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Orlando Silva
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Este 26 de marzo de 2026 se cumplen ocho años del secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo de Diario EL COMERCIO que fue retenido en Mataje, Esmeraldas, mientras realizaba una cobertura en la frontera norte. El caso, que derivó en su asesinato días después en territorio colombiano, permanece sin una reconstrucción completa de los hechos ni responsables identificados en Ecuador, según han reiterado sus familias.
El equipo periodístico llegó a Mataje en un contexto de alta conflictividad en la frontera con Colombia. En ese momento, grupos armados y redes vinculadas al narcotráfico operaban en la zona, lo que generaba condiciones de riesgo para la población y para quienes realizaban coberturas.
El 26 de marzo de 2018, el Frente Oliver Sinisterra ejecutó el secuestro. La estructura criminal mantenía control territorial en varios puntos de la frontera.
El caso evidenció la falta de coordinación estatal en una zona donde ya existían alertas sobre la presencia de grupos irregulares.
A ocho años del crimen, el proceso en Ecuador no cuenta con una teoría del caso consolidada. No existe una reconstrucción detallada de los hechos ni una línea de tiempo oficial que explique lo ocurrido.
El expediente ha pasado por varios fiscales sin que se establezcan responsabilidades. Tampoco se ha presentado un mapa de actores que permita entender las decisiones adoptadas durante el secuestro.
Las familias sostienen que la ausencia de estos elementos impide avanzar hacia una verdad judicial.
En 2021, un tribunal colombiano sentenció a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, a 28 años de prisión por secuestro extorsivo. La Fiscalía de ese país lo identificó como uno de los custodios del equipo durante el cautiverio.
Sin embargo, esa sentencia no permitió esclarecer el contexto completo del crimen ni las decisiones adoptadas por las autoridades de ambos países.
El caso en Ecuador no registra condenas ni avances equivalentes, lo que refuerza el reclamo de las familias sobre la falta de justicia.
En 2024, la Corte Constitucional dispuso la entrega de actas del Consejo de Seguridad relacionadas con el caso. El Ejecutivo remitió los documentos, pero con inconsistencias evidentes.
Las actas presentan páginas faltantes, ausencia de firmas y textos sin identificación de interlocutores. En uno de los documentos, la numeración salta de la página 2 a la 19.
Para los familiares, estas irregularidades impiden conocer qué decisiones tomó el Estado durante el secuestro y dificultan cualquier intento de establecer responsabilidades.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, cuestiona la forma en que se entregaron las actas del Cosepe, pese a una orden de la Corte Constitucional. Señala que la información desclasificada llegó incompleta y sin permitir establecer responsabilidades.
Además, advierte que otros documentos, especialmente de los servicios de inteligencia, permanecen sin acceso público. Esta situación, según explica, mantiene zonas oscuras dentro del caso.
La existencia de información parcial impide reconstruir de forma íntegra las decisiones adoptadas por el Estado durante el secuestro.
Cristian Segarra, hermano de Efraín Segarra, sostiene que el proceso no ha generado ningún avance concreto en el campo judicial. Señala que el caso no cuenta con verdad, justicia ni transparencia y que no existen responsables identificados ni sentencias en Ecuador.
También indica que ninguna institución ha reconocido errores en sus procedimientos. No se han determinado fallas en la Policía, en las Fuerzas Armadas ni en otras entidades estatales que intervinieron durante el secuestro.
Según su evaluación, la investigación no ha producido elementos que permitan establecer qué decisiones incidieron en el desenlace del caso.
El proceso se mantiene estancado desde hace varios años, según los familiares. No existe información reciente sobre avances por parte de la Fiscalía ni de otras instituciones del Estado.
La ausencia de novedades refuerza la percepción de que el caso no ha tenido movimiento real en el ámbito judicial.
En ese contexto, las familias atribuyen la falta de resultados a la ausencia de interés estatal en esclarecer lo ocurrido.
