primero como policía y luego como oficial de Adaptación Social (parte de la Policía Penitenciaria).
Desde entonces el hombre comenzó a gestionar para que se le entregara la totalidad de su pensión complementaria, pues la necesitaba para asegurarse una vivienda digna, pero la operadora del Banco Popular se lo negó. Luego de ir de un médico a otro, de una oficina a otra y de un perito a otro para que evaluaran su situación de salud, y le negaran en repetidas ocasiones el acceso a su dinero, el hombre interpuso un “salacuartazo”, pero también se lo negaron.
“Aquí estoy, pagando ₡300.000 por un apartamentito, cuando podría con la plata del ROP comprarme un lotecito para que el INVU me ayude con una casita, que ya me dijeron que se podía. Me ahorraría el alquiler y más bien me quedaría más plata que me serviría para pagar transporte para ir a visitas médicas o para tomar mejores medicamentos”, dice.
“Deberíamos ponernos todos los que estamos en esta situación, ir con esas resoluciones que nos ha dado la Sala Cuarta y amarrarnos ahí afuera, y pedirles una explicación, a ver, ¿a favor de quién están ustedes, del capital o de los derechos humanos?”, concluyó.
Viuda demanda pensión de su esposo para “disfrutarla en vida, ya que él no pudo”
Tras 36 años de matrimonio, en enero del 2024 Cynthia Santana se quedó viuda. Su esposo Gilbert Antonio falleció a los 60 años sin poder haber disfrutado su pensión como lo había planeado o como, de acuerdo con su esposa, “lo merecía”.
Poco después del fallecimiento, Santana comenzó a hacer las vueltas con la operadora de pensiones para que le entregar en el monto total acumulado en la pensión complementaria “y ahí me lo empezaron a dar igual a cuotas por mes, no me lo dieron todo, se suponía que lo daban todo cuando uno quedaba viuda verdad o viudo, pero no”.
En caso de que el tribunal resolviera acceder a su solicitud y otorgarle el dinero, afirma, ella podría administrarlo “mucho mejor” que la operadora de pensiones. Según la mujer, poniendo el dinero en el banco a generar intereses o usándolo para abrir un negocio que genere ganancias, los recursos tendrían mayor rendimiento de lo que recibe actualmente, con lo que “no se hace nada”.
Hombre con enfermedad grave pide el ROP para cancelar deudas que consumen la pensión
Miguel Ángel Leandro trabajó casi tres décadas como chófer en un almacén josefino y en 2023, a causa de una neuropatía causada por diabetes que le impide caminar bien y mantenerse de bien, con apenas 57 años, tuvo que pensionarse.
Desde que accedió a su jubilación, se acercó a la operadora de pensiones y le indicaron que le pagarían ₡60.000 por mes por 20 años, pero él necesitaba dinero para resolver algunos asuntos.
Así, mensualmente el banco recibe un monto equivalente a lo que paga la operadora de pensiones, con la salvedad de que el préstamo en cuestión paga muchos más intereses (al banco) que los que gana el ROP (cuyo beneficiario es el trabajador).
Para Leandro, es injusto que el banco siga lucrando con su crédito y con su pensión (por la cual cobra comisiones de administración) a la vez, mientras él necesita medicamentos, transporte que se ajuste a sus necesidades, mejoras a la casa y más.
Para resolver este asunto y poder acceder a su pensión completa, Leandro interpuso un recurso y se encuentra en espera de resolución. Sin embargo, no tiene esperanza y dice que “no hay nadie quien nos defienda, no hay una entidad, no la Sala IV, todos como que se ponen de acuerdo, estamos el burro amarrado contra el tigre suelto”.
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