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Reinaldo Páez Z.
Guest
El gobierno ecuatoriano enfrenta una batalla decidida pero desigual contra el crimen y el narcotráfico. Las organizaciones criminales, multimillonarias y poderosas, han logrado infiltrarse en las poblaciones pobres de las fronteras, de la costa y del oriente, ofreciendo dinero y servicios a los habitantes más necesitados. Además, gratifican de manera generosa a niños y jóvenes, preparándolos para convertirse en espías y sicarios.
El Estado no puede limitar su respuesta únicamente al uso de armas; es fundamental que haga presencia efectiva en las zonas crónicamente abandonadas, para recuperarlas. La frontera norte, por ejemplo, está bajo el control de siete grupos armados insurgentes colombianos. Mientras el gobierno ecuatoriano combate y busca expulsarlos, el gobierno colombiano, al no tomar medidas disuasivas, permite una peligrosa permisividad que facilita la incursión y los ataques a poblaciones ecuatorianas.
La protesta del Ecuador ante esta situación es justificada y cuenta con respaldo internacional. Sin embargo, la medida de incrementar los aranceles en las transacciones comerciales, como protesta a la inacción del país vecino, resulta peligrosa, ya que afecta la economía comercial de ambos países. Esta medida debe ser meditada y ajustada a convenios que comprometan al gobierno colombiano a sumarse al combate real contra las fuerzas insurgentes y los cárteles de la droga que afectan gravemente al Ecuador.
Persisten los problemas relacionados con la salud pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Durante más de veinte años se ha trabajado en posibles soluciones; diversos colectivos nacionales e internacionales han estructurado proyectos que podrían resolver estas problemáticas, pero lamentablemente grupos sectarios han impedido su realización.
El país cuenta con una red de dispensarios y centros de salud de distinta complejidad, así como hospitales cantonales, provinciales y regionales, pertenecientes al IESS, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud y el sector privado. Una armonización de todos estos establecimientos en un sistema nacional de salud, como existe en otros países, solventaría gran parte de esta problemática que hoy parece insoluble. Es necesario que el gobierno tome decisiones firmes y que funcionarios serios y honestos realicen auditorías para asegurar un intercambio permanente y correcto de costos, enmarcados en tarifarios nacionales establecidos por el Consejo Nacional de Salud.
Tanto el IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud están esforzándose por superar los difíciles momentos actuales, cubrir deudas, ampliar los servicios y dotar de medicinas e insumos a la población. Esta situación afecta directamente a la parte más importante del país: sus habitantes, por lo que requiere el compromiso total de los estamentos gubernamentales, liderados por el primer mandatario.
La macroeconomía nacional ha mejorado y el riesgo país ha disminuido. La gestión presidencial, con sus desplazamientos para obtener estos beneficios, ha sido fructífera. No obstante, el país reclama la presencia y el liderazgo efectivo y frontal del presidente, para enfrentar los problemas agudos que azotan la patria.
Los electores eligieron al primer mandatario con la esperanza de erradicar definitivamente la corrupción que afectó al país durante una larga década. El presidente tiene la obligación de castigar los actos que dañen la ética y la honestidad en su gobierno. Si bien se esfuerza por frenar el delito y el narcotráfico, no puede permitir que su bloque de legisladores respalde a funcionarios judiciales relacionados y defensores de poderosos narcotraficantes.
El país requiere un guía decidido, maduro y bien asesorado, capaz de actuar de forma frontal y superar las dificultades que afectan a la nación.
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El Estado no puede limitar su respuesta únicamente al uso de armas; es fundamental que haga presencia efectiva en las zonas crónicamente abandonadas, para recuperarlas. La frontera norte, por ejemplo, está bajo el control de siete grupos armados insurgentes colombianos. Mientras el gobierno ecuatoriano combate y busca expulsarlos, el gobierno colombiano, al no tomar medidas disuasivas, permite una peligrosa permisividad que facilita la incursión y los ataques a poblaciones ecuatorianas.
La protesta del Ecuador ante esta situación es justificada y cuenta con respaldo internacional. Sin embargo, la medida de incrementar los aranceles en las transacciones comerciales, como protesta a la inacción del país vecino, resulta peligrosa, ya que afecta la economía comercial de ambos países. Esta medida debe ser meditada y ajustada a convenios que comprometan al gobierno colombiano a sumarse al combate real contra las fuerzas insurgentes y los cárteles de la droga que afectan gravemente al Ecuador.
Persisten los problemas relacionados con la salud pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Durante más de veinte años se ha trabajado en posibles soluciones; diversos colectivos nacionales e internacionales han estructurado proyectos que podrían resolver estas problemáticas, pero lamentablemente grupos sectarios han impedido su realización.
El país cuenta con una red de dispensarios y centros de salud de distinta complejidad, así como hospitales cantonales, provinciales y regionales, pertenecientes al IESS, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud y el sector privado. Una armonización de todos estos establecimientos en un sistema nacional de salud, como existe en otros países, solventaría gran parte de esta problemática que hoy parece insoluble. Es necesario que el gobierno tome decisiones firmes y que funcionarios serios y honestos realicen auditorías para asegurar un intercambio permanente y correcto de costos, enmarcados en tarifarios nacionales establecidos por el Consejo Nacional de Salud.
Tanto el IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud están esforzándose por superar los difíciles momentos actuales, cubrir deudas, ampliar los servicios y dotar de medicinas e insumos a la población. Esta situación afecta directamente a la parte más importante del país: sus habitantes, por lo que requiere el compromiso total de los estamentos gubernamentales, liderados por el primer mandatario.
La macroeconomía nacional ha mejorado y el riesgo país ha disminuido. La gestión presidencial, con sus desplazamientos para obtener estos beneficios, ha sido fructífera. No obstante, el país reclama la presencia y el liderazgo efectivo y frontal del presidente, para enfrentar los problemas agudos que azotan la patria.
Los electores eligieron al primer mandatario con la esperanza de erradicar definitivamente la corrupción que afectó al país durante una larga década. El presidente tiene la obligación de castigar los actos que dañen la ética y la honestidad en su gobierno. Si bien se esfuerza por frenar el delito y el narcotráfico, no puede permitir que su bloque de legisladores respalde a funcionarios judiciales relacionados y defensores de poderosos narcotraficantes.
El país requiere un guía decidido, maduro y bien asesorado, capaz de actuar de forma frontal y superar las dificultades que afectan a la nación.
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