Segarra cuestiona la actuación estatal y la califica como deficiente. También señala que la entrega incompleta de las actas del Cosepe refleja la forma en que el Estado ha manejado el caso.
Para el familiar, estas decisiones evidencian desinterés institucional y falta de responsabilidad frente a lo ocurrido.
El señalamiento se extiende a la falta de acciones concretas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El caso no ha establecido responsabilidades en ningún nivel, según los familiares. Las dudas abarcan decisiones políticas, acciones de seguridad y coordinación entre instituciones.
Tampoco se ha esclarecido cómo se desarrollaron las condiciones que llevaron al asesinato del equipo periodístico.
Las familias insisten en que no existe claridad sobre el contexto en el que se tomó la decisión de ejecutar a los periodistas.
El secuestro y asesinato dejó consecuencias profundas en las familias de las víctimas. Cristian Segarra sostiene que sus vidas cambiaron por completo y que la percepción de seguridad se alteró de forma permanente.
También indica que el ejercicio del periodismo no volvió a ser el mismo en su vida, debido al impacto del caso.
Describe un proceso de reconstrucción que abarca desde lo cotidiano hasta la forma de entender la profesión y la seguridad en el país.
Rivas sostiene que las estructuras del Estado han negado el acceso a información clave bajo la consigna de confidencialidad. Según explica, en casos de violaciones a derechos humanos la decisión política resulta determinante, pero afirma que esa voluntad no ha existido desde 2018.
Señala que esta falta de decisión ha generado un escenario de impunidad que se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos. También advierte que el manejo estatal ha priorizado el silencio antes que la transparencia.
Para el familiar, la ausencia de acceso a documentos y datos impide avanzar hacia una verdad completa.
Para Rivas la actuación estatal ha estado marcada por una política de silencio y encubrimiento desde el inicio del caso. Sostiene que, en determinados momentos, incluso se han registrado acciones de hostigamiento hacia los familiares.
También señala que el Estado no ha incorporado aprendizajes a partir de este caso. A su criterio, no se han implementado medidas suficientes para evitar que hechos similares se repitan.
En ese contexto, advierte que la falta de respuestas ha afectado la memoria y la dignidad de las víctimas.
Según Rivas, el proceso de búsqueda de justicia como un camino complejo que ha requerido constancia y trabajo permanente. Señala que las familias han tenido que revisar documentos, acudir a organismos internacionales y sostener la presión pública para evitar el cierre del caso.
Explica que este esfuerzo ha permitido avanzar en la comprensión de algunos hechos, aunque no ha derivado en justicia plena.
La búsqueda, según indica, se ha sostenido pese al desgaste emocional y a la falta de respuestas institucionales.
El familiar sostiene que existen responsabilidades desde el momento en que el equipo ingresó a una zona de riesgo sin las condiciones adecuadas de seguridad. También cuestiona decisiones adoptadas durante el manejo del secuestro.
Afirma que el Estado no tomó medidas correctivas oportunas frente a la presencia de grupos irregulares y crimen organizado en la frontera.
Según su análisis, esa inacción ha tenido consecuencias que hoy se reflejan en el incremento de la violencia en el país.
Con el paso del tiempo, el caso ha perdido visibilidad pública. Ricardo Rivas advierte que la agenda mediática y política dejó de priorizar este tema, lo que ha contribuido al debilitamiento del seguimiento institucional.
Señala que la sociedad enfrenta una dinámica de consumo rápido de información que reduce la permanencia de casos emblemáticos en la memoria colectiva.
A pesar de ello, insiste en que la constancia, la búsqueda de verdad y los espacios de memoria se mantienen como elementos centrales para evitar que el caso quede en el olvido.
Información extra: Nos Faltan 3
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Un secuestro en una zona marcada por la violencia
El equipo periodístico llegó a Mataje en un contexto de alta conflictividad en la frontera con Colombia. En ese momento, grupos armados y redes vinculadas al narcotráfico operaban en la zona, lo que generaba condiciones de riesgo para la población y para quienes realizaban coberturas.
