2025: un año más con los homicidios “fuera de control”

[Vinicio Chacón Soto]

El 4 de febrero, tras varios días de luchar por su vida, sucumbía en el Hospital Calderón Guardia Geiner Zamora Hidalgo, subjefe ad interim (interino) de la Delegación Regional de Pococí y Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que el 31 de enero recibió varios disparos en un restaurante.

En ese momento, el director del OIJ, Randall Zúñiga, hizo un llamado a la unidad nacional, pues “el principal riesgo que tiene ahorita la democracia costarricense es el crimen organizado”.

En lugar de ello, desde el Poder Ejecutivo se contestó con más polémicas, incluso el ministro de Justicia Gerald Campos, exfuncionario del OIJ, en julio usó el término “gran estafa” para criticar la gestión de Zúñiga.

La insistencia del Gobierno en hablar, por ejemplo, de los escáneres de Moín y de los de Caldera, que aún no entran a funcionar, no aplaca la mortificación social, de manera que el propio Chaves terminó por alegar que “el desastre de seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner”. Al menos, en medio de su afán por excusar su cuestionable gestión, el mandatario fue capaz de reconocer el estado de la situación.

Así lo dijo el 20 de agosto y menos de un mes después su ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa reconoció que “tenemos sólo un delito fuera de control: el delito de homicidio”.

Información divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta que al 2 de diciembre se cuentan 805 homicidios, cifra muy similar y apenas por encima de los 800 contabilizados a la misma fecha del año pasado, que cerró con 880 y fue el segundo más alto de la historia, luego de la marca de 907 lograda también por este Gobierno en 2023.

Así, mientras Chaves ha patinado del “se matan entre ellos” al “desastre no es tan grande”, su ministro de Seguridad ha tratado de defender su gestión, alegando que ha logrado una merma en los delitos contra la propiedad, merma que como demostró UNIVERSIDAD se debe a una tendencia que precede la llegada al poder de Chaves en al menos cinco años y que se explica en el avance de la delincuencia organizada.

Por otra parte, como también lo denunció el Semanario en agosto, cifras actualizadas al mes de julio mostraron otro preocupante récord: la menor cantidad de cocaína decomisada en la década, 18.878 kilogramos acumulados a ese mes. Es decir, una reducción de un 30% con respecto al año anterior, y hasta del 60% comparada con los decomisos de 2020 y 2021.

Mientras tanto, entre las pocas buenas noticias que deja 2025 destaca la reciente desarticulación del llamado Cartel del Caribe Sur. Pero llegó en un contexto en que el director del OIJ, que había empezado una agresiva campaña para sacar de circulación a bandas criminales, se encuentra suspendido de su puesto mientas se investigan denuncias de supuesta agresión sexual en su contra, en un caso en que se reveló que una mujer habría recibido una denuncia contra el funcionario ya redactada, de parte de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Deficiente

Jonathan Flores Mata, abogado, criminólogo e integrante de la directiva de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), explicó que la crisis de seguridad es “un fenómeno social que se arrastra con el tiempo y que se va acumulando como una bola de nieve”.

Subrayó que Costa Rica “en los últimos tres años y este (que) va a ser el cuarto, ha alcanzado las cifras mayores a nivel histórico en cuanto al registro de homicidios dolosos que coinciden, lamentablemente, con esta administración que ha sido, por demás, cuestionada por muchas decisiones”.

Llamó la atención, por ejemplo, a la cantidad de las llamadas víctimas colaterales, aquellas que perdieron la vida en balaceras o atentados en los que nada tenían que ver y que “solo en 2025 sobrepasan las 30”.

También observó que “se registra participación tanto en la delincuencia común como en la criminalidad organizada, de personas cada vez con edades menores”. Indicó que en el Caribe Sur se han registrado incluso casos de personas hasta de 13 años de edad que son investigadas por sicariato.

Consideró que la gestión de este Gobierno, y no solo durante este año, es “cuestionable”, pues “no han sido pocos los escándalos o cuestionamientos a nivel político, técnico y demás de diferentes agrupaciones por decisiones que se han tomado en materia de seguridad sin absolutamente ningún respaldo técnico que les fundamente”.

Recordó cuestionamientos como la salida del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de bahía Drake y de Sixaola, “por donde se da un un trasiego de droga considerable”; o la salida de la Policía de Control de Drogas (PCD) de muelles, aeropuertos y fronteras, donde “se recopila la información de inteligencia policial para tener investigaciones de más alto nivel”. “En algún momento también se había sacado la policía de Crucitas, una decisión que que luego se retrotrajo, pero también se dio”, acotó.

También criticó que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) “no ha actualizado su Plan Nacional contra las drogas” y destacó al respecto que “tenemos la Unidad de Investigación Financiera más pequeña Latinoamérica, pese a que Costa Rica es un punto neurálgico de operación de la criminalidad organizada y específicamente el narcotráfico”.

Por ello, resumió que “en 2025 y arrastrando como una bola de nieve todo lo que se ha venido dando, esta administración ha sido cuando menos deficiente, por no caracterizarla con algún objetivo que sea ofensivo”.

Concluyó entonces que “nuestras autoridades en distintas instituciones, porque esto no solo compete a Seguridad Pública, no están actuando en la misma dirección de los intereses de la gente honrada de este país”.

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