Agrupaciones sindicales presentan proyecto de ley para descongelar salarios del sector público

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Monserrat Cordero Parra

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El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) presentaron este lunes un proyecto denominado Ley de Justicia Salarial y Equilibrio Fiscal de Costa Rica, el cual tiene como fin descongelar los salarios del sector público.

De acuerdo con estas agrupaciones, esta iniciativa surgió ante el prolongado congelamiento de los salarios públicos aplicado desde el año 2020, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley Nº 9635) y la Ley Marco de Empleo Público (Ley Nº 10.159), la cual, según datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ha provocado una pérdida acumulada cercana al 9,5 % del poder adquisitivo de miles de familias trabajadoras del Estado.

En su criterio, este congelamiento ha debilitado la demanda interna, al erosionar la base contributiva del Estado y afectar la capacidad institucional para atraer y retener personal calificado en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y justicia.

“El sacrificio impuesto a las personas trabajadoras del sector público no se ha traducido en una mejora estructural de la relación Deuda – PIB, ni en una mayor estabilidad fiscal. Por el contrario, ha profundizado la desigualdad, ha debilitado el consumo interno (adquisición de bienes y servicios) y afectado la calidad de los servicios públicos”, señalaron las organizaciones impulsoras del proyecto, quienes señalan que el proyecto tiene sustento técnico, económico y jurídico.

La iniciativa de ley específicamente plantea restablecer los ajustes salariales por costo de vida, eliminar los congelamientos indefinidos y corregir distorsiones introducidas en la legislación vigente, bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad, justicia social y sostenibilidad fiscal.

Según los proponentes, la misma no promueve un aumento del gasto público, sino una corrección necesaria para evitar que siga disminuyendo el valor real de los salarios y así, contribuir con la reactivación de la economía, fortalecer la recaudación y restablecer el equilibrio entre disciplina fiscal y bienestar social, pilares históricos del Estado social de derecho costarricense.

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