El 26 de marzo de 2018, el Frente Oliver Sinisterra ejecutó el secuestro. La estructura criminal mantenía control territorial en varios puntos de la frontera.
El caso evidenció la falta de coordinación estatal en una zona donde ya existían alertas sobre la presencia de grupos irregulares.
Una investigación sin reconstrucción completa
A ocho años del crimen, el proceso en Ecuador no cuenta con una teoría del caso consolidada. No existe una reconstrucción detallada de los hechos ni una línea de tiempo oficial que explique lo ocurrido.
El expediente ha pasado por varios fiscales sin que se establezcan responsabilidades. Tampoco se ha presentado un mapa de actores que permita entender las decisiones adoptadas durante el secuestro.
Las familias sostienen que la ausencia de estos elementos impide avanzar hacia una verdad judicial.
La única condena llegó desde Colombia
En 2021, un tribunal colombiano sentenció a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, a 28 años de prisión por secuestro extorsivo. La Fiscalía de ese país lo identificó como uno de los custodios del equipo durante el cautiverio.
Sin embargo, esa sentencia no permitió esclarecer el contexto completo del crimen ni las decisiones adoptadas por las autoridades de ambos países.
El caso en Ecuador no registra condenas ni avances equivalentes, lo que refuerza el reclamo de las familias sobre la falta de justicia.
Tras 7 años del secuestro y asesinato de #PaúlJavierYEfraín, @Lenin sigue culpándolos sin prueba alguna de su propia desgracia. @RicardoRivasBr responde con esta carta a sus recientes declaraciones públicas, con las que el expresidente revictimiza a #NosFaltan3 y a sus familiashttps://t.co/hMEnGLhX7k
— Nos Faltan Tres (@nosfaltan3) April 11, 2025
Actas incompletas y vacíos de información
En 2024, la Corte Constitucional dispuso la entrega de actas del Consejo de Seguridad relacionadas con el caso. El Ejecutivo remitió los documentos, pero con inconsistencias evidentes.
Las actas presentan páginas faltantes, ausencia de firmas y textos sin identificación de interlocutores. En uno de los documentos, la numeración salta de la página 2 a la 19.
Para los familiares, estas irregularidades impiden conocer qué decisiones tomó el Estado durante el secuestro y dificultan cualquier intento de establecer responsabilidades.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, cuestiona la forma en que se entregaron las actas del Cosepe, pese a una orden de la Corte Constitucional. Señala que la información desclasificada llegó incompleta y sin permitir establecer responsabilidades.
Además, advierte que otros documentos, especialmente de los servicios de inteligencia, permanecen sin acceso público. Esta situación, según explica, mantiene zonas oscuras dentro del caso.
La existencia de información parcial impide reconstruir de forma íntegra las decisiones adoptadas por el Estado durante el secuestro.
Falta de resultados en el ámbito judicial
Cristian Segarra, hermano de Efraín Segarra, sostiene que el proceso no ha generado ningún avance concreto en el campo judicial. Señala que el caso no cuenta con verdad, justicia ni transparencia y que no existen responsables identificados ni sentencias en Ecuador.
También indica que ninguna institución ha reconocido errores en sus procedimientos. No se han determinado fallas en la Policía, en las Fuerzas Armadas ni en otras entidades estatales que intervinieron durante el secuestro.
Según su evaluación, la investigación no ha producido elementos que permitan establecer qué decisiones incidieron en el desenlace del caso.
Un caso sin avances recientes
El proceso se mantiene estancado desde hace varios años, según los familiares. No existe información reciente sobre avances por parte de la Fiscalía ni de otras instituciones del Estado.
La ausencia de novedades refuerza la percepción de que el caso no ha tenido movimiento real en el ámbito judicial.
En ese contexto, las familias atribuyen la falta de resultados a la ausencia de interés estatal en esclarecer lo ocurrido.
