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Paola Gavilanes
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Dos hermanos fueron sentenciados en Quito por la violación de una mujer en el sur de la ciudad. El fallo se emitió tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, que logró establecer su responsabilidad directa en el ataque ocurrido en marzo de 2025.
Además de la condena privativa de libertad por 29 años y 4 meses, el Tribunal de Garantías Penales ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y una reparación económica de 10 000 dólares para la víctima. También dispuso que ella acceda a atención psicológica a través de una entidad pública.
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La investigación determinó que la noche previa al delito la víctima se reunió con los dos sentenciados, a quienes conocía. Permanecieron dentro del vehículo de uno de ellos mientras conversaban. A la mañana siguiente entraron a un inmueble del sector, donde ambos la violentaron y le ocasionaron diversas lesiones, según el informe médico-legal.
Tras escapar, la mujer pidió ayuda a un familiar, quien alertó al ECU 911. Minutos después, policías localizaron una camioneta que coincidía con la descripción entregada.
Los agentes iniciaron una persecución y los interceptaron. Durante el registro encontraron indicios que motivaron la aprehensión en flagrancia.
En la audiencia de juicio, Fiscalía presentó una serie de elementos que fortalecieron la acusación: el testimonio anticipado de la víctima, los testimonios de los agentes responsables de la aprehensión y del familiar que reportó el hecho, además de pericias biológicas, toxicológicas y el reconocimiento del lugar donde ocurrió el ataque.
El conjunto de pruebas permitió al Tribunal concluir que existían circunstancias agravantes, las mismas que elevaron la pena por encima del rango base contemplado para el delito.
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La causa se tramitó bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación con penas de hasta 22 años. En este caso se aplicaron agravantes previstas en los artículos 47 y 48 del mismo cuerpo normativo, lo que elevó la sentencia.
La decisión cierra un proceso que la Fiscalía llevó desde la unidad especializada en violencia de género, mientras la víctima continúa con el acompañamiento requerido.
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29 años de cárcel para dos hermanos por abusar sexualmente de una mujer en Quito
Además de la condena privativa de libertad por 29 años y 4 meses, el Tribunal de Garantías Penales ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y una reparación económica de 10 000 dólares para la víctima. También dispuso que ella acceda a atención psicológica a través de una entidad pública.
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Cómo ocurrió el abuso sexual en el sur de Quito
La investigación determinó que la noche previa al delito la víctima se reunió con los dos sentenciados, a quienes conocía. Permanecieron dentro del vehículo de uno de ellos mientras conversaban. A la mañana siguiente entraron a un inmueble del sector, donde ambos la violentaron y le ocasionaron diversas lesiones, según el informe médico-legal.
Tras escapar, la mujer pidió ayuda a un familiar, quien alertó al ECU 911. Minutos después, policías localizaron una camioneta que coincidía con la descripción entregada.
Los agentes iniciaron una persecución y los interceptaron. Durante el registro encontraron indicios que motivaron la aprehensión en flagrancia.
Pruebas que sustentaron la condena de los presuntos violadores
En la audiencia de juicio, Fiscalía presentó una serie de elementos que fortalecieron la acusación: el testimonio anticipado de la víctima, los testimonios de los agentes responsables de la aprehensión y del familiar que reportó el hecho, además de pericias biológicas, toxicológicas y el reconocimiento del lugar donde ocurrió el ataque.
El conjunto de pruebas permitió al Tribunal concluir que existían circunstancias agravantes, las mismas que elevaron la pena por encima del rango base contemplado para el delito.
Lee más: Dos adolescentes fueron sentenciados por violación a un menor en Cotopaxi; esta es la pena
Base legal y agravantes aplicadas
La causa se tramitó bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación con penas de hasta 22 años. En este caso se aplicaron agravantes previstas en los artículos 47 y 48 del mismo cuerpo normativo, lo que elevó la sentencia.
La decisión cierra un proceso que la Fiscalía llevó desde la unidad especializada en violencia de género, mientras la víctima continúa con el acompañamiento requerido.
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