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Daniela Muñoz Solano
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Tres personas activistas que fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria -según resolución de la Sala Constitucional- por policías, paradójicamente durante una marcha en contra de la violencia policial, irán a juicio.
Así lo resolvió el juez intermedio del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José luego de que se realizara la audiencia preliminar del caso en que se les acusa del presunto delito de “resistencia agravada”.
Los hechos que generaron el señalamiento de la fiscalía sucedieron en 2023 cuando varias decenas de personas activistas se manifestaron en San José centro para protestar contra la violencia policial, luego que se diera a conocer el caso de una mujer que aparentemente había sido agredida física, psicológica y sexualmente por un grupo de 15 policías en las afueras de un bar en Alajuela.
Durante la manifestación se dio un enfrentamiento entre quienes protestaban y un grupo de uniformados, que de acuerdo con la evidencia fotográfica y de video disponible en redes sociales, comenzó con forcejeos y golpes por parte de la policía.
En medio de ese forcejeo una oficial se cayó al suelo y de seguido dos personas manifestantes que estaban cerca fueron detenidas, de una manera que la Sala Constitucional luego resolvió fue “injustificada y irrazonable”.
Minutos después otra activista más que estaba documentando todo lo que sucedía desde la esquina de la cuadra donde sucedió el enfrentamiento fue detenida con violencia.
Dos personas más fueron detenidas durante el evento pero no se les levantaron cargos, mientras que a estas tres personas se les acusó de resistencia agravada por presuntamente agredir a una oficial de policía. Además se interpuso en su contra una acción civil resarcitoria en nombre de la oficial, solicitando que se le pagaran ₡2 millones por daños morales y ₡70,000 más por unos lentes que se le habían dañado durante el encontronazo.
Meses después de lo sucedido, el tribunal constitucional resolvió un recurso de habeas corpus te puesto por una de las personas detenidas y ya terminó que su apretamiento había sido irrazonable y arbitrario, al tiempo que resolvió que no se había dado ninguna agresión a ningún policía.
Este miércoles, pasados más de dos años desde lo sucedido, se llevó a cabo la audiencia preliminar del caso y según el abogado defensor de las personas manifestantes, Olman Ulate, se admitió toda la prueba exculpatoria y se retiró la solicitud de acción civil resarcitoria pues había sido presentada por la fiscalía de manera extemporánea y sin el consentimiento de la oficial.
Ulate aseguró que las personas a quienes representa saldrán bien libradas de este proceso pues la prueba es contundente.
“Ya ganamos esta primera parte y nos libramos de esa acción civil resarcitoria, ahora confiamos que con la prueba tan contundente que entregamos hoy vamos a salir absueltes”, dijo Mar Fournier, una de las personas acusadas.
El activista aseguró que una vez que se les haya librado de toda culpa procederán con la interposición de una demanda contra la policía por “inventar” cosas que no sucedieron para acusarles y por hacerles pasar por un proceso penal tan largo luego de no haber hecho nada.
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