Cuestionamientos a la actuación del Estado
Segarra cuestiona la actuación estatal y la califica como deficiente. También señala que la entrega incompleta de las actas del Cosepe refleja la forma en que el Estado ha manejado el caso.
Para el familiar, estas decisiones evidencian desinterés institucional y falta de responsabilidad frente a lo ocurrido.
El señalamiento se extiende a la falta de acciones concretas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Responsabilidades que no han sido determinadas
El caso no ha establecido responsabilidades en ningún nivel, según los familiares. Las dudas abarcan decisiones políticas, acciones de seguridad y coordinación entre instituciones.
Tampoco se ha esclarecido cómo se desarrollaron las condiciones que llevaron al asesinato del equipo periodístico.
Las familias insisten en que no existe claridad sobre el contexto en el que se tomó la decisión de ejecutar a los periodistas.
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El impacto en las familias y en la profesión
El secuestro y asesinato dejó consecuencias profundas en las familias de las víctimas. Cristian Segarra sostiene que sus vidas cambiaron por completo y que la percepción de seguridad se alteró de forma permanente.
También indica que el ejercicio del periodismo no volvió a ser el mismo en su vida, debido al impacto del caso.
Describe un proceso de reconstrucción que abarca desde lo cotidiano hasta la forma de entender la profesión y la seguridad en el país.
Opacidad estatal y negación de información
Rivas sostiene que las estructuras del Estado han negado el acceso a información clave bajo la consigna de confidencialidad. Según explica, en casos de violaciones a derechos humanos la decisión política resulta determinante, pero afirma que esa voluntad no ha existido desde 2018.
Señala que esta falta de decisión ha generado un escenario de impunidad que se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos. También advierte que el manejo estatal ha priorizado el silencio antes que la transparencia.
Para el familiar, la ausencia de acceso a documentos y datos impide avanzar hacia una verdad completa.
Encubrimiento, silencio y presión a las familias
Para Rivas la actuación estatal ha estado marcada por una política de silencio y encubrimiento desde el inicio del caso. Sostiene que, en determinados momentos, incluso se han registrado acciones de hostigamiento hacia los familiares.
También señala que el Estado no ha incorporado aprendizajes a partir de este caso. A su criterio, no se han implementado medidas suficientes para evitar que hechos similares se repitan.
En ese contexto, advierte que la falta de respuestas ha afectado la memoria y la dignidad de las víctimas.
Una lucha sostenida por la verdad
Según Rivas, el proceso de búsqueda de justicia como un camino complejo que ha requerido constancia y trabajo permanente. Señala que las familias han tenido que revisar documentos, acudir a organismos internacionales y sostener la presión pública para evitar el cierre del caso.
Explica que este esfuerzo ha permitido avanzar en la comprensión de algunos hechos, aunque no ha derivado en justicia plena.
La búsqueda, según indica, se ha sostenido pese al desgaste emocional y a la falta de respuestas institucionales.
Responsabilidades estatales y falta de acciones
El familiar sostiene que existen responsabilidades desde el momento en que el equipo ingresó a una zona de riesgo sin las condiciones adecuadas de seguridad. También cuestiona decisiones adoptadas durante el manejo del secuestro.
Afirma que el Estado no tomó medidas correctivas oportunas frente a la presencia de grupos irregulares y crimen organizado en la frontera.
Según su análisis, esa inacción ha tenido consecuencias que hoy se reflejan en el incremento de la violencia en el país.
Una memoria que se resiste al olvido
Con el paso del tiempo, el caso ha perdido visibilidad pública. Ricardo Rivas advierte que la agenda mediática y política dejó de priorizar este tema, lo que ha contribuido al debilitamiento del seguimiento institucional.
Señala que la sociedad enfrenta una dinámica de consumo rápido de información que reduce la permanencia de casos emblemáticos en la memoria colectiva.
A pesar de ello, insiste en que la constancia, la búsqueda de verdad y los espacios de memoria se mantienen como elementos centrales para evitar que el caso quede en el olvido.
Información extra: Nos Faltan 3
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